La falta de una plataforma logística, desarticulación administrativa, mínima investigación tecnológica para la que no existe apoyo en su implementación y la marcada política del gobierno nacional de favorecer las empresas multi y transnacionales, especialmente de sectores míneros o agroindustriales han puesto en riesgo la actividad agropecuaria nacional del pequeño y mediano productor. Algunas cifras plantean que el país importa cerca del 60% de los alimentos propios de la zona andina (maíz, papa, algodón, arroz, leche, soya, sorgo, pescado, panela, entre otros).
Bogotá cuenta con 122.000 hectáreas de territorio rural, es decir el 75% del territorio del Distrito Capital es campo, ante esta realidad la ciudad no puede ser ajena a la preocupante situación agraria. El abandono de la población campesina es tal, que el Distrito Capital no cuenta con una cifra oficial unificada del número de campesinos que ocupan el territorio rural en la ciudad de Bogotá, existen cifras que oscilan entre 11.000 a 30.000 habitantes dependiendo la fuente, por ejemplo, para el DANE, en el año 2005 Bogotá contaba con 15366 campesinos, según las cifras de los acueductos veredales, son alrededor de 22000, y en el observatorio rural, la suma de población por localidad es de 18169 habitantes, pero muestran como población rural total 11828 habitantes mientras que la política pública de ruralidad habla de 20000.
De otra parte la mayoría de estudios realizados en el Distrito, omite la ruralidad, como es el caso de la encuesta de calidad de vida o la encuesta de movilidad entre otros, lo que hace que la información disponible para su caracterización sea precaria e insuficiente.
Ante esta realidad, el Concejal Progresista Diego García, presenta un breve diagnóstico de las principales problemáticas que han limitado el progreso del campo Bogotano y que resume en los siguientes 10 componentes como los de mayor relevancia:
1. Existe una alta desarticulación entre las entidades distritales, la mayoría de ellas no discriminan el cumplimiento de metas con la población rural, sino que generalizan la cobertura y la inversión. La única localidad que es totalmente rural es Sumapaz, las demás (Usme, Ciudad Bolívar, Chapinero, San Cristóbal, Usaquén, Santa Fe y Suba), comparten su territorio con áreas urbanas, lo que pone en seria desventaja la ruralidad. En el 2010 se creó un Observatorio Rural que es administrado por la Secretaria Distrital de Ambiente, actualmente dicho observatorio se encuentra desactualizado e incompleto. La intervención en la ruralidad, generalmente es aislada e inconstante por el tipo de contratación predominante, que asocia una rotación permanente de personal y la consecuente pérdida de la memoria institucional.
2. Tanto en el nivel central como en el descentralizado la contratación de diagnósticos y capacitación ha sido excesiva, son procesos que no han dado resultados palpables y transformadores, ni siquiera en una caracterización objetiva, que considere la heterogeneidad de las necesidades en el territorio, considerando las diferencias abismales entre las diferentes Unidades de planeamiento rural.
3. En la última década, la Ruralidad en los planes de desarrollo ha sido abordada de manera tangencial, con ausencia notable de recursos, sin embargo, Bogotá Humana, aunque si prevé una inversión específica para los asuntos rurales de $21.507.000, sólo se han invertido $1.531.000 con corte a Junio de 2013 y la población aún no evidencia cambios estructurales en el desarrollo, como bien lo dicen “los problemas siguen siendo los mismos de siempre”.
4. La tenencia y dominio de la tierra es otra de las problemática para el campesinado Bogotano, la falta de titulación, la no definición por parte del INCODER de la Unidad Agrícola Familiar, pendiente desde 1994 y la ausencia de reglamentación del suelo mantienen a la población en un limbo que no les permite ser objeto de crédito ni de subsidios.
5. La producción agropecuaria de Bogotá es cuestionable desde todo punto de vista, aun cuando Bogotá cuenta con 42.200 hectáreas con capacidad para producir 1300 toneladas de alimentos, solo produce 75 toneladas aproximadamente. Sin embargo, metas como estructurar 105 Planes de negocio asociados a proyectos productivos y servicios ambientales (ecoturismo y / o agroturismo), elaborar 5 Documentos sobre economía rural, producción agroecológica y sostenible, se encuentran sin ejecución a la fecha. Respecto al cumplimiento al plan maestro de abastecimiento de 2006, sólo se ha implementado un centro de gestión veredal en Usme, que aún no es reconocido en general por el campesinado de la zona, ni se encuentra articulado a ninguna agro red ni nutrired.
Los suelos del norte, que fueron protegidos por la Ley 99 de 1993, como los mejores suelos preservados para la producción de alimentos, no tienen ningún tipo de apoyo técnico, investigativo ni fortalecimiento de la comercialización, al punto que no existe ULATA en la localidad, pese a que aún existen actividades agropecuarias en la zona, dejando que actividades agresivas como la disposición de escombros y la construcción de edificaciones, hayan deteriorado en parte su capacidad productiva.
La plataforma logística Los Luceros, que se esperaba fuera el eje articulador para promover el comercio directo de los productos del campo bogotano, se encuentra subutilizada, con un mínimo de comerciantes que no son necesariamente campesinos y que actualmente presta el servicio para la atención a victimas.
A lo anterior se suma, la inasistencia y falta de apoyo del ICA, que no expide los certificados de movilización de ganado, obligando a los campesinos a desplazarse a municipios vecinos para dicho trámite, sin el cual es imposible la comercialización.
6. Los servicios públicos, particularmente el agua potable y el saneamiento básico, presentan una situación preocupante, cerca del 100% de la población rural carece de agua apta para el consumo humano en cumplimiento a la Resolución Nacional 2115 de 2007. Según un informe de la Secretaria Distrital del Hábitat, el agua de solo uno de los 33 acueductos veredales presentaba un riesgo bajo, los demás se encuentran en la franja de media-alta de riesgo, siendo la situación más difícil la de Sumapaz, donde la totalidad de acueductos presentan condiciones inviables sanitariamente.
7. En movilidad el único estudio oficial es el contratado por el IDU en 2005, dicho estudio plantea que en la ruralidad existen 640 Kms de vías principales y 442 Km de vías secundarias de los cuales el 84% se encuentra en mal estado, en algunos sectores las vías presentan serios problemas de inestabilidad, ausencia de obras hidráulicas y superficies deterioradas. A la fecha, ninguna ruta del sistema integrado de transporte público-SITP ha sido implementada en la Ruralidad.
8. Calidad y cobertura en educación. Según el DANE, se alcanza un 63%, sin embargo los campesinos exponen permanentemente que la calidad es muy pobre, no existe un solo centro de asistencia técnica, tecnológica y mucho menos profesional, relacionado con los asuntos agropecuarios ni ambientales que puedan darle herramientas para la optimización de los procesos productivos propios de este territorio y que por el contrario los colegios rurales cercanos a la ciudad, son vistos como “relleno” para ubicar indiscriminadamente estudiantes de otras áreas urbanas.
Por estas razones se hace necesaria la creación de una instancia en el orden distrital que se encargue de los asuntos propios de la Ruralidad, buscando de esta manera la mitigación de los impactos de la falta de una política nacional de asuntos agrarios, rurales y campesinos en Colombia.
9. Desplazamiento de campesinos La urbanización indiscriminada de la Sabana de Bogotá, en los municipios aledaños que hacen parte de los suelos protegidos por su riqueza para la producción de alimentos, ha generado un fenómeno de desplazamiento campesino, que ha migrado hacia las zonas rurales de Bogotá, generalmente en condición de arrendatario, dejando de lado las buenas prácticas agrícolas, lo que ha traído consigo la ampliación de la frontera agrícola y la alteración a las propiedades del suelo por el uso de maquinaria y modos de siembra inadecuados, dejando erosión y pobreza a su retiro.
10. Conflicto de uso con áreas protegidas, Más de 7.000 campesinos habitan áreas protegidas, desde mucho antes de serlo, y las políticas de conservación de ecosistemas, en la mayoría de los casos omiten su existencia, poniendo en riesgo los derechos humanos de la población, cuando se encuentra limitado cualquier tipo de desarrollo de infraestructura, servicios o actividad económica en la zonas, aunque esta situación ha mejorado en los últimos tiempos según lo reconocen los campesinos, aún falta la implementación de lo establecido en la política pública de ruralidad, que permita la coexistencia, con el compromiso del cuidado y la protección.
