La marginalidad de la población junto con la cooptación de las bandas criminales, son los pilares de gobernanza criminal en la ciudad de Bogotá

1. AMÉRICA LATINA: MÁS GASTO EN SEGURIDAD NO NECESARIAMENTE SE TRADUCE EN MAYOR EFECTIVIDAD

Expertos del Banco Interamericano de Desarrollo señalan que históricamente el debate de seguridad ciudadana suele oscilar entre dos extremos: por un lado, la “mano dura” contra la delincuencia; y por otro, el enfoque social de las “causas estructurales” de los delitos. En América Latina, la presión ciudadana por lograr resultados ha llevado a varios gobiernos a inclinarse por una visión punitiva del delito, pensando que cuanto mayor sea la represión el castigo, más disminuirán los delitos. Una tercera vía involucra ambas miradas pero con evidencia científica. 

Antes que gastar más, la región latina tiene que aprender a gastar mejor. En la última década la región ha aumentado de manera significativa su gasto en seguridad y justicia, pero los resultados no se corresponden con ese mayor esfuerzo fiscal^[1].

América Latina dedica el 5,4% de su gasto total en seguridad, casi el doble que los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que destinan un 3,3%. La mayor parte del gasto en seguridad se destina en la policía (63,4%), seguido de la justicia penal (22,3%) y las prisiones (8,7%), a diferencia de los países desarrollados, que gastan más en prisiones y otros rubros en comparación con la policía y la justicia.

No es fácil tomar la decisión de cuál es el mejor uso que se le puede dar a los recursos, pero la literatura académica en seguridad ciudadana coincide en tres grandes principios para orientar el gasto en seguridad: preventivo en lugar de reactivo y punitivo; focalizado en lugar de disperso; y basado en evidencia científica de impacto, preferiblemente de costo-efectividad, en lugar de basarse en la intuición.

Prevenir resulta más barato que reaccionar ante delitos consumados y sus consecuencias, pues cuando ocurre el delito el Estado debe gastar recursos públicos en policías, servicios de justicia, sistema de sanción y rehabilitación y servicios de reparación para las víctimas.

Focalizar es clave porque los delitos se concentran de forma desproporcionada en un pequeño número de lugares, de personas y de comportamientos de alto riesgo como portar un arma de fuego (en especial si es de manera ilegal), el consumo excesivo de alcohol por su relación con la violencia y la asociación de personas con grupos o pandillas que infringen la ley; todo en conjunto incrementa la probabilidad de la comisión de delitos.

Según el BID, los recursos también se destinan en exceso para el sistema penitenciario, que de hecho es ineficaz e ineficiente para aprehender y procesar a quienes infringen la ley, así como para realizar juicios rápidos y dictar sentencias. Tres de cada cuatro homicidios de la región quedan en la impunidad, es decir un 76%. Además, el 41% de las personas privadas de la libertad no tienen condena y están en prisión preventiva. Reducir la prisión preventiva mejoraría la calidad del gasto público en seguridad ciudadana.

2. BOGOTÁ SE SIGUE ‘RAJANDO’ EN HOMICIDIOS ¿POR QUÉ?

En el año 2024 Bogotá tuvo el número más alto de homicidios desde 2016 y en enero a abril de 2025 ya van 378 homicidios, un aumento del 5.6% respecto al mismo periodo de 2023^[2]; las bandas criminales son para algunos expertos un factor determinante. Según un informe de la Fundación Pares de 2024, en Bogotá existen alrededor de 85 organizaciones criminales. Los Grupos Armados Organizados (GAO) que hacen presencia en la ciudad son el ELN, la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo, así como El Tren de Aragua^[3].

Nicolás León, investigador que participó en el informe, señala que la disputa territorial, especialmente la existente entre el Tren de Aragua y El Clan del Golfo se da bajo un modelo de subcontratación, en donde estas grandes estructuras subcontratan a grupos delincuenciales más locales para disputar territorios y expandir sus rentas criminales^[4].

Otra muestra de estas disputas entre bandas delincuenciales es el tipo de arma utilizada para cometer los homicidios. En 2024 se dio un aumento del 20% en el uso de armas de fuego respecto a 2023. Otro aspecto a destacar es que de los 10 barrios que concentraron más homicidios en 2024, tres están en ciudad Bolívar y cuatro en la localidad de Kennedy.

En esta misma línea, la Fundación Paz y Reconciliación, en su informe “Mapa del delito: la urbanización del conflicto en Colombia” señala que las ciudades son entornos de alta rentabilidad para estos grupos. Actividades como el microtráfico, la extorsión y el narcomenudeo son las principales fuentes de financiamiento de estas organizaciones. El crimen organizado, si bien no es una dinámica nueva, ha evolucionado en formas cada vez más complejas que hacen difícil contrarrestarlo^[5].

3. ¿CÓMO CONTRARRESTAR LA TENDENCIA AL ALZA DEL HOMICIDIO EN BOGOTÁ?

Algunos analistas apuntan a que la solución en materia de seguridad para el país y la capital no radica solo en aumentar el pie de fuerza en las calles, sino una reforma integral a la política criminal, que tengan en cuenta las condiciones carcelarias como el sistema judicial, en aras de garantizar una justicia eficaz y disuasoria para los delincuentes, que se burlan de la justicia porque sienten que esta no opera adecuadamente^[6].

Por su parte, Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), señala cuatro elementos en la discusión sobre el problema de la seguridad no solo de la ciudad sino del país^[7]:

1. La concepción del problema de seguridad. En décadas pasadas se sostenía que si las causas estructurales de la violencia eran resueltas (como la pobreza y la inequidad), no habría problemas de seguridad. Pero en su opinión también se tiene que abordar la debilidad del Estado y la racionalidad de los actores que usan la violencia con fines criminales.
2. El crecimiento de los grupos armados ilegales. De acuerdo con cálculos de la fuerza pública, a finales del año 2024 en el país había alrededor de 20.000 personas armadas o pertenecientes a grupos al margen de la ley,esto sin contar las bandas delincuenciales organizadas. Ello evidencia la magnitud del problema.
3. Los indicadores para medir la violencia. En este contexto, no es suficiente la tasa de homicidios para medir el impacto de los grupos armados sobre la población civil. El indicador sirve para medir la letalidad y establecer comparaciones, pero no refleja el control territorial y la gobernanza que ejercen esas organizaciones.
4. Fallas en la estrategia de paz total. Para el investigador, lo que se vive hoy en términos de seguridad tiene estrecha relación con los fallos de esta estrategia. Se le ha concedido reconocimiento a los grupos armados ilegales, incluyendo ceses al fuego, sin exigirles nada a cambio. En este entendido, es importante articular la estrategia de seguridad con la política de paz total o posiblemente la gobernanza criminal seguirá aumentando.

Antonio Perry es enfático en señalar que en Colombia el Estado no es el único que manda. Los grupos criminales también brindan servicios estatales como impartir justicia, realizar obras públicas y dar empleo. Donde el Estado ha brillado por su ausencia, han llenado el vacío los grupos al margen de la ley.

La política de seguridad no puede depender solo de una estrategia de policías y militares, sino que debe complementarse con una política social, en donde el Estado proporcione los servicios que actualmente ofrecen los grupos criminales. Dado que la capacidad estatal es limitada, los recursos deben ser enfocados estratégicamente^[8].

4. GOBERNANZA CRIMINAL

El monitoreo realizado por el Sistema de Alertas Tempranas - SAT de la Defensoría del Pueblo, en su Alerta Temprana No. 004 - 24, indica que en la ciudad, las bandas criminales operan bajo el modelo de ‘Gobernanza Criminal’, donde aprovechan la marginalidad de zonas que controlan, las falencias en la oferta de servicios y las bajas capacidades institucionales y sociales en localidades como Santa Fe, Los Mártires, Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa, pasa usar la coerción y cooptación de quienes habitan estos espacios por ser más susceptibles de instrumentalización, dadas las precarias condiciones sociales en las que conviven.^[9]. 

Así mismo, este modelo de gobernanza criminal es una muestra de las enmascaradas actividades delictivas, ya que dichas actividades son realizadas por los miembros de nivel más bajo en las bandas criminales, que son de carácter local y que usualmente están subordinados a organizaciones de más alto nivel en los que se concentra la ejecución de los delitos, los cuales operan mediante la delegación de funciones específicas a individuos o grupos externos que no son parte directa de la organización criminal principal, pero que colaboran estrechamente con ella. Este modelo de tercerización permite a las organizaciones criminales expandir su influencia y operaciones sin aumentar significativamente su exposición o riesgo.

Es así que, pese al desarrollo cualitativo y cuantitativo de investigación contra la criminalidad en Bogotá, se hace pertinente no solamente concentrar los esfuerzos en detener a los delincuentes de tercer nivel de las bandas criminales, sino fortalecer  también la inteligencia e investigación para atacar toda la cadena criminal, sus finanzas y sus “patrones” que no aparecen en muchos de los organigramas que manejan las autoridades.

Igualmente, se hace necesario que la inseguridad se considere como un fenómeno social y político, ya que además de ser un hecho delictivo de renta criminal, el acelerado aumento de este fenómeno está representando la manifestación de unos poderes ilegales que logran regular el orden social y regir la vida comunitaria en los territorios expuestos a las condiciones de marginalidad mencionadas anteriormente, sometiendo a las poblaciones a ser instrumentalizadas.

La participación activa de los ciudadanos en acciones integrales de trabajo territorial, coordinadas con las instituciones distritales de desarrollo social y de justicia, es esencial para fortalecer el tejido comunitario. Esta colaboración estrecha no solo garantiza una mayor proximidad y acceso de la población a los servicios y recursos del Distrito, sino que al mismo tiempo, permite abordar los problemas desde múltiples frentes, atacando no solo los síntomas de la criminalidad, sino también sus causas subyacentes, como la pobreza, la falta de educación y las oportunidades económicas limitadas. Al empoderar a las comunidades y fomentar un ambiente de cooperación y confianza mutua, se crea un entorno menos propenso a la infiltración y el accionar de organizaciones criminales.

5. PREVENCIÓN DEL DELITO EN MENORES DE EDAD Y JÓVENES

Según una caracterización del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, aquellos territorios con mayor concentración de población adolescente tienen a su vez un número significativo de adolescentes en conflicto con la ley, ocupando Bogotá el primer lugar seguido de otras ciudades capitales. Los delitos de mayor comisión por parte de los y las adolescentes que han ingresado al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente entre los años 2007 y 2014 son el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y el hurto^[10].

Respecto a jóvenes de 18 a 28 años internos en establecimientos de reclusión, la edad al momento de su ingreso era en su mayoría de 20 a 24 años de edad (58,1%). En estas edades, el principal delito por el cual se encuentran privados de la libertad hombres y mujeres jóvenes de igual forma es el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes así como el hurto.

Este estudio del ICBF también expone hallazgos sobre los factores de riesgo asociados a la comisión de delitos a partir de grupos focales realizados con jóvenes privados de la libertad en centro penitenciario como adolescentes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.

En hombres jóvenes mayores de edad recluidos, frente a la comisión de delitos como el homicidio o la tentativa, sobresale el azar como la circunstancia que los llevó a cometer dicho delito, como riñas, peleas y el estar bajo los efectos del alcohol u otras sustancias psicoactivas; si no fuera por circunstancias excepcionales, la mayoría de los condenados por este delito consideran que no estarían allí, pues con anterioridad no habían tenido problemas con la justicia. En el caso de los demás delitos, como el hurto y el gráfico, fabricación o porte de estupefacientes, admiten haberlos cometido con anterioridad.

También se encuentran aspectos como la exclusión y vulnerabilidad económica, la falta de ingresos de ellos y sus familias por falta de oportunidades en el ámbito laboral, lo que se agrava por entornos delictivos en los que se vinculan estos jóvenes. También la cultura de la ilegalidad y la aceptación de conseguir dinero sin mayor esfuerzo saltándose las normas sociales y jurídicas, sumado a la ambición y expectativas de tener acceso a bienes materiales. Asimismo, en el contexto geográfico inmediato como el barrio, en donde transcurre la cotidianidad de los jóvenes,  es común la criminalidad, el consumo de estupefacientes o la delincuencia común y organizada. A nivel familiar, prevalece el abandono de los padres, las dificultades económicas, la violencia intrafamiliar, y familias con antecedentes delictivos.

Finalmente, influyen los pares involucrados en actividades ilegales, la falta de acceso educativo o la deserción escolar y el consumo de sustancias psicoactivas como alcohol, marihuana y bazuco.

En el caso de los adolescentes que infringen la ley, destacan que las dificultades económicas y el gusto por el dinero y bienes materiales fueron determinantes a la hora de involucrarse en actividades delictivas. Sobresale la deserción escolar por la necesidad o el interés de vincularse a actividades laborales. Las relaciones problemáticas con sus familias, el abandono y falta de orientación de los padres les llevó a tomar decisiones de manera impulsiva sin pensar en las consecuencias, además influenciados por las “malas amistades” y los efectos de sustancias psicoactivas. Contexto que se agrava por la existencia de entornos con alto número de pandillas y delincuencia organizada.

De ese modo, el ICBF concluye que las líneas orientadoras para la prevención del delito, deberían darse en el nivel individual, en el familiar y en el social. Las acciones macro deben encaminarse a ampliar la cobertura de programas sociales para generación de empleo y proyectos productos para las familias y la población joven. Asimismo promover oportunidades de formación para adolescentes y jóvenes en la educación superior. Y fortalecer la actuación judicial en adultos que utilizan a menores de 18 años en actos delictivos.

Tal como se enunció al inicio de la intervención, la seguridad debe ir acompañada de política social, no basta con más policías o más cámaras.

CONCLUSIÓN

Bogotá requiere que se posicione una tercera vía entre el enfoque de “mano dura” y de “causas estructurales”, que se base en evidencia científica y combine elementos punitivos y preventivos, que movilice a los responsables de tomar las decisiones y a la sociedad civil. Por ello es menester observar con lupa la calidad del gasto de la Sercretaría DIstrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y que sigan focalizando los recursos en los lugares más críticos de la ciudad.

Partido Liberal Colombiano