En la sesión de hoy, el concejal Yefer Vega Bobadilla denunció ante la Plenaria del Concejo de Bogotá, las irregularidades presentadas en la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, durante la gerencia de Claudia Lucía Ardila Torres, basado en un informe de control interno de la entidad. Esta funcionaria fue suspendida por tres meses, desde marzo de 2021, por mentir sobre la fiesta indebida realizada el 04 de diciembre de 2020, en el Hospital Santa Clara, en medio de la crisis sanitaria por Covid-19 y que generó indignación general.
El concejal manifestó que durante la ausencia de la funcionaria se han encontrado inconsistencias en la Subred Centro Oriente. Además, señaló que, mediante comunicaciones formales, ha solicitado investigar a la Personería de Bogotá y a la Procuraduría General de la Nación. Las actuaciones de Claudia Lucía Ardila Torres ponen en riesgo la salud pública y el buen uso de los recursos públicos, especialmente, en la crisis sanitaria actual, donde una mala gestión de los recursos públicos puede conducir a la pérdida de muchas vidas.
Según lo encontrado por Control Interno y el Informe de gestión de la administración, la Dra. Ardila no cumple con las normas de la contratación pública y existen posibles afectaciones jurídicas y financieras, que demuestran su mala gestión como gerente público. El concejal Vega destacó varias inconsistencias, entre ellas:
No existió claridad en el reconocimiento y pago de las horas extras del personal administrativo y asistencial durante la vigencia 2020. No se cuenta con contrato de mantenimiento para los equipos biomédicos, ni la información de los equipos instalados por cuenta del Convenio 121 del 2017, para su adquisición y reposición. Así mismo, los equipos biomédicos que están en funcionamiento no tienen hoja de vida completa o actualizada, no hay cronograma de calibración, ni programación de reparación de equipos, no existe plan de contingencia. Se designó como intermediario de pólizas de seguros a Seguros Capital, sin surtirse los requisitos de la Ley 80 de 1993, simplemente se hizo a través de un memorando de julio de 2020.
Se suscribió un contrato para la prestación del servicio de transporte público automotor especial para apoyar las actividades de la Subred, en julio del 2020, donde se cambiaron y manipularon los documentos de los oferentes en el proceso de selección, se incumplieron los principios de publicidad e igualdad, y falló el supervisor en el seguimiento y control de la ejecución. “La Contraloría manifestó que dicho proceso de selección debe ser evaluado por la Fiscalía General de la Nación, en la modalidad de comportamientos desplegados por los funcionarios de la administración”. Adicionalmente, se modificaron las reglas en los pliegos de condiciones, contratando “una dádiva regalo – vehículo, camión y motocicleta”, que se puede configurar como un daño antijurídico.
Hasta marzo del 2021, la gerente encargada, pudo atender las solicitudes existentes para el suministro de los dispositivos médico-quirúrgicos hospitalarios, como parte de los lineamientos mínimos frente al Covid, ya que no se habían atendido durante el 2020 y lo corrido del 2021. No existe un plan anual de mantenimiento de infraestructura. De acuerdo con el informe de acreditación del ICONTEC, habrá una visita en agosto de 2021, para la acreditación UMHES Santa Clara; sin embargo, la gerente encargada no encontró planificación de recursos, obras y licencias requeridas para lograr esta acreditación. También existe un inmueble arrendado para fines administrativos, por el que se paga un canon mensual, pero ningún funcionario labora allí, porque supuestamente están realizando unas adecuaciones.
El concejal Yefer Vega también denunció que se han presentado fallas en la contratación. Según informe de Auditoría Interna solicitado por la gerencia encargada, para revisar los procesos precontractuales, en el primer trimestre del 2021 se hicieron tres procesos de contratación bajo la modalidad de invitación, y para adelantarlos la directora Ardila no pidió autorización a la Junta Directiva de la Subred, ni realizó el estudio de mercado que según a normatividad requiere mínimo 5 cotizaciones; desconociendo los lineamientos del manual de contratación.
En esta Institución no se han invertido eficientemente los recursos y tuvieron una pésima ejecución presupuestal durante el 2020. Según el informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos, con corte al 31 de diciembre de 2020, en inversión de recursos, la ejecución fue de 12,63% y se giró 1,63%. En infraestructura hospitalaria la inversión fue del 7,3% y giros del 0,12%. En adquisición y producción de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector, la ejecución fue del 49% y giros del 22,13%.
Desde ningún punto de vista es aceptable que se dé este manejo a los recursos públicos, “no hay ninguna justificación para la mala ejecución y gestión de un gerente público, cuando la ciudad exige priorizar recursos en el sistema de salud, cuando la inversión genera activación, cuando se evitan muertes gracias a los buenos manejos”. Para cerrar su intervención, el concejal Vega reiteró la responsabilidad de los gerentes públicos sobre el manejo eficiente, efectivo y eficaz de los recursos, en cumplimiento del Código General Disciplinario y por el valor ético y penal de administrar recursos públicos. Espera se tomen prontamente acciones contundentes frente a las denuncias presentadas. La alcaldesa Claudia López debería pedirle nuevamente la renuncia, a la gerente de la Subred Centro Oriente.
