Es evidente cómo este marco normativo quiere afianzar las bases de la convivencia ciudadana en el marco del posconflicto, lo cual será efectivo si se complementa con procesos sancionatorios efectivos y reales, pedagogías en construcción de cultura, paz y formación ciudadana.
La palabra convivencia proviene de la traducción al español del latín conviventia. El concepto puede dividirse en dos partes: por un lado, “con”, del latín cum, sobre la cual se establecen diversas relaciones entre individuos que integran una comunidad. Por otro la raíz “vivencia”, proveniente de vivere, que se refiere a la existencia o a la vida misma. Si se descompone el vocablo, se encuentra entonces que convivir es “vivir con”, lo cual exige y lleva implícitas una sociedad y una paz (Londoño, 2014).
Hay que decir que este código es un manual de convivencia que pretende mejorar la cultura ciudadana, exalta los derechos y deberes ciudadanos, en miras a garantizar principalmente la sana convivencia y el debido proceso sin perjuicio de las sanciones que se prevén.
Así mismo, busca provocar un cambio cultural, para que el Código se cumpla, cada ciudadano tendrá que comprender que si no contribuye a la convivencia pacífica, no solo vulnera derechos de las personas, si no que tendrá que someterse a medidas de carácter pecuniario.
En este orden de ideas, es importante la coordinación con las 20 localidades, por medio de las alcaldías locales, para dar a conocer las normas y sus sanciones, pues la desinformación conlleva que en ocasiones la ciudadanía no acate las normas.
La veeduría distrital ha recomendado que una acción para mejorar la implementación del código es dar celeridad a los Consejos de Seguridad y a los Comités Civiles de Convivencia para prevenir posibles abusos de autoridad y extralimitaciones en el ejercicio de la actividad de la Policía; además, recomienda avanzar con la reglamentación de los Consejos de Seguridad y Convivencia y de los Comités Civiles de Convivencia (Art. 19) porque estos últimos permiten que la ciudadanía participe en el análisis de hechos y fenómenos que afectan la convivencia, así como tramitar las quejas, denuncias, peticiones o reconocimientos reportados en relación con la actividad de la Policía.
Según el presidente de la Republica Juan Manuel Santos, el principal objetivo de la reforma al Código de Policía está encaminada a enfrentar los retos del posconflicto, para ello debemos prepararnos para enfrentar el fenómeno delincuencial y la percepción de inseguridad que vive el país, tanto que entre las recomendaciones expresadas por el mandatario se apunta a sacar a los uniformados de las oficinas y ponerlos en las calles para que refuercen la seguridad. Una conclusión que quizás no necesitaba mayor análisis, pues si de algo se quejan los colombianos día a día es de la delincuencia que campea sin control en las ciudades.
En el contexto del posconflicto es muy probable el surgimiento de nuevos escenarios de violencia, por lo cual dentro del nuevo esquema se deberá fortalecer e impulsar el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos (Masc) como herramienta eficaz para prevenir el escalamiento
de las contravenciones, el conflicto y las violencias, mediante iniciativas de promoción y vinculación ciudadana. Es fundamental que los ejecutores de la función de policía fomenten mayores sinergias intersectoriales para el mantenimiento de la convivencia, además de que dispongan de recursos para invertir en convivencia, más allá de la inversión que se hace en seguridad o en el funcionamiento del cuerpo policial.
Del mismo modo, la atención y el seguimiento a los desmovilizados debe partir desde la base de las entidades territoriales, ya que sobre ellas recae toda la responsabilidad para prevenir la reincidencia delictiva y, por ende, la afectación de una convivencia sana y pacífica en sus territorios. (El Espectador)
Lo anterior quiere decir que en relación con la misión de la Policía Nacional de Colombia, uno de los desafíos más visibles es el mantenimiento de la convivencia pacífica en una etapa de posacuerdo. Por lo anterior, la institución deberá fortalecerse y desarrollar nuevas capacidades para asumir los retos y las responsabilidades que sobrevienen en materia de normas de conducta, reglas y códigos de las personas para vivir en armonía y en convivencia pacífica
Desde otra perspectiva, si bien los objetivos del código, líneas y comportamientos descritos se refieren a situaciones que se presenta principalmente en un ámbito urbano, también cuenta con nuevas herramientas para proteger el medioambiente y, en especial, sancionar a quienes se dedican a la extracción ilícita de minerales. Es en las áreas rurales del país donde el posconflicto tiene más fuerza, por lo tanto, hay que tener en cuenta que Bogotá es en un 70% territorio rural en donde es esencial que en la reglamentación no se olviden temas de este ámbito.
Recordemos como el Gobierno Nacional el 15 de Julio firmó el acta para la delimitación del páramo de Sumapaz, en este sentido, el alcalde de Bogotá anunció que se trabajará con los campesinos de las zonas rurales para reactivar el turismo ecológico en la ciudad, lo que nos obliga a seguir implementando medidas de protección de los páramos de la ciudad y trabajar con los campesinos de las zonas rurales en turismo ecológico y ejercer actividades afirmativas tendientes a reactivar la economía en este sector de la capital. Sobre este particular el alcalde Peñalosa expresó que…"Nos parece muy importante que se protejan los páramos como sagrados. Es importante señalar que Bogotá es uno de los sitios más beneficiados con la paz: el páramo de Sumapaz fue un sitio de violencia y zona de tránsito de las Farc.". Manifestó que se va trabajar para que el páramo de Sumapaz se vuelva en un paraíso para el turismo ecológico, donde los campesinos se vuelvan también guías ecológicos y complementen sus actividades agrícolas con acciones ambientalmente sostenibles.
Estas afirmaciones deben hacer parte de nuestra agenda normativa al momento de poner en marcha la implementación del nuevo código de policía en la ciudad y nos obligan a contextualizar esta realidad dentro de un nuevo escenario del posconflicto que hoy vive el país.
