En Bogotá, los impactos negativos, económicos y sociales, producto del covid-19 se suman a las deficiencias ya existentes en calidad y acceso a la salud, educación, vivienda, servicios públicos, entre otros. Tenemos una tasa de desempleo del 18,1%, y una tasa de informalidad del 41,8%, lo que indica que casi la mitad de la población ocupada de la ciudad se encuentra en la informalidad o la economía popular, principalmente mujeres.
La pobreza va en aumento y gran parte de ella se concentra en la informalidad, la cual surge debido a la incapacidad del Estado y del sector formal para generar empleos suficientes en condiciones dignas, así, la economía popular resulta ser la única opción de muchas personas para encontrar ingresos y subsistir. Hoy la economía popular es un sector invisibilizado que no reporta en las cuentas nacionales, por ende, no tiene ningún tipo de incentivos a pesar de dinamizar la economía, como lo son las panaderías, cafeterías, peluquerías, papelerías, la agricultura urbana y el comercio en general en el espacio público, y por esas dinámicas de inestabilidad muchos de estos no cuentan con los ingresos constantes y suficientes para asumir una inscripción a Cámara de Comercio, reportes ante la DIAN, pago de impuestos y otros que exigen la “formalización”.
En ese sentido, desde el Concejo de Bogotá proponemos, a través del proyecto de acuerdo de Alianzas Publico - Populares, la creación de incentivos que brinden oportunidades para generar ingresos a quienes se dedican a la economía popular. Este es propuesto por 13 concejales de distintas bancadas y contempla la posibilidad de hacer efectivas estas alianzas a través de 3 alternativas:
1. Suscribir Pactos de Acción Colectiva entre la administración distrital y los actores de la economía popular para el uso del espacio público, mediante un proceso de participación y concertación.
2. La ejecución dirigida de programas y metas para el cumplimiento de los objetivos de los respectivos planes de desarrollo del Distrito por quienes pertenecen a la economía popular.
3. Discriminación POSITIVA en todos los procesos de selección adelantados por el Distrito -incluidas las alcaldías locales-, lo que implica que se otorgará un puntaje adicional a los actores de la economía popular que participen en estas licitaciones.
De esta manera, las alianzas público - populares pretenden constituirse en una medida de equidad y efectividad del derecho a la igualdad material para una gran parte la población bogotana que encuentra en la economía popular su medio principal de sustento, pero para quienes los apoyos estatales desde el distrito han sido muy reducidos y dispersos hasta el momento.
