En el Concejo de Bogotá, la bancada Colombia Humana-UP-Mais citó al Debate de control político sobre Irregularidades en el proceso contractual para la primera línea del Metro, con el objetivo de alertar a los entes de control y a la ciudadanía sobre los riesgos financieros de la obra y los riesgos ambientales, tales como la construcción del patio taller en una zona de protección del Río Bogotá.
La Concejal Susana Muhamad resalta la incertidumbre financiera que presenta esta obra al no tener diseños de ingeniería de detalle, pues una vez se realicen puede aumentar el costo actual con el que se firmó el contrato, entre el 10% al 15% de acuerdo a experiencia internacional, a esto se suma el costo adicional de cerca de 1,2 billones (cifra estimada) que tendría la construcción para llevar la primera línea hasta la calle 100 como lo anunció recientemente la alcaldesa Claudia López, sin contar las dificultades técnicas de pasar por encima del monumento de los héroes, la calle 92 y calle 94 sin estudios claros de factibilidad de conexión, lo que implicaría una re-negociación del contrato.
A estos costos se suma que mediante Decreto 823 de 2019, decreto navideño expedido por la administración de Enrique Peñalosa, el distrito renuncia a aplicar el instrumento de participación en plusvalía y modela cargas urbanísticas muy bajas, sin justificación técnica clara ni una modelación adecuada. Hoy los Bogotanos no sabemos cuanto plusvalor va a generar la primera línea del metro y sin embargo, la administración ya está renunciando a su participación, dejando sin resolver preguntas con respecto al negocio inmobiliario que pretende gestionar.
En términos ambientales es muy preocupante que el patio taller se construya en la ZMPA del Rio Bogotá, tras el cambio del perfil de riesgo con base en conceptos de IDIGER y EAAB, mediante la (Resolución 2688 de 2018 - Levantamiento de ZMPA por parte CAR,) y de forma ilegal, con una resolución en la que no tenía competencia el director de la CAR, más aún cuando mediante Auto del 30 de agosto de 2019 del Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá, suspendió efectos de la Resolución 1631 del 09 de noviembre de 2018 de la Secretaría de Planeación por considerar que la modificación de mapas del POT y temas de ZMPA y de amenazas solo pueden modificarse en revisiones general del POT.
