Más de 270 mil millones de pesos, invertidos en 138 comedores comunitarios, bonos y canastas alimentarias, que corresponden a contratos y convenios suscritos por la Secretaría Distrital de Integración Social bajo el proyecto 730 “Alimentando Capacidades” no cuentan con interventoría que garantice la ejecución idónea del presupuesto. Hasta el 15 de Julio de 2013 la Universidad Nacional de Colombia tuvo a cargo la interventoría del proyecto bajo el contrato No 5204 de 2012 por un valor de $2.966 mil millones de pesos. (Ver circular UNAL)
Contar con una interventoría es fundamental en todo contrato o convenio licitatoria, contemplado en la ley 80 de 1993 , el artículo 32 establece: “ en los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o concursos públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista”
El anexo técnico de la interventoría de comedores comunitarios estipula que la entidad encargada debe realizar muestras microbiológicas y se requiere una interventoría especializada que cuente con laboratorios para la revisión de muestras. El cabildante afirma; “ninguna persona o referente local está en la capacidad de brindar este servicio, si es que la Secretaría de Integración Social pretende omitir el servicio de una entidad o empresa capacitada”.
“Es un acto de irresponsabilidad e irrespeto con la población vulnerable que hoy no exista una entidad que responda por la adecuada utilización de los recursos. La interventoría es fundamental para garantizar que se brinde un servicio digno e integral a los más pobres”, aseguró el concejal , Hosman Yaith Martínez.
El cabildante ha denunciado la crisis alimentaria que atraviesa Bogotá, en especial son niños, niñas y adultos mayores los afectados con la mala administración de la secretaria, Teresa Muñoz Lópera. Martínez agrega; “Es evidente que los más pobres necesitan una persona que se solidarice y sensibilice con su situación, la moción de censura debe ser un hecho y en manos del Concejo de Bogotá está la responsabilidad de evitar que sigan jugando con el alimento de los más pobres”
