Cabe señalar que la protesta social es un derecho que sirve para defender los demás derechos. Es una expresión política en donde el ciudadano se expresa y actúa para cambiar sus condiciones de vida, así como para intervenir en las estructuras que mantienen la injusticia y la indignidad. En nuestro país las relaciones desiguales con el poder político, la falta de acceso a recursos y la insuficiente intervención de los problemas sociales mantienen el conflicto social y político.
Los Estados asumen diferentes posturas para abordar la protesta social. Durante varias décadas, en el país la protesta social no fue reconocida como una acción política o un asunto que mereciera alguna solución por parte del Estado, por el contrario, era concebida como un tema de orden público, de forma que, si era disfuncional, debía ser intervenida con contundencia y ser reducida. Pero esta situación cambió a partir de la Constitución de 1991, la cual consagra en su Artículo 37 el derecho de toda persona a reunirse y manifestarse.
Pero desafortunadamente, una característica común de las protestas que se han desencadenado a lo largo del último año en el mundo entero es la enorme dureza de la respuesta del Estado, que en muchos casos equivale a violaciones graves de los derechos humanos. Cabe señalar que protestar no es un delito, sino un derecho humano. La forma en que los gobiernos en general han decidido responder a estas protestas es enormemente desproporcionada, injustificada y, por tanto, ilegítima.
Quienes protestan están ejerciendo sus derechos humanos y debe permitirse que lo hagan. Pero lo que es igual de importante es que las razones por las que las personas están tomando las calles están muchas veces ligadas a cuestiones de derechos humanos.
En el caso concreto de Bogotá, tras la dura represión por parte del Esmad a las marchas y, en especial, tras la tragedia de Dilan Cruz, son múltiples las exigencias al Gobierno Nacional para que desmonte los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía, pues consideran que son demasiados los excesos que han cometido.
Algunos expertos en temas de seguridad, sostienen que NO es viable desmontar el Escuadrón Antidisturbios, pero hacen un llamado a mejorar y a profesionalizar sus integrantes, para que su accionar esté basado en el respeto por los Derechos Humanos.
El problema que se viene presentando con el Esmad es el incumplimiento de estos protocolos. Desde la Procuraduría se han elevado voces que señalan que en las marchas de Bogotá se ha presentado un evidente exceso del uso de la fuerza, como se pudo evidenciar en la a intervención del ESMAD en una protesta feminista en el Parque Nacional hace dos días, en donde el papel de la fuerza pública fue ampliamente criticado en los medios de comunicación. Asimismo, se han presentado cientos de denuncias, que se han evidenciado a través de videos y testimonios, en las cuales acusan a la fuerza pública de actuar desmedidamente frente a manifestantes que ejercen su derecho a la protesta de manera pacífica.
Continúan interrogantes y la necesidad de acciones asertivas de la Administración Distrital, frente a las cuales llamamos la atención y pedimos respuestas contundentes:
- • Surge la necesidad imperiosa de la implementación de acciones asertivas por parte de la Administración Distrital, frente a las cuales llamamos la atención y pedimos respuestas contundentes.
- • ¿Está funcionando y actuando la Mesa distrital de seguimiento al ejercicio de los Derechos a la libertad de expresión, reunión, asociación y movilización social pacífica? ¿Asisten todos sus integrantes (SD Salud, Comandante de la Policía, Comandante del Esmad, los 6 delegados de la sociedad civil, Los invitados)?
- • ¿Están realizándose las Comisiones de verificación e intervención con la sociedad civil?
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Recomendamos que el Esmad NO acompañe protestas de carácter pacífico, para evitar caer en la provocación de unos y otros actores en medio de las marchas, así como suspender el uso de armas letales. También recomendamos la disminución del tamaño del Esmad, pues su mantenimiento representa unos cosos elevados para el erario público. Según los datos oficiales, el Esmad tiene 3.876 integrantes en todo el país (3.770 hombres y 106 mujeres), que están distribuidos en 24 escuadrones. En Bogotá operan 565 agentes del Esmad, en tres escuadrones distintos. Asimismo, el presupuesto anual para la operación del Esmad en el país es de 490.000 millones de pesos anuales. Lo anterior quiere decir que el Gobierno gasta, en promedio, cerca de 1.340 millones de pesos al día para garantizar el funcionamiento de sus diferentes escuadrones.
No obstante, consideramos que es inapropiado su desmonte total, pues se han presentado casos en los cuales es necesaria la intervención del Escuadrón Antidisturbios, en escenarios en los cuales se requiere el accionar de la fuerza pública especializada en amotinamientos y vandalismo extremo.
Finalmente, insistimos en el enfoque de derechos humanos, de género, de diversidad y diferencial en garantía de la dignidad humana, respeto, amparando el derecho a la movilización y protesta pacífica.
Concejal Partido Liberal Colombiano
