Son varias las críticas que constantemente se hacen a la Ley 100 de 1993, la cual creó un sistema desmonopolizado y de competencia entre aseguradores y prestadores con el fin de lograr una cobertura universal para garantizar la equidad en salud. Eso plantea el modelo a nivel teórico, pero ¿qué ha pasado en la práctica y qué tanto se ha cumplido?
En primer lugar, la cobertura NO es sinónimo de calidad. En términos de calidad no hay actualmente ningún mandato para establecer protocolos de diagnóstico y tratamientos. Existe un sistema de habilitación que es obligatorio para todas las IPS, mientras que el sistema de acreditación de la calidad es ‘voluntario’.
La mayor evidencia de los problemas del sistema se da cuando el afiliado o beneficiario se ve, normalmente, obligado a recurrir a otras vías de acceso para el goce efectivo de su derecho a la salud entre ellas a interponer derechos de petición, acciones de tutela o de recurrir a financiar de su propio patrimonio individual o familiar los gastos ocasionados por su enfermedad (un estudio de 2005 mostró que 10% de los afiliados al régimen contributivo tenían un plan adicional de salud).
El agravamiento en la salud de un paciente -o incluso su muerte- por motivos de contención de costos, de barreras de acceso, de la negación total o parcial del Plan Obligatorio de Salud, de la dilación injustificada de las autorizaciones o el suministro de los servicios de salud y de medicamentos, muestra la ineficacia del sistema y su dificultad para garantizar el derecho fundamental a la salud.
Seguimos centrados en la atención individual de la enfermedad a través del aseguramiento dejando relegados la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, mostrando así un desconocimiento sobre la importancia de la salud pública: se sabe que la prevención de las enfermedades es más costo efectivo a largo plazo para un país que su tratamiento.
Lo anterior deja entrever que la salud en el papel es un derecho, pero en la práctica se convierte en un negocio; quien busque una atención de calidad y tenga capacidad de pago tenderá a pagar un plan adicional (usualmente la población del régimen contributivo). Me pregunto qué alternativa tiene el resto de la población que está en condición de pobreza y afiliada al régimen subsidiado, así como la población pobre no afiliada.
“Por tanto, el mayor reto que tenemos en el sistema de salud de Bogotá es darle una estabilidad financiera. El anterior ministro de salud Juan Pablo Uribe lo planteó al decir que el 42% de los hospitales del país se encontraban en riesgo financiero y pidió a las entidades a través de sus gerentes y juntas directivas sincerar las cuentas y pagar las deudas, porque esto incide directamente en la calidad asistencial” aseguró el concejal Armando Gutiérrez.
Recordemos el caso de la ya liquidada Saludcoop, la EPS más grande del país que tuvo hasta 5 millones de afiliados, señalada por haber utilizado dineros indebidamente -que eran de uso exclusivo para la atención de los usuarios- en la compra de bienes, infraestructura y operaciones que nada tenían que ver con la prestación de servicios a sus afiliados. Y así hay hoy en día 40 EPS que prestan servicios en el país de las cuales 19 están en la mira o bajo intervención de la Superintendencia de Salud, incluida MEDIMAS, la segunda más grande del país.
En el caso de Capital Salud EPS, ha tenido una transformación enorme pero las cifras sin embargo no son coherentes. A principio del 2018 reportaba unas ganancias de $41.000 millones, pero una auditoría corrigió que las ganancias eran de $24.000 millones. Para el 2019 el resultado acumulado del ejercicio es negativo por valor de -$499 millones de pesos, lo cual es angustiante. Se debe implementar un plan de seguimiento a la EPS por parte de la actual administración.
El concejal Armando Gutiérrez concluyó señalando “Mientras no se desarrolle e implemente una política de salud pública que parta de los determinantes sociales de la enfermedad y que los aborde de forma integral, no se lograrán avances significativos en materia de salud. Tenemos la obligatoriedad por tanto de cumplir con el Plan Nacional de Salud Pública”
“Un sistema que trabaja por evitar que las personas enfermen producto de causas prevenibles y detectar y tratar a tiempo enfermedades debe ser el objetivo del sistema de salud. Las EPS deben tener la solvencia y condiciones financieras para atender a la población, donde el lucro y la solvencia es el medio, pero nunca el fin”.
Ilustración 1. Comparativa del PIB destinado al gasto en salud
Colombia ha aumentado los recursos destinados para la salud año tras año, en 2018 el PIB fue de 7,2%. El problema parece ser el mal manejo financiero de los recursos.
Concejal Armando Gutiérrez González
Partido Liberal
Referencias
Bardey, G. y Buitrago, G. Capítulo 1: Macroeconomía de los gastos en salud en Colombia. Recuperado de https://www.afidro.org/sites/default/files/Estudio-Universidad-de-los-Andes-Junio-de-2017.pdf
El Tiempo (2019). Así fue la caída del poderoso grupo Saludcoop. Recuperado de https://www.eltiempo.com/economia/asi-cayo-el-poderoso-grupo-saludcoop-393286
León, J. (2010). Los muertos de ley 100: prevalencia de la libertad económica sobre el derecho fundamental a la salud. Una razón de su ineficacia. Caso del Plan Obligatorio de Salud del rÉGIMEN contributivo (POS). Recuperado de http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/1437/1/BernalCarlos_2016_PlanObligatorioSalud.pdf
Yepes, J.; Ramirez, M.; Sánchez, L.; Ramírez M.L. & Jaramillo, I. (2010). Luces y sombras de la reforma de la salud en Colombia. Ley 100 de 1993. Mayol Ediciones. Recuperado de https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=WVuc-mna-rgC&oi=fnd&pg=PR5&dq=ley+100&ots=sruCmku8iZ&sig=1N1e1WBQwWf-6E3zZhezZUq6lC0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
