La concejala del Nuevo Liberalismo Marisol Gómez investigó a las empresas que conforman los consorcios responsables de las obras por valorización de Bogotá con más retrasos. Entre los contratistas incumplidos hay firmas con antecedentes de incumplimiento y mala calidad de sus obras, empresas investigadas por competencia desleal o multinacionales que argumentan insolvencia, pero que siguen licitando y obteniendo millonarios contratos de obras públicas. Según Gómez, “el común denominador de estos constructores es que son muy buenos licitando, pero un desastre ejecutando”.
Bogotá, 6 de marzo de 2023. La concejala recopiló y contrastó información pública de más de una decena de firmas constructoras y personas naturales que están detrás de cinco de los consorcios cuyas obran presentan retrasos y que suman cerca de 134.000 millones de pesos: el Consorcio Vial IDU, responsable de las aceras y ciclorrutas de las calles 92 y 94; el Consorcio Autopista Norte, a cargo de los andenes de la Autopista Norte desde Los Héroes hasta la calle 128B; el Grupo Empresarial Grodco, que realiza las obras en los andenes de las calles 73, 79B y 85; el Consorcio Infraestructura 2020, responsable del puente peatonal de la calle 112 con carrera 9ª; y el Consorcio Ruta Molinos, que construye las aceras y la ciclorruta de este canal. En todos los casos reseñados, al menos uno de los socios del consorcio ha tenido cuestionamientos o investigaciones relacionadas con otros contratos de obras públicas.
En el primer caso, el de las aceras y ciclorrutas de la calle 92, el consorcio está conformado por Arquitectos Ingenieros y Contratistas (AICON), Innovaconst, INGESEM y el constructor Saín Espinosa Murcia, todos ellos con una amplia experiencia en contratación con entidades nacionales y distritales. AICON pertenece al arquitecto cartagenero Juan Carlos López Barreto, quien en los últimos 25 años ha tenido distintos contratos, principalmente en municipios de Bolívar. Esta firma estuvo a punto de quedarse en 2018 con un contrato de $1,2 billones para la construcción de varias vías en La Guajira, como parte del consorcio Francisco El Hombre. La Procuraduría, sin embargo, puso la lupa sobre la licitación, en la que el Consorcio al que pertenecía AICON era el único proponente. El ente de control alertó sobre la premura y la poca rigurosidad con la que se realizó el proceso, y finalmente la licitación fue declarada desierta.
La firma Innovaconst, por su parte, cuenta con un amplio historial de contratación con entidades distritales como el antiguo FOPAE (hoy IDIGER) y la Secretaría de Hábitat. Esta empresa tiene actualmente una investigación abierta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), por presunta competencia desleal. La SIC la señala de haberse coordinado con otras cinco firmas para licitar en distintos contratos de obras de reparación y conservación de la malla vial, entre ellos uno con la Alcaldía Local de Kennedy y otro con la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. Innovaconst también formó parte del Consorcio Ambalá 2021, responsable de la pavimentación de una vía en Ibagué que tuvo cerca de un año de retraso y una adición de 1.149 millones de pesos.
Saín Espinosa Murcia es otro constructor muy reconocido en el Distrito. Según un informe de la Cámara Colombiana de Infraestructuras (CCI), fue uno de los 14 contratistas que tuvo más adjudicaciones con Alcaldías Locales en el período 2012- 2015 en obras relacionadas con la malla vial. El presidente de la CCI advirtió en su momento que varios de los pliegos de estos contratos parecían haber sido hechos “a medida” de los proponentes, que en muchos casos eran oferentes únicos. Espinosa Murcia es el fundador de la empresa INGESEM –también socia del Consorcio Vial IDU– con la que ha licitado en llave para realizar distintas obras, muchas de ellas contratadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).
“Estos son los resultados de la investigación del primero de los consorcios, pero en los próximos días iré revelando los hallazgos de los otros contratistas que les están incumpliendo a los bogotanos”, anunció Gómez. “Hemos encontrado firmas que han sido sancionadas por retrasos y por la mala calidad de sus construcciones en otras regiones; multinacionales con un enorme músculo financiero, pero que dicen que no tienen dinero para terminar las obras que tienen abandonadas; o empresas que a pesar de estar incumpliendo sus contratos actuales ya están licitando para grandes obras del Distrito, como el Cable Aéreo de San Cristóbal”, concluyó la concejal.
Las 15 obras por valorización del acuerdo 724 de 2018 cuestan cerca de 900.000 millones de pesos. Hasta el 16 de febrero pasado, el IDU había recaudado cerca de 820.000 millones de pesos, es decir, el 90%. Más de 362.000 contribuyentes han pagado por estas obras, de las cuales solo 1 ha sido entregada: el ciclopuente sobre la autopista Norte a la altura del canal Molinos.
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