Seguridad y Soberanía alimentaria: Claves para garantizar el abastecimiento de alimentos en el futuro

Si bien, se tiene la idea generalizada de que América Latina es el granero del mundo, un estudio presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo –BID- da cuenta de que en la actualidad existen 42,5 millones de personas subalimentadas en América Latina y el Caribe. Y más aún, varios países de la región aún tienen una prevalencia de desnutrición por encima del 10%. No obstante, América Latina y el Caribe fue la única región del mundo en disminuir el hambre a la mitad entre 1990 y 2015, sobrepasando los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas.[1]

Pero una cosa es disminuir el hambre, otra es cómo y con cuáles alimentos. En promedio, los consumidores latinoamericanos pagan un 11% más de lo que deberían en productos agroalimentarios; y si bien la ingesta calórica ha aumentado en un 27% desde los años sesenta, esto no siempre se ha traducido en mejoras nutricionales. En el informe presentado del BID, se afirma que esta situación se da básicamente porque la seguridad alimentaria no es vista desde un ángulo multidimensional, como una realidad que debe ser abordada no sólo desde la cantidad de alimentos producidos sino también en cuanto al acceso, calidad y estabilidad alimentaria a lo largo del tiempo. [2]

En un primer acercamiento al concepto de Seguridad Alimentaria y Nutricional lo podemos definir como la disponibilidad y el accceso de alimentos para todos los individuos, que satisfagan sus necesidades energéticas y nutricionales. En la Cumbre Mundial de Alimentación realizada en 1996 se definió el actual concepto de Seguridad Alimentaria, el cual se encuentra así: Seguridad alimentaria, a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana.

Cabe mencionar que el concepto de seguridad alimentaria es definido por cuatro dimensiones: La disponibilidad, que se refiere a la oferta de alimentos a nivel local o internacional. El acceso, que explora la cantidad de recursos que un hogar tiene para adquirir una cantidad apropiada de alimentos. La utilización, que refiere a la calidad de alimentos requerida para tener una nutrición adecuada. La estabilidad, definida por la capacidad que tenemos para tener un acceso constante a fuentes alimentarias de calidad. Estas cuatro dimensiones abarcan no solo la oferta de alimentos sino también la demanda y la calidad de estos.[3]

Marco normativo

En 1966, Colombia firmó el Pacto de los Derecho Económicos, Sociales y Culturales, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, consagrados en la constitución de 1991 a través del “Estado social de derecho” y que tiene como fin principal, garantizar de manera directa los derechos fundamentales de los ciudadanos mediante el desarrollo de políticas claras (Cardoso, 2013).[4]

En tal sentido, el derecho a estar protegidos contra el hambre es un derecho fundamental, lo cual significa que el Estado tiene la obligación de asegurar que las personas no mueran de hambre, y como tal, se encuentra estrechamente  relacionado con al derecho a la vida. En virtud de lo anterior, las personas deberían tener acceso físico y económico en todo momento a los alimentos en cantidad y de calidad adecuadas para llevar una vida saludable y activa. Para considerar adecuados los alimentos se requiere que además sean culturalmente aceptables y que se produzcan en forma sostenible para el medio ambiente y la sociedad. Por último, su suministro no debe interferir con el disfrute de otros derechos humanos, por ejemplo, no debe costar tanto adquirir suficientes alimentos para tener una alimentación adecuada, que se pongan en peligro otros derechos socioeconómicos, o satisfacerse en detrimento de los derechos civiles o políticos.

En este orden de ideas, este Pacto, contempla un reconocimiento de suma importancia respecto al derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, lo que obliga al Estado a adoptar medidas y programas tanto individual y colectivamente mediante cooperación internacional a fin de alcanzar los siguientes logros:

a)    Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales.

b)    Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los exportan. (ONU, 1966)[5]

El Conpes 113 de 2007 estableció que la política alimentaria se basa en los siguientes principios del Derecho a la Alimentación, la Equidad Social, la Perspectiva de Género, la Sostenibilidad y la Corresponsabilidad. [6]

Problemáticas en torno a la Seguridad Alimentaria

Uno de los principales problemas respecto a la seguridad alimentaria tiene que ver la accesibilidad de los alimentos. Según el reporte 2019 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Colombia 2,4 millones de personas sufren de hambre. No obstante, es necesario recalcar que la Seguridad Alimentaria también tiene que ver con la el tipo y la calidad de los alimentos que estamos consumiendo:

a)    El tipo de alimentos que consumimos

En relación al tipo de alimentos que hacen parte de nuestra dieta diaria, expertos en seguridad alimentaria consideran que la situación es preocupante, pues al tiempo que se presenta una alta prevalencia de obesidad, aumenta el número de personas con hambre. María Victoria Rojas, profesora de la Maestría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la UNAL, resalta que esa dualidad entre disponibilidad y calidad de la comida tiene a Colombia viviendo entre la desnutrición y la obesidad: para quienes no tienen acceso se alimentan con lo que hay, y los que pueden tenerla no lo hacen de una forma segura. “Uno de cada dos hogares sufre de inseguridad alimentaria”, explicó la docente.[7]

b)    La calidad de los alimentos que consumimos

Otra de las problemáticas que preocupa a los expertos en seguridad alimentaria tiene que ver con la calidad de los alimentos que se están consumiendo, pues muchos de los alimentos proceden del extranjero o de zonas con altos índices de contaminación. Las cifras indican que en Colombia se importan en promedio 14 millones de toneladas de alimentos al año.

Seguridad Alimentaria en el Plan de Ordenamiento Territorial

Cada día, llegan más de 7.000 toneladas de aliento a Bogotá, producto del trabajo de más de dos millones de productores rurales y la movilización de más de 28.000 camiones, que circulan a diario por la ciudad. Lo anterior, plantea para Bogotá tres retos importantes que tienen que ser tenidos en cuenta para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial: abastecimiento, logística y prácticas agroecológicas.

Según la Región Central (Rape), Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta producen más del 83 % de productos frescos de lo que consume la capital. De acuerdo a información de la RAPE, la secretaría de Planeación y la Central de Corabastos, de allí vienen frutas, verduras, tubérculos, raíces, granos, lácteos, entre otros productos.
Sin embargo, el abastecimiento de alimentos está  en riesgo porque los terrenos destinados a los cultivos se están reduciendo, porque la urbanización amenaza los terrenos con vocación agrícola. Por tal razón, los expertos aseguran que  es clave repensar el uso del suelo y facilitar la asociación de pequeños productores para crear alianzas con grandes distribuidores y crear trabajo bien remunerado. Según las cifras del más reciente censo rural, 88 % de los productores tienen ingresos mensuales inferiores a un salario mínimo. Al asociarse, especializarse y conectarse directamente con distribuidores, sería posible mejorar sus condiciones.[8]

Adicionalmente, cabe resaltar otro factor que afecta negativamente el abastecimiento de alimentos: su distribución. Los expertos en Seguridad Alimentaria explican que la distribución de los alimentos se enfrenta a dos retos: primero, el mal estado de las carreteras; y, segundo, los intermediarios que se encuentran en el camino encarecen potencialmente los alimentos.
Tras estas consideraciones, los expertos en la materia sostienen que se debe fortalecer la red de bienes públicos que tiene que ver con la distribución: 48 por ciento de las pérdidas suceden aquí. Hay mucho por hacer en términos de vías terciarias”, apunta el director de la Rape quien asegura que la entidad que dirige está estructurando un plan regional de abastecimiento que pueda enfrentar con éxito estos retos para seguir alimentando el distrito capital. Por tal razón, el POT debe propender por la optimización del transporte de carga y logística.

Retos en el marco de la pandemia

• •Crear un plan de abastecimiento y fortalecimiento técnico con enfoque de derechos y a todos los actores: desde el consumidor hasta los proveedores.
• •En departamentos de todo el país, el 87% de los productores encuestados reportan verse afectados con ocasión de la pandemia del COVID-19. Los principales factores han sido problemas de comercialización (30%), dificultad en el transporte para sacar sus productos (35%) y escasez de agroinsumos para sus cosechas (27%).
• •Dado que el problema no ha sido el abastecimiento sino la conectividad, algunos de los objetivos deben ser mejorar la conectividad de los territorios y sus actores en términos de flujos alimentarios, valorando los productos autóctonos y reduciendo al máximo la intermediación.
• •Se requiere fortalecer al productor, comerciante y consumidor final para estrechar la relación fomentando un consumo informado basado en hábitos alimenticios saludables.
• •En tiempos de pandemia, y posterior a ella, se requiere de un programa de agricultura digital inclusiva, donde el mayor reto es para las zonas rurales de la ciudad y las más apartadas. Ello implica un programa de alfabetización digital para que mediante las TIC se adquieran insumos.
• •Se requiere fortalecer los protocolos de bioseguridad para la contención de la propagación del COVID-19.

Conclusiones

• •Las acciones gubernamentales de los municipios que integran Bogotá Región deben dirigirse a incentivar y fortalecer aún más la producción de alimentos en sus territorios, basándose en prácticas agroecológicas sostenibles, que contribuyan a la sociedad en tres aspectos:
  • > Consolidar la economía campesina en Bogotá Región como una estrategia que contribuya al crecimiento económico de cara a la delicada coyuntura socioeconómica que enfrenta el país con ocasión del Covid-19.
  • > Garantizar a la población más vulnerable el abastecimiento de alimentos, mediante el fortalecimiento y reglamentación de la cadena productiva, por ejemplo, evaluando el papel de los intermediarios en dicha cadena.
  • > Se garanticen productos saludables y que no generen impactos negativos en el medio ambiente. Se recomienda mejorar las prácticas en la producción de alimentos, mediante la capacitación y acompañamiento a los productores de la Región por parte de las instituciones, pero también mediante la consolidación y fortalecimiento de un riguroso marco normativo que reglamente el uso de agroquímicos y que garantice que las prácticas agrícolas no afectarán al medio ambiente.
• •Dada la importancia que tiene el trabajo interinstitucional en el desarrollo de las políticas públicas, recomendamos consolidar una mesa intersectorial entre la Administración Distrital y entidades adscritas a la Gobernación de Cundinamarca, como la Dirección de Producción y Competitividad Rural, la Oficina Asesora de Planeación Agropecuaria o la Oficina de Innovación y Transferencia de Tecnología, con el fin de
• •Es necesario articular los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios que conforman Bogotá Región para garantizar eficiencia en el abastecimiento, la logística y el cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas. Así mismo, por medio de estos documentos se debe proteger el uso del suelo para la producción agrícola, para evitar que se desplace esta actividad económica por la expansión del uso del suelo residencial.
• •Finalmente, y siguiendo las recomendaciones del estudio “Seguridad y Soberanía Alimentaria en Bogotá D.C. (2004-2015)”, citado previamente, recomendamos que las políticas públicas dirigidas a garantizar el derecho a la alimentación deben incluir el concepto de Soberanía Alimentaria. Esto permitiría la creación y consolidación instrumentos de evaluación y seguimiento, pues está demostrado, que desde un enfoque de derechos humanos, no sólo se puede centrar en la disponibilidad y acceso de los víveres, sino que implica también generar cambios en las políticas y estrategias gubernamentales, que propendan por:
  • > Primero, la ampliación de la participación y el reconocimiento de nuevos actores, como los campesinos y campesinas;
  • > Segundo, ampliar escenarios de participación democrática, como comedores comunitarios o mercados campesinos, pero con una oferta para todos los bogotanos;
  • > Finalmente, implementar prácticas agroecológicas que garantice productos saludables, de precios reducidos y estables.