Para la concejal Marisol Gómez, la propia alcaldesa Claudia López dejó en evidencia que no ha habido trabajo del Distrito con otras instituciones para combatir las rentas criminales en Bogotá, en declaraciones que dio luego del Consejo de Seguridad que encabezó con el presidente Gustavo Petro.
“A mí en particular me sorprendió que la Alcaldesa presente como una novedad que la instrucción del presidente Petro fue que Dijín, Dipol, Sijín se tienen que coordinar con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para hacer muy buena inteligencia y contrainteligencia. Eso ratifica que a ella se le olvidó el compromiso adquirido en su propio Plan de Desarrollo”, sostuvo la concejala.
En medio del debate de ese Plan en 2020, por escrito y luego verbalmente durante una reunión con la bancada, la concejal le pidió expresamente a la Alcaldesa que incluyera como un punto de su Plan de Desarrollo la articulación con todos los organismos de investigación y de inteligencia del Estado, incluida la UIAF, para atacar las rentas criminales y el lavado de esos activos porque poco se avanzaba en la lucha contra el crimen si se hacían capturas, pero no se atacaban los activos de las estructuras criminales.
Lo más llamativo –para la concejal Gómez– es que al buscar en la página web de la Alcaldía donde se muestran los avances de ese Plan hay dos porcentajes sobre un supuesto cumplimiento en el trabajo contra las rentas criminales: 51% y 78%. Pero la realidad es que hasta hace pocos días no había trabajo en el tema.
La concejal tiene información que desmiente a la Secretaría de Seguridad en las respuestas que envió por escrito (derecho de petición) antes del debate y en las que aseguran que hay una "articulación fluida y armónica" con organismos de seguridad e inteligencia para desmantelar activos de bandas criminales. “Contrasté las respuestas que recibí de la Policía y de la Secretaría de Seguridad con quien hasta hace pocos días fue el director de la UIAF, Javier Gutiérrez, y él desmintió que hubiera articulación con la Secretaría de Seguridad.
Y en respuesta a un derecho de petición de la concejal, la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía, aseguró no tener ningún tipo de articulación con la Secretaría de Seguridad de Bogotá.
Para Gómez, las tres grandes conclusiones en la lucha contra el lavado de activos en Bogotá son:
1. En los primeros dos años y medio del gobierno de Claudia López no hubo articulación ni intercambio de información entre las entidades distritales y las nacionales responsables de perseguir el lavado de activos, a pesar de que el tema está incluido en el Plan de Desarrollo. Es decir, más de dos años perdidos.
2. Por esa falta de coordinación, hoy tenemos una radiografía incompleta sobre cómo las organizaciones delincuenciales están ocultando, lavando o camuflando sus bienes y activos.
3. Como consecuencia de la inacción del Gobierno Distrital no hay resultados contra las rentas criminales y el lavado de activos. Lo único que se ha hecho en Bogotá es la incautación, con fines de extinción de dominio, de casas de microtráfico.
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