En el marco de la junta de voceros he solicitado se priorice el Proyecto de Acuerdo para “Prevenir, atender, rechazar y erradicar la violencia contra las concejalas y ediles en política en el distrito de capital”. Esta iniciativa cuenta con el apoyo y firma de 24 concejales y concejalas de Bogotá. A la luz de la presente contienda política electoral, es muy triste atestiguar que no hay ninguna candidata a la Alcaldía de la capital. Esto independientemente de la posición política es un retroceso en la igualdad real y efectiva de la participación política de las mujeres en la capital.
Erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política es un fin en sí mismo, para asegurar un espacio en el cual ejercer plenamente los derechos políticos.
Quiero solidarizarme contra la violencia política que sufren las mujeres, pero también contra otros lo que viven concejales como Celio Nieves y Carlos Carrillo. El asalto a la soberanía popular es un tema de gran importancia, la garantías a la equidad de género y el respeto a los principios y valores democráticos es prioritario para esta corporación. En el caso de la violencia política contra la mujer, es un asunto de la agenda política nacional. Se han llevado a cabo debates en el Congreso de la República en más de ocho iniciativas legislativas y está para revisión de la Corte Constitucional el proyecto de ley estatutaria “Por medio del cual se establecen medidas para erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política”.
En el caso del Movimiento Alternativo Indígena y Social, es una grave afectación a los procesos de la democracia comunitaria y fortalecimiento de la democracia desde la perspectiva de género, restringir los derechos políticos o electorales de las mujeres debido a la aplicación de tradiciones o costumbres violatorias del marco normativo legal vigente en materia de derechos humanos consagrados en tratados internacionales, en el marco normativo nacional como parte del bloque constitucional y que busca eliminar los factores estructurales de discriminación en contra de la mujeres en el ejercicio del poder.
- Convención interamericana sobre la Concesión de los Derechos políticos a la Mujer (1948)
- La convención sobre los derechos políticos de la mujer (1952)
- Pacto intencionalidad de Derechos civiles y Políticos (1969)
- Convenio 156 de la OIT
- Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW)
- Tercer Objetivo de Desarrollo del milenio 2000
- XI Conferencia Regional sobre la Mujer y el Concejo de Brasilia (2010)
- Ley 51 de 1981
- Ley 1009 de 2006
- Consejo nacional de política económica y social CONPES 161 - (2013)
Estamos observando que en muchas ocasiones son las propias mujeres cuando están en el poder, ejercen violencia política, que actúan bajo una lógica patriarcal, en este caso la Senadora Martha Peralta que pasan por encima de los propios estatutos del partido que establece la equidad de género (Artículos 54 y 55 de los estatutos internos del MAIS) atentando también contra la meritocracia y el reconocimiento del trabajo político, social y comunitario que he planteado, para el avance progresivo de los derechos de los pueblos indígenas, la diversidad étnica y diversos organizaciones sociales.
No es posible que por encima de los méritos, del trabajo político, se quieran imponer dos hombres y dejar a las mujeres en posiciones no elegibles, además de arbitrarias e irregulares. Esto es una cancelación política, sin mediar con alguna comisión de ética, sin ningún procedimiento democrático, institucional de debido proceso. Esto también pasa en otros partidos que las mujeres excluyen a otras mujeres sin causa justa o razón justificada. La Concejala Lucia Bastidas, en el marco de la participación y candidatura a las elecciones del presente año, también ha sido víctima de una exclusión y entrampamiento sistemático por parte de la directiva de su partido, la hoy Alcaldesa Claudia López.
Por todo, necesitamos procedimientos claros y democráticos para eliminar todas las barreras que perpetúan estos comportamientos de discriminación y violencia a la participación de las mujeres en política, lo que es una prioridad para Bogotá y para el País. Debemos exigirle a las organizaciones, partidos y movimientos políticos adoptar protocolos para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres en política. Exigir marcos regulatorios que prevengan, atiendan, investiguen la violencia contra las mujeres en política y que la Registraduría , el CNE y toda las entidades del orden legislativo , ejecutivo y judicial que velan por la equidad e igualdad de género rechacen publica y oportunamente cualquier hecho de violencia contra las mujeres en política durante los procesos electorales.
Vamos a erradicar la violencia política contra las mujeres en la vida política y asegurarnos que se ejerzan plenamente nuestros derechos políticos y electorales y rechazar todas las acciones que buscan arbitrariamente menoscabar, impedir o anular el reconocimiento, goce y ejercicio político en el marco de los procesos electorales.
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