Por la Reconstrucción del Tejido Social: Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de la Violencia en el Distrito Capital

Para el fin del presente documento, se entiende que estamos ante violencia política, descrita como la comisión de actos violentos motivados por la obtención o el mantenimiento del poder político, que se manifiesta en fenómenos como la creación de grupos al margen de la ley (guerrillas y grupos de autodefensas), asesinatos selectivos, desplazamiento y desaparición forzosa, el reclutamiento de menores de edad, el control territorial y la violencia sexual como arma de guerra, viéndose victimizada principalmente la población civil.

Por su parte, las víctimas son definidas por la Ley 1448 DE 2011[1], en su artículo tercero, como “aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”.

Según información obtenida del Registro Único de Víctimas (RUV), para el 01 de enero de 2018, en el país se registraron 8.625.631 víctimas, de las cuales 8.286.032 son víctimas del conflicto armado. Según las cifras del RUV, el desplazamiento es el hecho de mayor ocurrencia en el país, con 7.338.916 víctimas registradas, y es un fenómeno que, si bien ha disminuido considerablemente, aún está latente.

Del territorio nacional, Bogotá D.C. es una de las ciudades con mayor recepción de víctimas del conflicto armado interno, ocupando el segundo lugar después del departamento de Antioquia[2]. Por ejemplo, en el 2017 en el Distrito se reportaron un total de 6.366 personas provenientes de distintas partes del país víctimas del desplazamiento forzado, sin mencionar las cifras de los años anteriores.

Se ha identificado que entre las personas desplazadas existe un grupo etario caracterizado por niñas y niños entre los cinco (5) y doce (12) años, y adolescentes entre los ocho (8) y (16) años, quienes requieren una atención especial, de manera oportuna y eficaz por los diversos entes competentes.

En Bogotá D.C. residen 54.743 niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado, según el Sistema de Información de Víctimas de Bogotá (SIVIC). Llegan a la ciudad a vivir sobre todo a las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Suba, San Cristóbal y Usme.[3] Y, según cifras suministradas por la Alta Consejería para las Victimas, los menores de edad (niñas, niños y adolescentes entre los 0 y 17 años) que han sido víctimas y que residen en el distrito son 96.023.[4]

Arriban a Bogotá con sus familias, luego de haber sido víctimas en otras regiones. La mayoría eligen la capital de la república como su destino por considerar que pueden tener más oportunidades; el Distrito los atiende y de acuerdo al estado de vulnerabilidad, les brinda ayuda, que puede ir desde albergue temporal, alimentación y aseo hasta atención primaria en salud.[5] La Administración Distrital, a través de sus centros y puntos de atención a víctimas, ha atendido 23.523 niños de 0 a 5 años, 18.951 entre 6 y 12 años y 12.681 entre 13 a 17, según el SIVIC.[6]

Se identifica como necesidad, entonces, que esta población de niñas y niños  y jóvenes sean formados con valores de paz, convivencia, tolerancia y respeto, con el fin que sean capaces de sobrellevar los eventos traumáticos a los que fueron sometidos, a la vez que se conviertan en agentes multiplicadores de experiencias de reconciliación y de la prevención de la violencia en sus territorios, pues se considera una alternativa idónea y eficaz para ayudar a los infantes y jóvenes de las localidades más afectadas por la violencia a prevenir y controlar factores de riesgo (como por ejemplo la agresividad que los puedan conducir a la creación y/o recepción de conductas violentas) y a desarrollar aptitudes sociales que les permitan ser capaces de resolver conflictos de manera pacífica.[7]

Largos años de conflicto ha generado en gran parte de la sociedad colombiana profundos sentimientos de desarraigo y resentimiento, en especial en aquellas personas que de una u otra manera tuvieron una relación directa con el conflicto, ya sea como víctima o victimario. Esto a su vez ha generado una ruptura del tejido social, especialmente en aquella población que ha sido víctima del desplazamiento forzado.

Dado lo anterior, es importante emprender acciones para que el fenómeno del desplazamiento no se convierta en una problemática a futuro en el Distrito Capital. Se hace necesario, entonces, reestablecer y fortalecer las relaciones significativas que determina formas particulares de ser, producir, interactuar y proyectarse en los ámbitos familiares, comunitarios y laborales, propias del tejido social.[8]

Se reconoce pues, la urgencia de enfatizar el papel de la educación y los componentes físicos, pedagógicos, participativos y comunitarios de la misma, así como también la construcción de proyectos y programas educativos que sean focalizados a la población de víctimas, pues, evidentemente, sus condiciones son diferentes y debe existir una mayor y especial cobertura que brinde unos servicios especiales a la población infantil afectada que fue descrita en líneas precedentes.