A pesar de que Bogotá está rodeada de grandes páramos y fuentes de agua, a miles de habitantes se les sigue vulnerando el derecho humano al agua, teniendo estos que recurrir a métodos ingeniosos para autoabastecerse de este elemento fundamental para la vida. De este modo, se deja al descubierto la ineficiencia en la gestión y focalización del Mínimo Vital de Agua y la falta de reconocimiento del Derecho Humano al Agua por parte de la administración.
No obstante, el Mínimo Vital al Agua es una realidad en Bogotá, gracias al Acuerdo 347 de 2008, iniciativa liderada por la concejala de Bogotá Ati Quigua, materializada en el Plan Distrital del Agua y en el artículo 4º del Decreto 485 de 2011, que garantiza 6 metros cúbicos de agua potable para estratos 1 y 2 de uso residencial y mixto en Bogotá.
Posteriormente, con la expedición del Decreto 064 de 2012, se recogieron elementos fundamentales para el acceso al Mínimo Vital de agua potable en Bogotá, sin embargo, carece aún de gestión e instrumentalización universal para que un promedio de 3´748.711 de personas pertenecientes a estratos 1 y 2 accedan a este beneficio luego de 10 años.
En debate de control político, la concejala Ati Quigua, vocera del Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS, exteriorizó la preocupación de miles de habitantes que no cuentan con acceso a agua potable en Bogotá, y solicitó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y a la Secretaría Distrital de Hábitat, hacer la evaluación y seguimiento de la focalización y aplicación del Programa del Mínimo Vital al Agua.
“Bogotá no puede ser regresiva con una conquista social de la ciudadanía desde el 2008 como lo es el referendo por el agua, que tiene como propósito dotar al agua potable como derecho fundamental”.
En Colombia, luego de que la Ley 142 de 1994, consideró una dimensión privada a los servicios públicos, el agua tomó una connotación de privilegio y el habitante de usuario o suscriptor. En consecuencia, desde el Congreso de la República es necesario que se revise el efecto privatizador y mercantil que hay sobre el agua, de modo que, este recurso no deba ser visto como una mercancía a la que no tiene acceso toda la población.
De este modo, según los datos suministrados por la administración para el año 2021, la cantidad de suscriptores que se beneficiaron del mínimo vital fueron 772.745, que corresponden aproximadamente a 3.090.980 personas. Sin embargo, la encuesta multipropósito del 2017, muestra que en estratos 1 y 2 viven 3.748.711 personas, lo que evidencia que el beneficio no está llegando a todos los habitantes. Por otro lado, la inversión con respecto a la cantidad de beneficiarios son contracíclicas. La inversión debería aumentar considerando el aumento poblacional de estratos 1 y 2, y lo que vemos es que, en algunos años la inversión disminuye en tasas de crecimiento negativas de hasta el 8%, como para el año 2017.
Cifras que no cuadran, ya que la administración argumenta que las personas que nos son beneficiarias del mínimo vital, generalmente se encuentran en ilegalidad, en donde existen aproximadamente 81.465 personas en las más de 30.913 ocupaciones ilegales.
Por su parte, los habitantes del barrio Verbenal Sur, en la localidad 19 de Ciudad Bolívar, no pierden la esperanza de que algún día llegue el agua a sus hogares y así suplir sus necesidades básicas. Mientras tanto, líderes comunitarios como Daimer, se han organizado desde la Junta de Acción Comunal mediante un sistema de autoabastecimiento que cuenta con 3 fontaneros, 9 motobombas, y miles de metros de mangueras superficiales que llevan el agua a los hogares con suerte una vez al mes, pagando $3.000 pesos por cada carga de agua.
“Mientras Bogotá sigue creciendo poblacionalmente, la garantía a la protección de la vida de sus habitantes sigue limitándose. Contar con el servicio de agua potable es básico para la vida digna”.
Por otro lado, los acueductos comunitarios, estando dentro del 75% de la cobertura del distrito, que a la vez cerca del 50% es ecosistema de páramo, siguen sin garantías por el derecho humano al agua. Don Norberto, miembro del Acueducto comunitario El Destino, aduce que el mínimo vital funciona con la misma lógica que en el área urbana, pero la diferencia es que ellos deben tramitar el subsidio con cuentas de cobro en las oficinas de la administración, en donde se aumenta la tramitología, se afecta la gobernabilidad y demuestra que las entidades desconocen las dinámicas del campo, pues el cobro de estos subsidios corresponde casi a lo mismo que gastan desplazándose a la ciudad. Por ende, no existe una focalización especial para el entorno rural. Deberían existir criterios diferentes ya que las dinámicas del campo son distintas.
En consecuencia, se reclama que parte de la cualificación de la aplicación del mínimo vital debe trascender el estrato socioeconómico como referente único de asignación, ya que solo considera la ubicación geográfica. Y se debe optar por considerar los ingresos económicos, el número de personas por hogar y fenómenos sociales emergentes como ha ocurrido con el COVID-19.
Bogotá no se puede quedar sin una herramienta de gestión hídrica como es el Plan Distrital del Agua y por ende su estrategia 6 del Mínimo Vital al Agua. En ese sentido, la concejal Ati Quigua propone la iniciativa de acuerdo 190 de 2022, por medio del cual se renueva el Plan Distrital del Agua para Bogotá, reconociendo la deuda de Bogotá con el agua, que en medio de la Coyuntura Covid y después de 10 años del PDA y el mínimo vital, se debe contemplar la decisión de modificar los criterios de instrumentalización y focalización y la cantidad de metros cúbicos del mínimo vital, en vista de la necesidad de avanzar de la visión del agua como servicio público y mercancía al derecho humano al agua, a los derechos del agua, el territorio, la ciudad y el campo.
Por lo tanto, creemos que la relación que tiene una sociedad con el agua determina no sólo su relación con la naturaleza, sino entre los seres humanos que la integran. En ese marco, la sola garantía del consumo de agua fortalece la mirada sectorial que sustenta la valoración del ciudadano como usuario, no como habitante. Que es la condición que reclamamos como centro de un nuevo modelo de gestión del agua. Por ello, la garantía del consumo de un mínimo vital aporta al modelo de ciudad y vida en el marco del buen vivir.
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