El COVID-19 aumenta brechas socioeconómicas entre hombres y mujeres

La igualdad de género es uno de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial para 2030 que dentro de sus metas tiene eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres - una forma de discriminación sistemática basada en relaciones de poder históricamente desiguales. La desigualdad de género es una de las violaciones de derechos humanos más generalizada en el mundo que afecta a todas las regiones, países y grupos sociales; que puede adoptar múltiples formas y darse en esferas diversas (familias, comunidades y Estados); y que ocasiona consecuencias para la salud física y mental a largo plazo, incluso en muchos casos la muerte.

En el marco de la pandemia actual, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que se estima que en la región latinoamericana se puede producir una contracción del Producto Interno Bruto regional (PIB) de -1,8% que podría conducir a un aumento de la tasa de desempleo de hasta un 10%; esa cifra podría en consecuencia aumentar el número de personas en condición de pobreza pasando de 185 millones a 220, mientras que el número de personas que viven en la pobreza extrema ascendería de 67,4 millones a 90 millones.

También subraya que se debe proteger al sector de la población pobre y con bajos ingresos. Mientras más desigual sea un país, los grupos más vulnerables tendrán que soportar la carga de las repercusiones económicas de la pandemia. Se debe prestar especial atención a las mujeres por su doble función de trabajadoras y cuidadoras[1].

Patrick Belser, economista de la Organización Internacional del Trabajo, plantea que la pandemia del covid-19 pone de manifiesto las desigualdades no solo a la hora de contraer el virus y de mantenerse con vida sino de afrontar las drásticas consecuencias económicas.

Algunos grupos como los trabajadores de la economía informal (que hoy en Bogotá alcanza el 42,3%) y trabajadores migrantes se ven particularmente afectados. El alto nivel de pobreza e informalidad y la desprotección dificultan la contención del virus, además las mujeres están particularmente en riesgo y se ve la ineficacia de las medidas de prevención que se han destinado a la población general[2].

En cifras de la Organización Internacional del Trabajo, 126 millones de mujeres trabajan en la informalidad en América Latina y el Caribe, lo que representa cerca de la mitad de la población femenina de la Región. Esta afectación puede ahondar aún más la brecha económica y laboral que hay entre hombres y mujeres[3].

Muchas se van a quedar sin trabajo remunerado mientras que el trabajo no remunerado (labores domésticas y de cuidado a niños y personas mayores) se va a incrementar. Esto genera sobrecarga física y emocional.

Bogotá

Específicamente el panorama en Bogotá muestra que 9 de cada 10 mujeres realizan trabajo doméstico y de cuidado sin ninguna remuneración. Las mujeres madres se ocupan más del cuidado de los niños menores de 5 años (62%) que los hombres (7%). El 74,4% de las mujeres participan en actividades de suministro de alimentos a miembros del hogar[4].

Las mujeres en edad de trabajar representan la mayor tasa de desempleo en la ciudad, según datos a noviembre de 2019 del DANE: 12,3% de desocupación frente a 9,8% de los hombres. La tasa de informalidad también es mayor en mujeres con un 42,5% frente a los hombres con 41,2%.

La incidencia de la pobreza en las mujeres es mayor, un 13,4% de mujeres vive en pobreza monetaria frente a 11,9% de los hombres según cifras del DANE a 2018. En pobreza extrema viven 3,5% de mujeres de la capital frente a 2% de hombres en esta condición.

En el mismo año, el 7,6% de personas pertenecientes a hogares con jefatura femenina se encontraban en situación de pobreza multidimensional, frente al 2,7% de personas en hogares de jefatura masculina.

También son víctimas de violencia intrafamiliar: 18.897 sufrieron este flagelo en 2019 en la capital, según reporte de las Comisarías de Familia.

Los efectos del covid-19 así como de la medida de cuarentena pueden llegar a afectar la economía y a acrecentar las brechas sociales y laborales ya existentes entre hombres y mujeres (las cifras muestran que ellas tienen mayor tasa de desempleo y tasa de informalidad, así como una más alta incidencia de pobreza monetaria, pobreza extrema y pobreza multidimensional). Las mujeres de escasos recursos y que ejercen un trabajo informal no están percibiendo ningún ingreso y por el contrario en sus hogares aumenta el trabajo doméstico y las labores de cuidado (de niños, enfermos y personas mayores) que no es remunerado.

La medida de cuarentena intensifica el riesgo de violencia doméstica de manera que es prioritario garantizar los derechos de niñas y mujeres y proponer medidas para las víctimas de violencia de género, no esperemos a que ocurran feminicidios. Se debe garantizar la continuidad de los servicios sociales, servicios de salud y servicios de acceso a la justicia para nuestras mujeres. Se debe continuar aunando esfuerzos para garantizar canales de atención telefónicos y virtuales a mujeres víctimas de violencia de género (no sólo física, también psicológica y sexual) que necesitan denunciar y necesitan ser orientadas psicológica y jurídicamente, viendo la posibilidad de ampliar cupos en las Casas Refugio en donde se reciben mujeres como medida de protección.

Una respuesta efectiva requiere reflejar las dinámicas de género afirma ONU Mujeres[5]:

1. 1. Contar con datos desagregados por sexo como tasas diferenciadas de infección, impacto económico diferenciado, incidencia de violencia doméstica y sexual y barreras de acceso de mujeres para de esa manera saber cómo orientar la política pública.
2. 2. Incluir el enfoque de género en la respuesta a la pandemia que requiere destinar recursos específicos para niñas y mujeres al igual que para hogares con jefatura femenina que estén con condición de pobreza.
3. 3. Adoptar estrategias de compensación a trabajadoras informales para asegurar la generación de ingresos y los medios de subsistencia con políticas que no sean solo asistencialistas a corto plazo, sino que sean efectivas y tengan un verdadero impacto.
4. 4. Garantizar la atención sanitaria y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo atención prenatal y postnatal.