Hoy más que nunca los ojos están puestos sobre los gobiernos, pues la pandemia por el SARS COV 2 (COVID-19) ha hecho visibles problemas de los sistemas de salud e inequidades en distintos países, incluso en regiones desarrolladas como Europa, foco de la pandemia por segunda vez como consecuencia de los rebrotes.
Según Deutsche Welle, América Latina enfrenta hoy el resultado de décadas de privatización de los servicios de salud, cuyo gasto público no ha pasado del 2% del PIB. Además, es baja la inversión en prevención y promoción de la salud: mientras que en otros países es del 2% o 3% del presupuesto en salud, en Colombia es apenas del 0,06 %. Como si fuera poco, la ley 100 de 1993 provocó que en el país la salud fuera tomada como un negocio del que las entidades privadas sacan ventaja, donde el acceso está supeditado a las circunstancias económicas de las personas y a los mecanismos del mercado.
Sí, falta mayor regulación para garantizar el cumplimiento de las responsabilidades de cada una de las entidades del sistema de salud, en especial las EPS; pero los gobiernos locales no son competentes para cambiarlo, pues el proceso de descentralización les otorga obligaciones en la gestión y no en la formulación. Aún en el Congreso de la República no hay luz verde para una reforma al sistema de salud, ¿será que la pandemia no nos ha dado argumentos suficientes?
Lo cierto es que el catastrófico impacto socioeconómico, real o potencial, ocasionado por la adopción de medidas de cuarentena, se está traduciendo en una presión cada vez mayor para que los gobiernos tomen medidas más flexibles, que permitan que la economía se recupere en cierta medida, sin anular los esfuerzos hechos hasta ahora. En ese sentido, era necesaria una reformulación del Plan Distrital de Desarrollo para responder a las necesidades sanitarias, sociales y económicas de cara a la pandemia. La Administración priorizó, por un lado, los recursos para poder atender a pacientes COVID-19, y, por el otro, transferencias económicas a familias vulnerables que se han visto más afectadas. El país y la capital sufrirán nuevos rebrotes, eso es indiscutible, y el gobierno deberá equilibrar la balanza garantizando el derecho a la salud, pero también el derecho al trabajo, para que el costo social y económico no sea más alto. Por ahora todavía no se conocen los efectos económicos reales a mediano y largo plazo. Aquí son dos intereses los que priman e incluso se ven confrontados: salud vs. economía.
¿Qué camino tomar entonces? Es clave no sólo robustecer el sistema de salud orientado a la promoción, sino además rendir cuentas y hacer partícipe a la ciudadanía de las decisiones que se tomen (por ejemplo el cierre de las ciudades), con criterios técnicos y jurídicos. Ello conforme a una discusión racional que articule opciones diferentes sin importar la ideología política y sin presiones externas. La atención primaria no puede seguir siendo selectiva, focalizándose solo en unos servicios para intervenir los problemas de salud más prevalentes. Ese ha sido el problema de los países de América Latina, pensar que el abordaje de la pandemia se resolvía por vía de medicalización y abrir camas de cuidados intensivos, y no estableciendo mecanismos efectivos de detección temprana, aislamiento y seguimiento en comunidades y territorios.
En ausencia de vacuna, coincido con el consenso colombiano de médicos para la atención del COVID-19, en que las únicas herramientas de salud pública para controlar la pandemia son: el aislamiento -efectivo si la detección de casos es temprana (separación de personas enfermas de personas no infectadas en un entorno hospitalario o domiciliario)-; la cuarentena, cuyo éxito depende del rastreo de contacto rápido y completo de cada paciente confirmado; el distanciamiento social y las medidas de contención comunitaria.
Por el lado de las finanzas, no solo se deberá gastar más en salud y en subsidios para la población más vulnerable, sino que al mismo tiempo se tendrá que afrontar una disminución drástica de los ingresos de la capital, por la quiebra de muchas empresas y porque gran parte de la población no podrá pagar sus obligaciones (impuestos como el predial y el ICA, entre otros). El dilema está en proteger al máximo la salud de los ciudadanos y a la vez manejar cuidadosamente las finanzas de la ciudad, para que más personas no caigan en condición de pobreza y se vea desmejorada su calidad de vida.
Luego de ver el panorama, considero que la salida es fortalecer el aislamiento y rastreo de casos y mucha pedagogía ciudadana, para evitar así un nuevo confinamiento generalizado que va a golpear más fuertemente la economía y va a generar mayores índices de pobreza. A primera vista, con las última decisiones del gobierno nacional de implementar un tercer día sin IVA el 21 de noviembre para incentivar el comercio, así como la eliminación del requisito del resultado negativo de la prueba COVID-19 para viajeros que ingresan al país desde el exterior, parece que se está dando prevalencia a la economía, pero de una forma poco acertada, desconociendo la magnitud de la pandemia y el hecho que estas decisiones pueden llevar a nuevas cuarentenas obligatorias en un futuro cercano.
Partido Liberal
