El cabildante explicó que con el decreto de Peñalosa los conductores y propietarios de taxis deberán contratar la aplicación que definan las empresas a las que se afilien los vehículos, sometiéndolos a un monopolio inaceptable. Además, no hay claridad sobre los costos que deberán asumir los taxistas y usuarios, y el aumento de las tarifas terminará beneficiando a Uber que sigue prestando un servicio ilegal bajo la alcahuetería de las distintas autoridades. El alcalde tampoco ha aclarado cómo se van a proteger los datos y la información personal de los usuarios (http://bit.ly/2xKfNcy).
“Esta medida ratifica el desprecio de la administración Peñalosa al gremio amarillo, probado también en el escasísimo control y la alcahuetería distrital hacia la ilegalidad de Uber. El alcalde debe echar para atrás el decreto hasta que Movilidad se siente con todo el gremio y discutan ampliamente las modificaciones propuestas”, concluyó el concejal Manuel Sarmiento.