De allí se desprende la importancia del debate que presidimos al interior de la Plenaria del Concejo Distrital, pues en este contexto, Bogotá se ha convertido en una de las principales ciudades receptoras de esta población, razón por la cual, es imperativo reforzar las medidas dispuestas para ésta, con el fin de evitar una emergencia humanitaria.
Las cifras más recientes aportadas por Migración Colombia indican que para el 31 de marzo de 2019, en el país hacían presencia 1.260.594 ciudadanos de procedencia venezolana, de los cuales 770.975 se encontraban en condición de regularidad, mientras que 489.619 estaban en situación de irregularidad. De esta población, aproximadamente 278.511 están ubicados en el Distrito Capital, representando un aumento de más de setenta mil personas respecto al mes de agosto del año inmediatamente anterior, cuando se registraban 204 mil ciudadanos en nuestra ciudad.
Ante las dificultades que se vienen presentando en el actual contexto migratorio, es preciso fortalecer las medidas frente a las siguientes problemáticas:
- 1. Protección de los derechos fundamentales:
Es claro que uno de los derechos más sensibles es el del acceso a la salud, con especial atención en las enfermedades huérfanas, que son aquellas que son crónicamente debilitantes, graves, que amenazan la vida y que cuentan con una prevalencia (la medida de todos los individuos afectados por una enfermedad dentro de un periodo particular de tiempo) menor de 1 por cada 5.000 personas; las enfermedades crónicas; las mujeres en estado de embarazo y la primera infancia.
Frente a la materialización de este derecho, Laura González, coautora del libro “Venezuela migra: aspectos sensibles del éxodo hacia Colombia”, publicado por la Universidad Externado de Colombia en 2019, afirma que “el acceso al sistema de salud y la materialización de este derecho no debería estar supeditado a la condición migratoria de una persona, máxime cuando las cargas impuestas para su regulación son desproporcionadas y casi imposibles de cumplir, cuando viene de manera forzada a territorio nacional como consecuencia de unas crisis en la que se encuentra su país en materia de salud y, en especial, cuando se trata de un sujeto de especial protección. Por ello, aunque no pueda desconocerse que el estado colombiano ha adelantado algunas medidas y ha tenido pronunciamientos importantes como la sentencia T-210 de 2018, aún existen grandes barreras que debe eliminar para garantizar el goce y disfrute de este derecho.
- 2. Trata de personas:
- Trabajo forzado.
- 3. Discriminación:
La discriminación es una de las principales consecuencias en cualquier contexto migratorio. Ésta conlleva a la xenofobia y por lo general es producto de la estigmatización. Por tal razón, instamos a las autoridades distritales a encaminar acciones de carácter pedagógico para prevenir los actos de discriminación que se han venido presentando frente a la migración de venezolanos en el Distrito Capital, partiendo del hecho que, primero, los colombianos también fuimos sujetos de procesos masivos migratorios y, en segundo lugar, que ninguna sociedad está exenta de presenciar un escenario migratorio como el actual.
- 4. Desempleo:
La ocupabilidad laboral es uno de los principales factores que determina el bienestar de los ciudadanos migrantes en cualquier contexto. Sin embargo, y dada la situación de informalidad laboral que tradicionalmente se presenta en Colombia, la explotación laboral de ciudadanos extranjeros se ha convertido en una tendencia que viene afectando las condiciones laborales de unos y otros.
Es evidente que la migración masiva de venezolanos se ha prestado para que desde algunos sectores económicos se incremente la contratación de ciudadanos venezolanos bajo condiciones salariales y contractuales inferiores a las establecidas en el contexto nacional. Dada esta situación, se ha presentado un desplazamiento de mano de obra nacional por la venezolana, dando lugar a un incremento del desempleo e, indirectamente, de la xenofobia por esta razón.
Retos:
El contexto actual representa unos retos muy grandes para las autoridades y la institucionalidad, tanto nacional, como distrital. A continuación, presentamos algunos de ellos:
→ Garantía de los derechos fundamentales:
Instamos a las instituciones, tanto nacionales como distritales, a procurar la realización de los derechos fundamentales de los ciudadanos venezolanos, especialmente aquellos que se encuentran en condición de vulnerabilidad, tales como: La primera infancia, el adulto mayor, las personas en situación de discapacidad, las mujeres y la comunidad LGTBI.
Ante este panorama, Milena Núñez, coautora también del libro citado anteriormente, sostiene que “los migrantes en condición de vulnerabilidad requieren mayor protección y asistencia porque se enfrentan a mayores riesgos, tales como la exposición al transitar, la posibilidad de ser robados o explotados, el riesgo de sufrir un accidente, e incluso la discriminación, lo cual se relaciona con la percepción de incertidumbre, inseguridad y desinformación que la vulnerabilidad social tiene como componentes, según Márquez y Márquez (2014).
→ Combatir la discriminación:
Así mismo, insistimos en la necesidad de orientar las acciones necesarias para combatir la discriminación. Es necesario emprender acciones de carácter pedagógico y normativo para que el migrante venezolano no sea percibido como un obstáculo o un agente de riesgo para el bienestar y la seguridad de los connacionales, empezando por campañas pedagógicas que prevengan la estigmatización del ciudadano venezolano.
→Optimizar el presupuesto para la atención del migrante venezolano:
Frente a este punto, en primer lugar, exhortamos a la administración distrital para que fortalezca las acciones para percibir mayores recursos de la nación para la atención de la población venezolana. En segundo término, consideramos que se debe aprovechar las iniciativas de otras naciones para aportar recursos con el fin de atender la crisis que se viene presentando con motivo de la migración venezolana en nuestro territorio, advirtiendo que estas ayudas no tienen que vulnerar nuestra soberanía en ningún caso.
