Este lunes comenzó la discusión del Proyecto de Acuerdo 127 de 2021: “Por medio del cual se impulsa la movilidad sostenible y la electrificación de la flota de transporte público para enfrentar la emergencia climática en Bogotá”, de autoría de la Alcaldesa, Claudia López, la Secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia y el Secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán.
El coordinador de las ponencias, el concejal Martín Rivera, fue el primero en intervenir durante la sesión. Él propuso ajustes a la Administración Distrital frente al título del Proyecto y planteó la necesidad de que la ciudad compre, desde el 2022, solamente buses eléctricos y de que exista un sistema de préstamo de vehículos individuales de cero emisiones, como bicicletas y patinetas, que se financie a través de la instalación de publicidad en estaciones y en los vehículos que serán prestados.
El concejal Germán García presentó ponencia positiva con modificaciones porque, para él, dentro de la exposición de motivos de la Administración Distrital faltaron soportes técnicos que justifiquen la ampliación de los plazos establecidos en el Acuerdo de Emergencia Climática 790 de 2020, que establece que desde 2022 inicie la electrificación total de la flota de transporte masivo de Bogotá. Asimismo, aseguró que, de acuerdo con el texto de este proyecto, no se regularizaría la generalidad del transporte público, sino que solamente habría ascenso tecnológico en los buses del SITP.
En cambio, el concejal Julián López presentó ponencia negativa ya que, según él, el Proyecto de Acuerdo viola el principio superior de unidad de materia al impulsar la movilidad sostenible, querer electrificar la flota del transporte público para enfrentar la emergencia climática y, además, pretende crear un sistema de micromovilidad, financiado a través de publicidad exterior visual y hacer un cambio sustancial en las fechas acordadas para el ascenso tecnológico de la flota de Transmilenio hacia buses que no utilicen combustibles fósiles.
Al terminar estas intervenciones, los secretarios de ambiente y de movilidad, señalaron su apoyo a los ajustes propuestos por el concejal Martín Rivera y plantearon la necesidad de que el Concejo de Bogotá les apruebe fuentes de financiación externas, como la publicidad exterior visual, para implementar, por ejemplo, un sistema público de bicicletas.
Sin embargo, el gerente de Transmilenio, Felipe Ramírez, sí refutó el artículo que establece que desde 2022 todas las licitaciones para adquirir buses limiten las ofertas a solo vehículos eléctricos y aseguró que acoger la extensión de la excepción para padrones y busetones blindaría al Distrito de pagar sobrecostos en caso de que el supuesto no se cumpla.
Ante la presentación de las ponencias de los concejales y las posturas de los funcionarios de la Administración, los concejales voceros y no voceros intervinieron en la discusión del Proyecto de Acuerdo.
Carlos Fernando Galán aseguró que en esta iniciativa hay varios proyectos específicos que deberían ser abordados de forma independiente, y, en cambio, el Distrito decidió presentar como uno solo.
Asimismo, el concejal Yefer Vega señaló que el título del Proyecto es engañoso porque en lugar de impulsar la movilidad sostenible, la alcaldía de Claudia López está pidiendo más tiempo para iniciar la electrificación de la flota de transporte masivo.
El concejal Samir Abisambra expuso los costos asociados a la degradación ambiental de Bogotá y presentó una proposición aditiva sobre el ascenso tecnológico de la flota de Transmilenio a gas natural.
A su turno, el concejal Celio Nieves hizo énfasis en que los buses de la ciudad no pueden seguir usando combustibles como el diésel o la gasolina y, por ello, esta Corporación está llamada a hacer obligatoria la transición hacia la movilidad eléctrica.
La concejala Susana Muhamad dio a conocer cuatro conclusiones sobre el texto del Proyecto de Acuerdo y las ponencias: la iniciativa rompe el principio constitucional de unidad de materia, desconoce el principio de progresividad, ignora el principio de rigor subsidiario e incurre en falta de motivación, al pretender modificar sin sustento técnico, jurídico y económico el Acuerdo 790 de 2020.
Por su parte, el concejal Fabián Puentes hizo comentarios frente a los elementos que debería tener en cuenta un proyecto de movilidad sostenible en Bogotá; tales como una estrategia de seguridad vial.
Frente a este Proyecto de Acuerdo, el concejal Nelson Cubides aseguró que no hay claridad sobre los alcances del artículo sobre publicidad exterior visual, ya que, para él, no hubo detalles sobre esto en la exposición de motivos de la iniciativa.
En la misma línea de varios cabildantes, el concejal Jorge Colmenares afirmó que este proyecto busca engañar a los concejales, ya que, asegura, la Administración Distrital presentó un instrumento de movilidad sostenible, pero en realidad lo que está haciendo es modificar el Acuerdo 790 de 2020.
Mientras tanto, la concejal Lucía Bastidas presentó un panorama de la transformación que ha habido, desde la administración de Enrique Peñalosa en las tecnologías de los buses y aseguró que, si bien la meta es tener buses eléctricos, la transición debe ser progresiva y debe caber en ella el gas natural como alternativa de cero emisiones.
En su intervención, el concejal Carlos Carrillo criticó el articulado del Proyecto por su argumentación e instó a los concejales de la Comisión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial a votar por la ponencia negativa.
La concejala Ana Teresa Bernal encontró inconsistencias en la metodología que definió que un sistema público de bicicletas es necesario en el oriente de la ciudad y no en el occidente donde, según sus fuentes, es donde hay mayor cantidad de viajes a pie y viven más personas en condiciones de vulnerabilidad.
En cambio, el concejal Marco Acosta detalló lo que debe ser un sistema de micromovilidad funcional y accesible para todos los ciudadanos. Entre los principios que compartió están la planificación participativa de la ciudad y su movilidad y la priorización de las personas sobre los vehículos.
El concejal Emel Rojas concluyó que ningún cabildante está en desacuerdo con el objetivo de frenar el cambio climático, pero, para él, es necesario mirar cómo hacerlo viable y si este Proyecto tiene errores o pudiese ser objetado.
Finalmente, el concejal Diego Laserna reflexionó sobre la propuesta del concejal Martín Rivera y propuso que se definieran metas parciales. Por ejemplo, en 2026 el 30% de la flota de vehículos oficiales debería ser de cero emisiones y para el 2027 esta proporción subiría al 50%.
La discusión y votación de este proyecto continuará este martes 20 de abril. De los concejales de la Comisión del Plan dependerá si esta iniciativa se aprueba con modificaciones y pasa a segundo debate en Plenaria o se archiva y la Administración Distrital se ve obligada a presentar otro proyecto.
