Niñez forzada a trabajar: informalidad, desempleo y pobreza

No es nueva la presencia de actividades laborales llevadas a cabo por niños, por el contrario, ha sido un rasgo propio de las sociedades precapitalistas y capitalistas. Pero la difusión de los derechos universales de la niñez en el siglo XX ha hecho que el fenómeno del trabajo infantil ponga en tensión el ejercicio de tales derechos.

En Colombia, por ejemplo, haber vivido un desplazamiento forzado en los últimos cinco años es el principal predictor de trabajo infantil en áreas rurales, mientras que en las zonas urbanas éste es más probable entre los hijos de madres sin estudios o que trabajaron a temprana edad, además de verse influido por los ingresos familiares.

Se estima que unos 10,5 millones de personas ejercen trabajo infantil en América Latina. Hay que recalcar que la región ha llegado a la cifra más alta de desocupación con un récord histórico de 41 millones de desempleados. Las cifras de pobreza son igual de desalentadoras: en 2020 hubo 22 millones más de personas pobres que en 2019[1].

Es todo este contexto el que ha propiciado un incremento en el porcentaje de trabajo infantil, tanto así que, según el director de la OIT, los avances logrados en una década podrían retroceder en tan solo un año. Con desempleo, crisis económica, trabajo informal y escuelas cerradas aparece la necesidad de que niños, niñas y adolescentes comiencen a trabajar para ayudar a sus familias.

Si el trabajo infantil se debe en gran parte a la pobreza, la solución a largo plazo radica en un crecimiento económico sostenido que conduzca al desarrollo, a mitigar la pobreza y a la educación universal. La vulnerabilidad económica que vive la sociedad y la poca sostenibilidad de los hogares que hace que los más pequeños salgan a trabajar no es un asunto reciente, pero sí debería ser un tema gradualmente superado.

Se ha comprobado que el acceso universal a una educación de calidad es un elemento central para combatir esta problemática, que en la práctica se concreta en prevenir el absentismo y el abandono escolar, mejorar el rendimiento académico y garantizar la escolarización obligatoria. Sin embargo, la escuela privada ha pertenecido a las clases más privilegiadas; en cambio, la escasa oferta de la escuela pública está destinada a las clases populares. El sistema educativo no cumple su función de equidad (que todos reciban una educación de calidad)[2] y de erradicar la pobreza.

Esta situación resulta paradójica en la medida en que se ha venido desarrollando un proceso de descentralización que ha aumentado considerablemente los recursos para el sector educación. No obstante, a priori no se puede establecer si estos recursos se están utilizando ineficientemente, si aún faltan recursos para poder lograr mejores niveles de calidad o si existe otro tipo de factores[3].

Desde el sector salud se han identificado 44.485 niños, niñas y adolescentes trabajadores entre los 5 y 17 años de edad en Bogotá, entre 2013 a junio de 2021, expuestos a actividades que ponen en riesgo su salud. Están en las calles, plazas de mercado que tienen alrededor comercio callejero, pasajes comerciales y parques, principalmente en la localidad de Usme (11,3%), Ciudad Bolívar (10,7%), Bosa (10,4%), Kennedy (9%), Suba (7,4%) y Engativá (6,9%)[4].

La escuela es el escenario ideal para llevar a cabo jornadas de caracterización a niños y niñas e indagar si realizan alguna clase de trabajo infantil, pues, por ejemplo, el tema del trabajo doméstico o tareas de cuidado son actividades invisibles y de difícil captación, lo que se traduce en que puede haber sub registro en las cifras. El otro problema es cómo y dónde detectar niños trabajadores que están por fuera del sistema escolar.

No bastan las acciones de sensibilización a los padres sobre los riesgos que implica el trabajo infantil si no se detecta en un 100% este fenómeno y si en su contexto cotidiano no tienen los recursos económicos suficientes para subsistir. Se requiere incrementar la oferta de servicios sociales para la primera infancia y la infancia y un fuerte componente de sensibilización comunitaria para favorecer cambios socio-culturales que protejan la niñez.

Las intervenciones efectivas son intensas sostenidas en el tiempo y promueven simultáneamente la educación obligatoria y la reducción de la pobreza con políticas redistributivas[5]. La educación se convierte en el mayor blindaje contra las amenazas a los derechos de niños y niñas, como el trabajo infantil, mas no puede ser brindado por familias desprotegidas que están por fuera de cualquier cobertura de protección social y de trabajos formales; debe ser construido por los gobiernos, los empleadores, la sociedad civil y miembros de la comunidad internacional[6].

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