Distrito incluyente: ¿sí o no?

En debate realizado este 20 de enero, el concejal César García Vargas, y la bancada de Cambio Radical, convocó a las 15 secretarías distritales, como cabezas de sector, para hacer un llamado a cumplir con las políticas nacionales y distritales que promueven la inclusión laboral de las personas con discapacidad, sus cuidadoras y cuidadores al interior de las entidades. Para el concejal, “atender los asuntos relacionados con discapacidad implica trabajar de manera transversal con todos los sectores que componen la estructura general del Distrito Capital”.

De acuerdo con lo dicho por el concejal García en su intervención, y según el nuevo Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, elaborado por la Secretaría de Salud, entre el 1 de julio de 2020 y el 30 junio de 2022, se han registrado – tan sólo- 22.042 personas con discapacidad, al respecto, el cabildante García interpeló al Secretario de Salud, Alejandro Gómez López, sobre si hay otra actualización adicional de este registro.

El concejal García destacó que, de acuerdo con el registro mencionado, el 42% de las personas con discapacidad que han sido registradas, es decir 9.372 personas, requieren ayuda permanente para desarrollar sus actividades diarias. Estas cifras presentadas por el concejal demuestran que las entidades y la administración distrital actual deben esforzarse no sólo por incluir a las personas con discapacidad, sino también a las personas cuidadoras de esta población.

Además, si se miran las cifras por localidades, las que registran más personas con discapacidad son: Suba (3227), Kennedy (3039), Bosa (2557), Ciudad Bolívar (1948) y Engativá (1836). Sobre este tema, el concejal García también preguntó a la Administración Distrital, acerca de las acciones específicas para ofrecer mayores oportunidades laborales, en las localidades con mayor población con discapacidad.

Aunque el concejal García en su intervención, valoró el proceso multidisciplinario que hace la Secretaría de Salud para la certificación de discapacidad e inclusión en el nuevo registro, aún falta mucho trabajo para que se pueda llegar a una real y verdadera caracterización de esta población. No es muy coherente que antes de junio de 2020, el antiguo registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad registrara 245.372 personas en esta condición, y que entre el 1 julio de 2020 y el 30 junio de 2022 el registro que ha hecho la Secretaría de Salud ascienda tan sólo a 22 mil personas.

En el debate, el concejal también hizo referencia al Decreto 2011 de 2017, que establece un mínimo de cargos para personas en condición de discapacidad, de acuerdo con la cantidad de empleos de cada entidad pública. A nivel distrital se refirió al Acuerdo 710 de 2018, que busca garantizar la inclusión de esta población de forma progresiva del 3% de los empleos del Distrito.

Algo muy importante de este debate, es que el concejal García prendió las alarmas correspondientes frente al cumplimiento de estos lineamientos, pues junto a su equipo de trabajo elaboró y presentó un ranking de cumplimiento de vinculación laboral de las personas con discapacidad en las entidades del sector central, descentralizado y de las localidades que entregaron información completa.

Según el análisis del concejal, en lo que respecta a la planta de personal, la Secretaría de Seguridad es la entidad que mayor cumplimiento presenta respecto al mencionado Decreto. El segundo puesto fue para la Secretaría de Educación, el tercer y cuarto puesto lo ocupan la Secretaría de Hábitat y de Hacienda respectivamente.

El cabildante hizo un llamado de atención y envió un mensaje a la Secretaría de Integración Social, Mujer, Ambiente, Gobierno, Cultura, Secretaría General, Planeación y Salud, quienes se encuentran por debajo de la meta que se esperaba para el 2019, conforme al Decreto 2011 de 2017. Por su parte, durante la recolección de información, las Secretarías de Desarrollo Económico, Jurídica y de Movilidad, sólo se refirieron a las personas con discapacidad vinculadas y no al total de planta y contratistas con los que cuentan, por lo que no se pudieron calcular los porcentajes correspondiente para determinar su cumplimiento.

En lo que tiene que ver con contratistas, las Secretarías de Integración Social y de Educación se encuentran en el umbral de cumplimiento, teniendo en cuenta el total de personas contratistas vinculadas. Las Secretarías de Ambiente, Salud, Mujer, Gobierno, Hábitat y Hacienda no alcanzan el tope establecido para el 2019.  Las Secretarías General, de Planeación, de Seguridad, de Cultura, de Desarrollo Económico, Secretaría Jurídica y Movilidad no participaron de este Ranking debido a que no suministraron la suficiente información para hacerlo.

El concejal también expuso los resultados de las entidades adscritas y vinculadas, de las cuales destaca al IDPC y al IDPYBA, que cumplen con el Decreto 2011 de 2017 y van en camino al cumplimiento del Acuerdo 710 de 2018 en cuanto a su planta de personal. Por su parte, en lo que respecta a contratistas, la única entidad que está por encima del rango establecido, según la cantidad de personas vinculadas es el DASCD (Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital).

En lo referente a las Alcaldías Locales, las de Candelaria y Teusaquillo tienen un porcentaje satisfactorio frente a la vinculación de personas con discapacidad, las demás Alcaldías Locales analizadas por el equipo de trabajo del concejal, deben fortalecer su tarea de inclusión laboral de personas con discapacidad. Hay que aclarar que las Alcaldías Locales de Santafé, Kennedy y Sumapaz no colaboraron con los requerimientos de información.

El cabildante hizo un llamado urgente a la Administración Distrital para que garantice la vinculación e inclusión laboral de las personas con discapacidad dentro de las entidades distritales, pues muy pocas de ellas cumplen. Así mismo, llamó la atención sobre la negligencia de aquellas secretarías, entidades adscritas, vinculadas y alcaldías que no proporcionaron la información necesaria para ejercer la actividad de control político.

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