Es necesario vigilar con mayor rigurosidad la gestión de las curadurías urbanas.

Lo anterior, se presenta, en gran medida, por la construcción de nuevas edificaciones que causan afectaciones en la estructura de las construcciones aledañas, por deficiencias en la construcción, mala calidad de los materiales, falta de mantenimiento o por hundimiento de los suelos[1].

Frente a esta problemática el IDIGER emite recomendaciones técnicas que deben adelantar los dueños de los predios para corregir las fallas estructurales, entre tanto, los residentes deben abandonar las edificaciones para que se adelanten las reparaciones pertinentes, durante este periodo son apoyados económicamente mediante una ayuda humanitaria de carácter pecuniario AHCP o mediante la inclusión en programas de reasentamiento, así mismo se resalta que se diagnostican bienes públicos y privados, por lo que se busca proteger a las comunidades circundantes tanto de edificaciones públicas o privadas que amenazan ruina o que presenten riesgos estructurales[2].

Visto lo anterior, de las respuestas del IDIGER se resalta que el distrito está cumpliendo con la elaboración del diagnóstico técnico de las edificaciones, instamos a que se siga realizando y se amplié el espectro de este para que diagnostique la mayor cantidad de predios posibles, especialmente, aquellos que se encuentran ubicados en los barrios en que se está presentando hundimiento del suelo.

Ahora bien, encontramos que es responsabilidad de las alcaldías locales hacer el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones que realiza el IDIGER, al revisar las respuestas de la Secretaría de Gobierno al cuestionario de la proposición No. 155 de 2018, encontramos que, en efecto, dicho seguimiento se está efectuando. Sin embargo, de acuerdo con la curadurías urbanas, falta control urbano no solo en la ciudad sino en el país por parte de alcaldes e inspectores de policía[3], por lo que a pesar de evidenciarse seguimiento a los requerimientos del IDIGER, se insta a las alcaldías locales a continuar con los esfuerzos en el seguimiento de los procesos constructivos de la ciudad, a ser más rigurosos con la verificación de las licencias de construcción y las normas urbanísticas que sean de su resorte, para que mediante la imposición de los correctivos o sanciones pertinentes se logre prevenir tragedias como las que se han presentado en otras ciudades del país.

De otro lado, encontramos que no se allegaron respuestas de parte de las curadurías urbanas, entidades en las que se han presentado escándalos en otras ciudades y a quienes se les ha achacado gran parte de la responsabilidad por el desplome súbito de edificaciones[4], pues no fueron invitadas o citadas a este debate, por lo que recomendamos que en una próxima ocasión se les cite para saber cómo adelantan su gestión durante el otorgamiento de licencias de construcción y la respectiva vigilancia del cumplimiento de las normas urbanísticas durante el desarrollo de las obras.

Cabe mencionar que, si bien las curadurías urbanas fueron creadas en 1998 para evitar los caso de corrupción que se venían presentando en los despachos de planeación municipales, otorgándoles la función pública de autorizar las licencias de construcción y urbanismo, con el tiempo empezaron a mostrar grandes deficiencias, tanto por la ambigüedad de la normatividad de las ciudades, así como por la forma como los curadores cobran sus honorarios.[5]

Por lo anterior, instamos a la Administración a vigilar con mayor detenimiento la gestión de las Curadurías Urbanas, pues tanto IDIGER como Secretaría de Gobierno son enfáticos al decir, en sus respuestas, que esto es un tema de prevención, con lo que concordamos, por lo que consideramos pertinente que este debate se complemente con la citación o invitación de aquellos que son responsables de supervisar la génesis de las construcciones en la ciudad. Son las curadurías urbanas quienes verifican los estudios y el cumplimiento de las normas urbanísticas para otorgar las licencias de construcción, así mismo es frente a quien se entregan las actas de vecindad, con las que se procura registrar y mitigar los daños por construcciones nuevas.

Por otro lado, le hacemos un llamado a la Secretaría de Educación del Distrito para que ejerza una mayor vigilancia de algunos centros educativos cuyas instalaciones pueden poner en riesgo la integridad de los estudiantes y maestros por sus malas condiciones. Es el caso del Instituto Técnico Industrial Piloto, el Colegio Usaquén y el Colegio Marco Antonio Carreño que presentan problemas de infraestructura, hacinamiento y salubridad.[6]

Finalmente, además del llamado a la Administración a ejercer con mayor rigurosidad sus funciones de policía respecto a las construcciones que se adelantan en la ciudad, desde el Concejo hacemos un llamado a los ciudadanos, pues al ser este un tema de prevención, invitamos a los ciudadanos a acudir a la administración a denunciar las edificaciones en ruina, a poner en conocimiento las afectaciones que sufran por construcciones aledañas y sobre todo a ejercer el papel más importante que es el de ser veedores, pues si los ciudadanos informan y exigen a la administración, con su colaboración se podrá realizar una gestión preventiva más eficiente.