El alza significa un encarecimiento del 10% para los usuarios de los buses rojos y del 17% para los de los buses azules, por encima de la inflación (5.75%) y del aumento del salario mínimo (7%).
“No es cierto que el incremento de las tarifas sea algo inevitable, como ha sugerido el alcalde Peñalosa”, señaló Sarmiento. Si bien el sistema de transporte viene funcionando con un cuantioso déficit, antes que aumentar las tarifas el Alcalde debería modificar los contratos con los operadores privados como se lo permite la ley. A cinco de los siete operadores de las Fases I y II, los ciudadanos les siguen pagando los buses que ya están totalmente pagos, gabela con la que los negociantes de Transmilenio tienen una exagerada rentabilidad sobre el patrimonio del 15%. Y en la prórroga que Peñalosa les concedió a los otros dos operadores de la Fase I, el pago por pasajero solo se redujo en un 19%, cuando la remuneración por la inversión de los buses representaba el 40% de los costos.
Sarmiento añadió que este nuevo encarecimiento del transporte se decreta a pesar de que la calidad del servicio ha empeorado. Según cifras de la administración, en 2016 la velocidad promedio de Transmilenio disminuyó en un 2% y el número de articulados varados creció un 65%, pasando de 5.534 casos en 2015 a 9.157 en 2016. El concejal del Polo recordó que hace un año el alcalde Peñalosa elevó las tarifas afirmando que el alza serviría para mejorar la calidad del servicio, promesa que no cumplió y que ahora repite para justificar una nueva alza inaceptable de los pasajes.
