Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes: ¿Cuáles son los retos para su eficaz implementación?

La Escuela de Formación Integral El Redentor, en el cual168 jóvenes cumplen sus medidas preventivas, vuelve a estar en el ojo del huracán tras la muerte de un joven de 17 años y dos heridos que dejó un intento de fuga que protagonizaron 30 jóvenes el pasado 31 de octubre, en el que 25 menores lograron escapar[1].

Desde el 2018, se han presentado 10 motines y fugas en este centro de detención de menores de edad en conflicto con la ley, lo cual se da como consecuencia de la posible represión que se presenta al interior de la institución.

Si bien es cierto, desde el 2018 oficialmente no se han presentado denuncias de agresiones o maltratos por parte de los guardias hacia los internos, familiares de los menores recluidos en El Redentor aseguran que sí se vienen presentando prácticas violentas, que los induce a querer irse del lugar[2].

Cabe recordar que tras los actos de indisciplina presentado por un grupo de jóvenes mayores de edad que adelantan su proceso pedagógico y restaurativo, que generaron destrozos en las instalaciones y provocaron un incendio en el puesto de guardia que se encuentra a la entrada, desde el 2019 el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON, con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia, retoma el control del Centro de Atención Especializada El Redentor[3].

Es importante señalar que mediante la Ley 1098 de 2006 fue creado el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), como el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de adolescentes entre los 14 y los 18 años que han cometido un delito. La filosofía bajo la cual se establece el SRPA, se basa en considerar que los menores en este rango etario ya tienen capacidad de comprender la ilegalidad de sus acciones y por ende deben hacerse responsables de ellas. Pero al mismo tiempo, por tratarse de personas menores de edad, diferentes regulaciones normativas nacionales e internacionales han establecido que deben recibir un tratamiento especial y diferente al de los adultos a través del cual se haga énfasis en la posibilidad de ofrecerles una segunda oportunidad para reintegrarse a la sociedad y no en imponer un castigo[4].

El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes tiene un enfoque protector, educativo y restaurativo. Asimismo, dispone que los sistemas de justicia juvenil se adapten a los mecanismos de desjudicialización, sanciones no privativas de la libertad, medidas de diversión y prácticas afines a la justicia restaurativa. En este sentido, permite no sólo el reconocimiento del daño causado por el adolescente, su responsabilidad en el hecho delictivo y la necesidad de reparar a la víctima, sino también su protección, restablecimiento de derechos y reintegración social, incorpora características propias del enfoque de protección integral y el modelo de responsabilidad penal, tales como el principio de oportunidad, la mediación y un marco de sanciones alternativas a la privación de la libertad, entre las cuales se encuentra la prestación de servicios a la comunidad[5].

Pese a los esfuerzos dirigidos al diseño e implementación de un marco normativo que busque garantizar la resocialización de los jóvenes, aún persisten ciertas problemáticas y dificultades que permitan adoptar exitosamente el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolecentes. Así mismo, diversas denuncias dan cuanta de las problemáticas que se vienen presentando al interior de los centros de detención.

Las dificultades para la efectiva implementación del SRPA son diversas, lo cual se ha visto reflejado en la imposibilidad de garantizar una verdadera justicia restaurativa, que favorezca la participación de las víctimas y de las comunidades en los procesos de justicia, así como la finalidad protectora, pedagógica y restaurativa de las sanciones. Por lo anterior, los expertos señalan que la intencionalidad del SRPA aún no ha sido completamente apropiada por los operadores y demás entidades corresponsables de su implementación, estando aún muy cercano al modelo penal puro, dado que su eje sigue siendo el delito y la sanción[6].

Por lo anterior, para lograr avances significativos en el SRPA es necesario fortalecer la especificidad de jueces, pues no pueden ser los mismos que atienden los casos de los adultos quienes se encarguen también de los menores.

 

Por otro lado, si bien es cierto que desde el 2019, momento en el que entró el Idipron como operador de El Redentor, los motines y las fugas han disminuido de manera considerable, se ha evidenciado que el esquema de seguridad y control del centro sigue teniendo falencias, pues se siguen presentando casos de violencia y la tenencia de armas blancas por los parte de los jóvenes[7].

Recientemente, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, manifestó su preocupación por las difíciles condiciones en las que se encuentran los adolescentes en conflicto con la ley penal, principalmente aquellos privados de la libertad en los Centros Transitorios (CETA), en los Centros de Atención Especializada (CAE) y en los Centros de Servicios Judiciales para Adolescentes (CESPA), en diferentes ciudades del país.

Según las cifras reportadas por la institución, a julio de 2021, 7.754 adolescentes y jóvenes incurrieron en la comisión de un delito y se encuentran vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. En modalidad privativa de la libertad el 90% de jóvenes son hombres y el 10% son mujeres. Las conductas de mayor ingreso son tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, hurto, violencia intrafamiliar, lesiones personales, y fabricación, tráfico y porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones[8].

Frente a este escenario, el pasado mes de septiembre Camargo presentó el ‘Protocolo Defensorial para el Seguimiento al funcionamiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA)’, en el que se realizan precisiones normativas y conceptuales respecto del funcionamiento, competencias y responsabilidades de quienes integran el Sistema. El protocolo es una herramienta que facilita la evaluación de las garantías de derechos del sistema, así como el carácter pedagógico del proceso y principios de justicia restaurativa en los centros.

A los esfuerzos por mejorar el SRPA en todos sus aspectos, tanto normativos como institucionales, consideramos de gran importancia fortalecer el enfoque preventivo y atacar los factores de riesgo que desatan la delincuencia juvenil. En este sentido, el Observatorio del Bienestar de la Niñez señaló que dentro de estos factores de riesgo se encuentran las condiciones de exclusión socioeconómica, lo cual conlleva a que los jóvenes perciban a la sociedad como injusta, desigual y carente de oportunidades, en especial, vinculadas al desempleo y la falta de oportunidades laborales, que además podrían influenciar la estructura y convivencia familiar dadas las desventajas económicas, el desempleo de los padres y los bajos ingresos. A su vez, el Observatorio señala que se hace importante el elemento cultural, al percibirse una tendencia de la “cultura fácil”, es decir, la cultura de la ilegalidad y el incumplimiento, donde se toleran las conductas transgresoras y se obtienen más beneficios en tiempos más cortos y con esfuerzos individuales y colectivos menores[9].

Por todo lo anterior, es necesario transversalizar en la agenda política todos los elementos que, por un lado, ayuden a mejorar las condiciones de vida de los menores de edad, para trabajar en la prevención del delito; pero también, se debe fortalecer el Sistema de Responsabilidad Penal Adolecente para que los jóvenes acogidos por el sistema se vean beneficiados por una resocialización eficaz, y que garantice el enfoque restaurativo y reparador a las víctimas. Por tal razón, desde el Concejo de Bogotá, en cumplimiento con nuestra misión, realizaremos un debate de control político con el fin de analizar el statu quo del SRPA y las condiciones de los centros de reclusión de menores en la ciudad.