Es notoria la desatención que ha tenido el Gobierno al sector agropecuario, hecho que ha llevado a importar más de 60% de los alimentos que consumimos, para el exclusivo beneficio de las comercializadoras internacionales, multinacionales y los importadores.
Gracias a la apertura económica del TLC, el Gobierno ha permitido hacer importaciones que, en el caso del cultivo de papa, el ICA aprobó la licencia sanitaria para importar papa de Ecuador, Perú, Holanda, Canadá, Egipto, Francia y Chile. A esto se suma el agravante monopolio y las presiones que han generado las multinacionales norteamericanas McDonald, MacCain,Pepsicola (Fritoley), que han llevado a que se importen papas procesadas.
No es posible que los productores estén condenados a repetir las funestas consecuencias que dejaron las grandes importaciones de trigo que oscilan alrededor del millón de toneladas anuales, dos millones de toneladas de maíz, y de la misma manera los casos del algodón, la soya, el sorgo, el plátano, el frijol, el pescado, la leche, la panela, entre otras productos alimentarios, que perfectamente pueden ser producidos en el país.
Frente a esta situación, hay una situación clara. El país consume anualmente 64 kilos per cápita y somos el quinto consumidor en el mundo. La producción nacional la hacen aproximadamente 90 mil cultivadores y el empleo directo es de 300 mil trabajadores e indirecto de tres millones de colombianos, producción anual de 2 millones 600 mil toneladas en 170 mil hectáreas, que atienden el consumo nacional. Los costos de producción hoy sobrepasan los cinco millones de pesos por hectárea. Y lo grave es que el gobierno dio licencia sanitaria para importar 74 mil toneladas en el presente año.
Se requiere que el Gobierno Nacional tome cartas en el asunto sobre las importaciones de papa y el control del monopolio de las trasnacionales, quienes argumentan que tienen las bodegas llenas de papa importada.
Es fundamental el cumplimiento del acuerdo entre Fedepapa y el Ministerio de Comercio Exterior para conformar un comité que estudie la inclusión del tubérculo en los productos cuya importación requiere permiso previo. Esto permitiría aliviar los endeudamientos impagables, subsanar el escaso o insuficiente crédito, disminuir los altos costos de producción sin control por parte del Estado, entre otros.
