Nuestra unión contiene la fuerza de los fogones y de nuestros hogares, la fuerza de la palabra dulce pero no por ello débil; la fuerza de una democracia vital y del cuidado. Vamos a maternar el futuro, somos semilla

Quiero iniciar esta intervención extendiendo un saludo fraterno desde las mujeres de la Sierra Nevada de Santa Marta a todas ustedes, mujeres que han venido desde la selva, los ríos, los bosques, los desiertos, las montañas, los campos y ciudades a participar de este importante Encuentro.

Este espacio resulta fundamental en ese propósito que como madres, hijas, lideresas y sabedoras podemos hacer realidad, la transición de una democracia agonizante a una democracia vital, donde se promueva un mejor futuro, saludable, en armonía con la naturaleza y en paz.

Como mujeres, desde los distintos niveles de participación hemos tenido que superar grandes obstáculos que no han logrado disminuir la fuerza de nuestra palabra. Hemos sido marginadas de las esferas del liderazgo político, tal como lo han reconocido importantes instancias globales como la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues hemos sido víctimas de leyes impuestas, prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios, que han querido, sin éxito, silenciar nuestras voces.

Aunque representamos el 51.2% de la población en Colombia, tan solo el 12% de quienes ocupan cargos de elección popular son mujeres: el 14% de concejales, el 17% de diputadas, el 9% de alcaldes y el 21% del Congreso. Según la ONU esa inequidad determina que Colombia se ubique en el puesto 67 entre los 142 países con mayor brecha de empoderamiento político.

No obstante, esas cifras sólo muestran una mirada sobre la participación alineada a los espacios de orden electoral, dejando de lado aquellos espacios colectivos de enseñanza y formación proyectados a las próximas generaciones; así como los liderazgos que las mujeres ejercen en las organizaciones sociales, indígenas, afros, ambientales, comunales, roles que han sido permanentemente omitidos e invisibilizados.

El principal obstáculo para la participación de las mujeres en política son los hechos de violencia, estructurales e históricos, de los que venimos siendo víctimas. Al respecto el Informe de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales del año 2020, realizado por la Misión de Observación Electoral –MOE, indica que “de los 248 hechos registrados en lo corrido del 2020, 57 de ellos (el 23%) corresponden a hechos contra lideresas políticas, sociales y comunales.”

Ahora bien, los hechos de violencia de los que somos víctimas las mujeres que ejercemos un liderazgo en nuestros pueblos, comunidades, en la defensa de los derechos y en el ejercicio político, ocasionan afectaciones diferenciadas, como señala el mismo informe de la MOE “la participación de las mujeres en política no se reduce a los espacios político-electorales, sino que también ejercen roles de liderazgo en las organizaciones sociales, indígenas, afros, ambientales, comunales, entre otras.” Y agrega:

“El hecho violento más recurrente contra las mujeres en ejercicios de liderazgo es la amenaza. Al respecto, resulta necesario destacar que este tipo de afectaciones tienen un tinte particular en el caso de las lideresas, pues al ejercer este mecanismo de presión sobre ellas, quien las realiza recurre también a estereotipos y simbolismos que extienden la afectación a sus familiares y allegados, afectando así la integridad psicológica de quienes las rodean. Dicho de otro modo, a diferencia de lo que ocurre con los líderes, en que las amenazas se dirigen a ellos exclusivamente, en el caso de las lideresas, por regla general las amenazas incluyen referencias a su condición de mujer, y amagos contra las personas más cercanas a ellas.

Aunado a esto, precisamente por el contexto de exclusión histórico de las mujeres en la participación en el debate público, las amenazas contra las lideresas les trascienden, pues al dirigirse a su condición de género, se convierten en una medida de disuasión contra otras mujeres a participar en esos mismos espacios.”

Por estas razones es necesario que no sólo se realice un tránsito normativo que brinde mayores oportunidades electorales a las mujeres que ejercemos el liderazgo político, sino que se nos brinden garantías reales y efectivas para nuestro ejercicio político y que por este hecho no seamos objeto de los hechos de violencia que se vienen recrudeciendo desde la firma de los acuerdos de paz.

Somos nosotras las que implementamos las políticas de cuidado, bienestar, y de conservación cultural, social y ambiental. En ese ejercicio, muchas de nosotras han entregado su vida a favor de la salud familiar y comunitaria, sacrificio que hoy, día internacional de la salud, debemos reconocer y resaltar.

Adicionalmente, las mujeres hemos sido perseguidas y amenazadas, tal como lo muestran las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que entre los años 2009 y 2014 registra 731 casos de homicidios de mujeres, perpetrados por su expareja o pareja, siendo este el principal agresor identificado. Esto significa que los asesinatos de mujeres en Colombia se perpetran en un promedio de 122 por año, 10 por mes, y 1 cada 3 días. En el caso de la violencia sexual, entre 2004 y 2014 el Instituto registró 181.093 víctimas de género femenino.

Considerando los altos niveles de distorsión en la información que ofrece el subregistro, según el Observatorio de Feminicidios en Colombia en el año 2020 se presentaron 630 feminicidios, y en lo que va corrido de este año (a febrero) ya alcanzábamos la cifra de 106, 34 de los cuales han sido a mujeres indígenas; siendo los casos más reciente el de la mayora del Pueblo Camentsa Biyá, alcaldesa, María Bernarda Juajibioy, asesinada en compañía de su pequeña nieta y de la lideresa Wayuu Aura Esther García, quien precisamente había denunciado amenazas contra su vida. Denuncias que no fueron atendidas.

Desde que se suscribió el Acuerdo de Paz, entre los últimos 20 meses del gobierno Santos y los primeros 23 meses del gobierno Duque, el 13.49 % de los homicidios en el país se perpetraron en contra de mujeres.

Estamos en medio de una sistemática y oscura estrategia de aniquilación de las voces femeninas, frente a la cual no sólo no cesaremos en nuestras labores, sino que debemos unirnos para hacer escuchar nuestros derechos y necesidades, y nuestras propuestas para la instauración de una agenda nacional de democracia vital desde la diversidad. Los ataques contra lideresas y defensoras de los derechos humanos en Colombia, tal como lo manifestó la Misión de Verificación de la ONU, son un gran desafío para la participación activa de las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida nacional.

Las mujeres hemos sido las guardianas de la paz, somos impulsoras del perdón, la sanación y la reconciliación. Razón por la cual debemos estar en el centro de la implementación de los Acuerdos de Paz.

No basta con que la palabra “mujer” haya sido mencionada 222 veces en el texto del Acuerdo final, puesto que fuimos parte crucial de su construcción, al lograr que por primera vez en un proceso de paz se haya incorporado una Subcomisión de Género, desde la que se transversalizó ese enfoque en todos los puntos del Acuerdo, definiendo medidas específicas para mejorar la vida de las mujeres en el tránsito que el país inició hacia la paz. Más que formas de ser nombradas, necesitamos espacios de visibilización y acción para las mujeres.

Además de lo anterior, desde tiempos ancestrales las mujeres hemos tenido una relación directa con la naturaleza, por lo cual hemos jugado un papel protagónico en el florecimiento y sostenibilidad de nuestras comunidades y su relación con los ecosistemas, con la diversidad biológica, y con la protección del balance natural de los poderes extractivistas y patriarcales que pretende acabar con los cuerpos vivos del agua.

En Colombia poseemos el 73% de los páramos del mundo; nuestras cuencas entregan notables cantidades de carga contaminante al mar Caribe y al océano Pacífico; y ostentamos el segundo lugar en biodiversidad. No obstante, los apremiantes procesos de contaminación del recurso hídrico, la degradación evidente de los ecosistemas, la reducción inconmensurable de los servicios ecosistémicos, y la débil respuesta del Estado frente a los intereses privados, ha impedido ejerzan su derecho a la protección y conservación de los sistemas hídricos, en el marco de un ordenamiento territorial que priorice el agua como su eje vertebrador, en el marco de los Derechos de la Naturaleza.

A pesar de nuestra gran riqueza natural, Colombia está atrasado en más de 200 años en infraestructura y desarrollo tecnológico para el abastecimiento y consumo del agua, y en más de 50 años en materia de derechos humanos, en especial en defensa del ambiente y la biodiversidad

Es urgente generar estrategias intersectoriales para la protección del Agua en Colombia, y de los liderazgos femeninos asociados. A pesar de que en el mundo hay una disponibilidad cercana a los 43.764 kms3 de agua cada año, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud unos 663 millones de personas no tienen acceso al agua. Según cifras de la ONU hoy la escasez de agua, hoy ronda los 1300 millones, cifra que aumentará en más de 2000 millones de personas antes del 2025. Aunque Suramérica tiene 28% de los recursos de agua natural, el 9% de su población no tiene acceso al Agua. en el caso de Colombia, de las fuentes de agua que poseemos tan sólo un 5% es asequible, a las cuales el 40,2% de la población no tienen acceso.

Se han dado pasos trascendentales, por ejemplo en el Plan Nacional de Desarrollo actual se concertaron 26 acuerdos orientados al fortalecimiento de los procesos internos de las mujeres indígenas para salvaguardar los sistemas de conocimiento relacionados con la espiritualidad, la integridad de la familia indígena y el territorio; el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas; la garantía de la participación en la implementación del Acuerdo de Paz; la prevención de todas las formas de violencia; la necesaria caracterización de las vulneraciones de derechos de la mujer, juventud y niñez indígena: la atención a la población indígena en situación de discapacidad; el fortalecimiento de los programas de lenguas nativas; la Política Pública Nacional de Alimentación Infantil; programas para la prevención del reclutamiento infantil; Programas de derechos sexuales y reproductivos; atención de las desarmonías familiares y comunitarias; una ruta de atención integral para la población indígena con orientación sexual diversa; y la implementación del Auto 092 que tras 13 años de su expedición no ha sido posible concertar el plan de acción que lo convierta en una realidad, por falta de voluntad política del Gobierno Nacional.

Esta también el Plan de Desarrollo Distrital en el cual se concertaron 783 acuerdos con los grupos étnicos de los cuales 92 están dirigidos a las mujeres étnicas, sin embargo, no se han realizado los espacios de participación que permitan identificar la trazabilidad en el cumplimiento de las metas y presupuesto de los mismos.

Vemos entonces una actitud discriminatoria hacia nosotras que se traduce en que los presupuestos para la implementación de los acuerdos suscritos, muchos de ellos instrumentalizados a través de leyes y acuerdos, sean irrisorios. Debemos entonces instaurar una Comisión de Seguimiento desde las mujeres para exigir el respeto de los acuerdos, debemos tener una actitud histórica de empoderamiento de las luchas que ya hemos alcanzado.

Entre las mujeres que han marcado la historia del mundo, brilla el caso de Vandana Shiva, quien, superando todas las formas de discriminación de su entorno social, llegó a convertirse en un símbolo de resistencia debido a sus logros académicos y políticos, fundamentados en la defensa de la semilla. Tenemos el reto de rescatar esos referentes, para enaltecerlos y continuarlos desde la unidad en la diversidad.

Estamos en un momento de cambio histórico, y las mujeres no podemos ser ajenas a ese proceso. Frente a la exponencial enfermedad del ambiente y las mentes, la fuerza de lo femenino es la garantía de la defensa de los territorios y los cuerpos, la garantía de la recuperación y sanación emocional y espiritual de las comunidades.

“Hay memorias ancestrales de dolor de nuestras madres, abuelas, tatarabuelas, bisabuelas, que no hemos hecho conscientes pero que están impregnadas en nuestras memorias corporales. Luego fuimos gestadas, nacimos, crecimos y todas esas formas de violencia, el cuerpo las soporta. Hay una cadena de acumulados históricos estructurales de la opresión sobre los cuerpos y sobre la madre tierra”

En el sendero cósmico y político de la sanación debemos comenzar a andar. Cósmico por la memoria sanadora de las ancestras y el vínculo con la naturaleza, y político porque no se trata solamente de sanar para estar bien, sino para seguir defendiendo y cuidando, para volver al origen, liberándonos de las cargas que tenemos en nuestros cuerpos.

Mi llamado a ustedes es a nombre de la unidad. Nuestra unión contiene la fuerza de los fogones y de nuestros hogares, la fuerza de la palabra dulce pero no por ello débil; la fuerza de una democracia vital y del cuidado. Vamos a maternar el futuro, somos semilla.

Somos parte de un movimiento político propositivo, renovador, pluralista, democrático, incluyente y defensor de los derechos humanos, de la madre tierra y de la paz. Un movimiento que se dispone a instaurar un modelo de sociedad desde el Buen Vivir, es decir desde la gobernanza plural, la paz, y la diversidad étnica, política, social y cultural de nuestros pueblos. Somos la voz universal de los Pueblos Indígenas, en la que todos se verán un día reflejados.

Ati Quigua

Segundo Encuentro Nacional de Mujeres Maisistas.

Desde nuestros fogones al Pacto Histórico