En el marco de la crisis sanitaria del COVID 19, que ha puesto en evidencia la debilidad institucional para atender a la población más vulnerable, y la ausencia de verdaderas estrategias de sustentabilidad alimentaria para la ciudad capital, el pasado 15 de Junio la Concejala Ati Quigua, en el debate de control político “Hacia una Reconversión Agroecológica de Bogotá – Región” citado por la bancada del Movimiento Alternativo, Indígena y Social MAIS, señaló que la ciudad continua sin dimensionar la importancia de la soberanía alimentaria para un futuro saludable, justo, sustentable y en paz.
En efecto, nuestra ciudad-región está en mora de establecer una reconversión del sistema agroalimentario, actualmente basado en agrotóxicos que afectan no sólo la salud de las personas, sino la de los suelos y los cuerpos de agua. En el debate quedó claro que no basta con promover una ‘seguridad alimentaria’ basada en priorizar el acceso a la comida, sino que es imprescindible garantizar la calidad, inocuidad, nutritividad, y, sobre todo, la producción orgánica de los alimentos. Es necesario encarnar un proyecto Bogotá - Región que nos permita recuperar la relación con la tierra, con los suelos vivos, y con la preservación de nuestras semillas nativas y criollas.
Al respecto la concejala afirmó que los alimentos han pasado de ser un derecho de todos y todas, a convertirse en una mercancía más. Durante el debate, los concejales y las entidades asistentes coincidieron en la importancia vital de la agroecología, y la relación entre los suelos y el alimento; sin duda un avance, fruto de la consciencia global avanzada en las últimas décadas.
No obstante, recientes investigaciones realizadas por la Universidad de la Sabana señalan que el 63 % del potencial productivo de la subregión de la Sabana de Bogotá se ha perdido para siempre. De las hectáreas restantes, menos del 50 % son hoy subutilizadas como “lotes de engorde”, especulando así con la espera de su clasificación urbanística de parte del POT o EOT. En ese marco, hay actualmente en la Sabana 90.000 hectáreas aprox. de suelos de valor agropecuario en riesgo de urbanización por parte de las dinámicas que se impulsan desde los municipios. Es decir, el reconocimiento del suelo como atributo sustancial de los ecosistemas y la alimentación de la ciudad está lejos de ser involucrado sistemáticamente en la sustentabilidad y autoabastecimiento de la ciudad.
Frente a las respuestas ofrecidas por la Administración Distrital para este Debate de Control Político, Ati Quigua evidencio, que ninguna entidad dio respuestas suficientes a las preguntas formuladas en torno al cuidado de las semillas o las apuestas de agricultura familiar y agroecológica; además, dejo claro que, los recursos que manifestaron las instituciones como disponibles son insuficientes y sus mecanismos son ineficientes a la hora de llegar a transformar la forma y concepción de la producción. Cifras preocupantes como las que dio SDDE: de las 36 mil hectáreas de suelo productivo en el distrito 27 mil están dedicadas a ganadería y de los 9000 restantes, cerca de 8000 están dedicadas a producción extensiva de papa; frente a esto presenta una línea de crédito de doscientos veinte mil millones de "Bogotá Produce"; también, diferentes voces en el Concejo de Bogotá manifestaron la imposibilidad real de los pequeños campesinos para acceder a estos recursos.
Por otra parte, la concejala se refirió a las acciones emprendidas por el Jardín Botánico, que muestran que la idea de las huertas comunitarias sigue siendo una estrategia marginal en la institucionalidad y no una apuesta de transformación social, las estadísticas presentadas evidencian que desde hace más de diez años el apoyo a huertas comunitarias ha sido escaso, casi nulo, los quince mil cuatrocientos millones que se presentaron como inversión son poco para un sistema de billones que es el sistema agroalimentario de Bakata.
Así mismo, Ati Quigua afirmó, que en el Plan Distrital de Desarrollo: ‘Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI’, no llegó a replantear las condiciones de producción, ni a valorar los derechos de campesinos y campesinas como los verdaderos guardianes del abastecimiento alimentario. Uno de los principales desafíos en este tema es garantizar la propiedad sobre la tierra de aquellas manos que llevan décadas afrontando tal crisis, por no poder contar con la seguridad jurídica de predios que hacen parte del patrimonio familia y social durante años. Las más de 22.000 hectáreas que se encuentran en debate por la creación de la Zona de Reserva Campesina de Sumapaz o la posibilidad de creación de Territorios Agroalimentarios en la Sabana. Este punto es central para materializar el punto 1 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y el establecimiento de una Paz Estable y Duradera sobre Reforma Rural Integral. Es así como el establecimiento de una Banco de Tierras que se desprende de dicho acuerdo que debe garantizar el acceso a 10 millones de hectáreas a campesinos, la posibilidad de configurar una zona PDET en cumplimiento integral del decreto 893 de 2017, así como el cumplimiento integral del punto 6.1.12 que se refiere al Capítulo Étnico del Acuerdo Final, son pasos vitales para poder avanzar en la construcción de paz y un nuevo sistema que ponga en el centro el campesinado colombiano.
concretamente no hay suficientes recursos asignados para que la ciudad transforme los hábitos de consumidores, generar procesos de apropiación sociocultural del ciclo agroalimentario, de reconocimiento de ciudadanías agroalimentarias, ni las prácticas de los productores pues las apuestas en términos de agricultura urbana, recuperación de suelos, compostaje de residuos orgánicos, apoyo para la trasformación y comercialización de productos agroecológicos, componentes elementales del ciclo agroalimentario son no sólo austeras sino escasas.
La soberanía alimentaria solo fue nombrada 1 vez y en un artículo orientado a la reactivación económica. “En una ciudad con el 70% de su área administrativa en suelo rural, las políticas públicas siguen determinadas por factores económicos, el campesino no es reconocido como un sujeto de derechos sino como un eslabón o insumo más en la cadena productiva, olvidando que la producción familiar, en manos principalmente de mujeres, es la que provee de alimentos a los ciudadanos.”
A futuro: Impulsar el cambio de concepción, conciencia, junto con las comunidades.
La concejala recordó que, para los pueblos y comunidades de la diversidad étnica de nuestro país y nuestro continente, el mayor aporte que ha hecho la mujer a la humanidad fue haber domesticado la semilla. “Para los pueblos indígenas de Centroamérica somos hijos del MAIS, hoy Bogotá debe pensarse una agenda política con una visión restauradora de género con las mujeres rurales, indígenas, campesinas, afrodescendientes”. Además, mencionó, que la seguridad ecológica es nuestra primera seguridad, y que la identidad ecológica, debería ser nuestra identidad fundamental. Es nuestro deber ético reivindicar el control democrático de nuestra comida, de nuestra agua y de nuestra supervivencia ecológica. Es el momento de pensarnos una sociedad libre de transgénicos, libre de agrotóxicos, un momento para pensarnos en una democracia vital.
Así mismo, hizo una invitación al Concejo de Bogotá y a la Administración Distrital para avanzar en una reconversión agroecológica de Bogotá – región, donde propuso una perspectiva propositiva que supere la dimensión economicista de lo alimentario y nutricional, y enmarque en la soberanía territorial y política, que apunte a un país y una ciudad-región saludable, justa, sustentable y en paz, propuesta que se enmarca en:
1. Crear una Red de custodios de semillas nativas y criollas
2. Establecer la Red de productores de producción agroecológica.
3. Consolidar una Red de consumidores conscientes.
4. Crear un plan de reconversión y restauración de suelos que devuelva vida a los mismos. Esto debe articularse con un sistema de manejo de residuos orgánicos en armonía con el artículo 128 del PDD para que exista abundancia de material para la revitalización del suelo como ser vivo.
5. Elevar el rango de los suelos de protección en desarrollo del Art. 61 de la Ley 99 de 1993, como de interés ecológico nacional con destinación prioritaria a actividades agropecuarias y forestales.
6. Implementación plena de la política de salud ambiental, de su naturaleza integral y trans sectorial.
7. Avanzar en sistemas de economía circular donde la soberanía alimentaria, los circuitos cortos de abastecimiento, estén en el centro de la política pública de alimentación y abastecimiento.
8. Implementar un mecanismo de economía justa y sana que, a través de prácticas de comercio justo, avance en la transformación de la estructura actual del mercado. Esto implica un sistema de distribución que fortalezca las plazas de mercado públicas, materializar mecanismos de compras estatales e institucionales justos donde no menos del 30% de la producción deba ser agroecológica, y crear un sistema de información que permita transparencia en los precios al campesino y al productor.
De igual forma es importante reconocer que las movilizaciones de los campesinos que dieron lugar al Paro Nacional Agrario de 2013 tuvo un fuerte apoyo urbano y constituyo un acontecimiento político importante al poner presente la situación precaria de los agricultores del país. Posterior a ello la trascendencia de los acuerdos de paz en noviembre de 2016, que se fundamenta en la Reforma Agraria Integral, y propuso como meta central alcanzar en diez años, la reducción en un 50% de los niveles actuales de pobreza rural. El documento de acuerdo introduce la denominación de “economía campesina, familiar y comunitaria” para referirse a las distintas formas del campesinado, con estos antecedentes, la concejala Ati Quigua refiere que el hambre es un problema político y no de disponibilidad, y hace un llamado a la alcaldesa de Bogotá a pasar del fascismo alimentario a la agroecología, como fundamento del nuevo contrato social y ambiental de una Bogotá-Región proyectada como epicentro de la reconciliación nacional.
Página web: https://atiquigua.co/
