“Mi tercer año como concejala de Bogotá”

La inseguridad en los predios demolidos para construir el Metro, los retrasos en las obras por valorización y los dudosos estudios de la Unidad Nacional de Protección para asignar camionetas blindadas a concejales de Bogotá están entre lo que la concejala Marisol Gómez Giraldo denunció en 2022, el tercer año como concejala de Bogotá.

Seguridad, austeridad en el gasto público, transparencia, infraestructura, paz y trabajo con diferentes comunidades estuvieron entre los temas que la concejala Marisol Gómez Giraldo resaltó al hacer un balance de su gestión durante el año 2022.

“Son tantos los problemas que tiene una ciudad tan grande como Bogotá, que como concejal me enfoco en lo que me pide la gente. Y desde que llegué al Concejo mi prioridad ha sido siempre actuar como una ciudadana que llegó a la política y no como una política tradicional”.

De los debates de control político de este año, Gómez destacó el que demostró que, por falta de articulación, las autoridades de Bogotá no tienen un diagnóstico de cómo los grupos delincuenciales están lavando sus rentas criminales. “¿Cómo es posible que por Bogotá pasa un lavado de activos de tres billones de pesos –según estimativos de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)– y ni la Policía Metropolitana ni la Secretaría de Seguridad sepan nada sobre sus rentas criminales y cómo las lavan?”, cuestionó la concejal Gómez durante una de las sesiones en las que se analizó la inseguridad en el Distrito.

Y luego de un debate en el que mostró las quejas de los vecinos de los predios demolidos para la construcción de la Primera Línea del Metro, acosados por la inseguridad en esos predios, Gómez pidió al IDU y a la Policía Metropolitana que reforzaran la seguridad en los puntos críticos.

La concejala insistió también este año en que las camionetas blindadas pagadas con recursos públicos deben asignarse únicamente a aquellos concejales de Bogotá que realmente están en riesgo. “Vivir en una ciudad donde hay presencia de grupos armados, bandas criminales, donde hay barrios inseguros, no es razón suficiente para tener un esquema de seguridad”. Ella está pendiente de si la Unidad Nacional de Protección cumple con el anuncio que hizo de revisar la forma en que se están haciendo los estudios con los que se asignan los esquemas de seguridad.

“¿Recuerdan que el año pasado me opuse a que los organismos de control recibieran plata del rescate social? Pues este año descubrimos que el 90% de esos recursos ($2.750 millones) que recibió la Contraloría Distrital fueron para contratación de personal, o sea, para ¡burocracia!”.

También En un debate al que citó al Director del IDU, Diego Sánchez, éste reconoció que la falta de experiencia de los contratistas es, en parte, lo que está poniendo en riesgo la culminación de las obras por valorización, por las que los bogotanos han pagado más de $760.000 millones.

De su gestión en este año, Gómez también resaltó el acuerdo aprobado en plenaria del Concejo y ya sancionado por la alcaldesa Claudia López para que con el apoyo del Distrito víctimas del conflicto armado, desmovilizados de las Farc y sus familias puedan ser capacitados y luego empleados en los centros de memoria de Bogotá. “Nadie mejor que ellos para hablarnos de paz, reconciliación y no repetición”.

Para finalizar el balance de 2022, Gómez hizo un resumen de “una de las mejores tareas que hace un concejal: reunirse con la comunidad y buscar soluciones a sus problemas”. Y mencionó algunas de esas gestiones: “Mediamos entre el IDU y los vecinos inconformes con la obra por valorización del canal Córdoba, visibilizamos los reclamos de padres de familia del barrio Santa Viviana por el cierre de un jardín infantil y acompañamos a vecinos del sector Arrayanes para que tramitaran sus quejas sobre vías y servicios públicos, logramos que más de 200 vecinos pudieran volver a las piscinas del Simón Bolívar y resembramos árboles que habían sido talados en el canal Molinos”.

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