La inversión durante este cuatrenio para atender al habitante de calle aumentará en más de 300% la cifra es de $203 mil millones de pesos, comparada con los $58 mil millones de la administración anterior.
Al respecto el concejal Yefer Vega de Cambio Radical agrega: "Los recursos están, nos corresponde entonces como distrito intentar fórmulas alternativas para brindar una efectiva atención a los habitantes de calle. En un trabajo de campo que realicé, encontré que los centros y salas de consumo higiénico CAMAD no se han articulado con una política de salud de largo plazo y ello impide que el ciudadano habitante de calle que quiere acceder a algún tipo de tratamiento, pueda lograrlo debido a múltiples barreras de acceso, pues no hay cupos disponibles, o no están registrados en el Sistema de Seguridad Social".
Según Vega, otros aspectos encontrados en el trabajo de campo, permiten establecer que realmente no se reduce el consumo, ni existe una estrategia de intervención de largo plazo. Tampoco hay indicadores de impacto que permitan evaluar la eficacia o los aportes favorables de su puesta en marcha, a pesar de que al distrito esto le ha costado más de $11 mil millones de pesos.
¿Qué queda por hacer?
Para el cabildante, urge iniciar una caracterización actualizada que permita una atención realmente diferencial que sea capaz de articular los esfuerzos que se adelantan de forma dispersa por diferentes sectores, en particular se requiere que el sector salud se comprometa de forma decisiva en acciones de rehabilitación de largo plazo, entendiendo el fenómeno de habitabilidad en calle como asociado a la drogodependencia y a ésta como un problema de salud pública.
De otro lado, se requiere creatividad para el abordaje de aquellos habitantes de calle que no están dispuestos a recibir atención, en el entendido que no se les puede obligar. Para ello es clave contar con una caracterización que permita adelantar procesos de cedulación, e identificar a aquellas personas que por su casi que obvia alteración del buen juicio, no están en condición de decidir sobre lo que le es conveniente y puedan entonces, ser sujetos de procesos de interdicción judicial, de manera que una vez se dicte la sentencia, el Estado, en este caso, el Distrito, pueda requerir al ciudadano para que inicie su recuperación.
