Como parte del ejercicio de control político en el Concejo de Bogotá, en relación con nuestra trayectoria en el movimiento estudiantil y por ser una de las apuestas de la Unión Patriótica, queremos informar algunos hallazgos sobre el derecho a la educación superior con calidad y financiación estatal.
Desde la presentación del Plan de Desarrollo Distrital de la actual administración, se planteó la creación de una Agencia de Educación Superior, Ciencia y Tecnología para garantizar no menos de 20 mil nuevos cupos de educación superior gratuita, hasta ahí todo suena bien. Sin embargo, lo que ha quedado en evidencia es que se mantiene el mismo esquema de crédito-beca, replicando a nivel distrital las malas experiencias de los programas “Ser Pilo Paga” y “Generación E”. Lo cierto es que hasta el momento no ha habido gratuidad ni nuevos cupos, únicamente se encuentra la oferta de las alternativas de financiación a la demanda que ya existían en Bogotá con las que se condiciona al estudiante para poder acceder y se le pone en riesgo de endeudarse no garantizando el derecho integral a la educación.
En su momento, pedimos a la Administración que en vez de gastar en la creación de la Agencia 30 mil millones como se afirmó que costaba, este dinero fuera a la base presupuestal de la Universidad Distrital y al fortalecimiento del Fondo de Universidades Públicas. A pesar de estos llamamientos, la Administración en su continuismo peñalosista aprobó con sus mayorías en el Concejo de Bogotá la creación de dicha Agencia, malgastando los recursos públicos sin que hasta hoy se haya garantizado un solo nuevo cupo gratuito.
Confirmando esto, en respuesta a un derecho de petición nos informa que, de la meta de 20 mil nuevos cupos, a corte de diciembre de 2020, se llevaban 544 beneficiados de los cuales 313 son apalancados por el fondo FEST principalmente en universidades privadas por intermedio del ICETEX en la modalidad crédito-beca. Sumado, en las respuestas que nos dio se hace evidente otra pésima inversión en el programa “Reto a la U” el cual permitía al beneficiario acceder a 8 créditos académicos en IES, sin ninguna garantía de continuar los estudios ni de graduarse; para este programa a la fecha se reporta un gasto de alrededor de 35 mil millones, a pesar de que de la primera a la segunda convocatoria tuvo una disminución en sus beneficiarios de cerca del 70% y acumula un nivel de deserción de casi 30%, lo cual demuestra su fracaso como política. En contraste con esta desafortunada inversión de los impuestos de los bogotanos, para la matrícula cero de más de 25 mil estudiantes en la Universidad Distrital, la Administración a las malas aceptó aprobar para la vigencia de 2021 tan solo 7 mil millones de pesos los cuales garantizan un semestre, obligando a la Universidad a cubrir el año con recursos propios agrandando el déficit presupuestal con el que cuenta.
Asimismo, cabe resaltar que, bajo la promesa de la Agencia, que también manejaría el gasto en ciencia e investigación, aún no es clara la inversión destinada para esto. Lo único que se ha hecho son algunos convenidos de la Secretaría De Salud en el marco de la pandemia y la habitual actividad del IDEP. Por ahora, lo existente es una réplica del modelo de educación superior como servicio donde la universidad pública no es una invitada central.
Reiteramos nuestra propuesta de garantizar la educación superior como un derecho que debe ser universal, no un privilegio, con financiación plena del Estado, en una lógica de progresividad de derechos y no de restricción a los mismos. Una sociedad en la cuarta revolución industrial que tiene como epicentro y riqueza fundamental el conocimiento, no puede seguir sosteniendo modelos privatizados o semiprivados de la educación de castas del siglo XX. Por ello, es claro que sin educación masiva, de calidad y científica no es posible desarrollar democráticamente nuestra sociedad.
Por lo anterior, el Distrito, dando un manejo eficiente y acertado de los recursos públicos, debe invertir más en el fortalecimiento y ampliación de la Universidad Distrital, así como en apoyar las otras seis universidades públicas con presencia en el distrito que atienden a más de 40 mil estudiantes y el SENA que ofrece más de 100 programas de formación que pueden ir directamente a los territorios. En consecuencia, dejar de preocuparse por resolver la matrícula de las universidades privadas, cuyos costos en condiciones de calidad siempre serán más altos y, en últimas, terminan beneficiando exclusivamente a los dueños de estos negocios. Este debe ser el verdadero énfasis de una nueva política de educación superior del distrito si realmente se aspira a ser una alternativa a lo que siempre ha existido.
