En buena parte se debe a la supresión de las licencias de funcionamiento y a la laxitud y ambigüedad de las normas requeridas para la apertura y funcionamiento de estos establecimientos, toda vez que con la expedición de la Ley 232 de 1.995, se estableció que Ninguna autoridad podrá exigir licencia o permiso de funcionamiento para la apertura de los establecimientos comerciales o para continuar su actividad si ya la estuvieren ejerciendo, ni exigir el cumplimiento de requisito alguno, que no estén expresamente ordenado por el legislador.
Muchos de estos establecimientos no tienen la infraestructura locativa necesaria que permita una rápida evacuación en caso de algún riesgo o peligro, como es el caso de puertas de salida de emergencia, tienen puertas muy pequeñas o los pasillos son demasiado angostos, no cumplen con las normas de seguridad industrial; no hay extintores y si los hay no están cargados y no están en lugares visibles y de fácil acceso a ellos; no hay detectores de humo o llama; faltan puertas de emergencias y señalización foto- luminosa que indique las salidas o las rutas de evacuación; no hay planes de evacuación y contingencia y menos se cuenta con botiquines.
Igualmente manifestó la Concejal que la seguridad de una discoteca, un bar, una taberna no debe depender del estatus y el lugar donde se encuentra ubicada. La adecuación locativa, los planes de seguridad y contingencia, el cumplimiento de las normas de seguridad no se negocian ni pueden quedar al arbitrio o voluntad de los propietarios para su cumplimiento. Eso no puede ser, deben ser de carácter obligatorio y prioritario para autorizar su funcionamiento.
De otra parte, como la ley es tan laxa y permisiva, en lugar de ser más rigurosa y estricta en cuanto al cumplimiento de requisitos y de otras obligaciones, lo que hace es eximirlo de ellos en su propio beneficio. Para el caso de las autoridades que deberían tener un mayor y estricto soporte normativo para ejercer un debido control y vigilancia, la norma resulta ser prohibitiva para el actuar de las mismas, lo cual resulta ilógico y difícil de entender y por eso es que estamos en un estado de total anarquía en donde desde lo jurídico no tenemos las normas suficientes para poner en cintura estos establecimientos. Al respecto demandó efectuar por parte del legislativo UNA VERDADERA REVISIÓN Y CAMBIO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA MODIFICAR ESTE ESTADO DE COSAS.
Así mismo llamó la atención de los propietarios de estos establecimientos, ya que por parte de ellos, no se evidencia interés en dotarlos de la infraestructura requerida por las autoridades ni cumplir con la normatividad vigente para permitir su funcionamiento. No se adaptan a esas exigencias y a esa normatividad, más sin embargo logran funcionar en condiciones irregulares y además logran por todos los medios burlar el cumplimiento de dichas medidas.
Finalmente, requirió a la Administración Distrital sobre la necesidad urgente de realizar un censo de estos establecimientos para efectos de determinar cuales de ellos de ellos funcionan dentro de la legalidad y cuales dentro de la informalidad y para diagnosticar y hacer estudios y poder definir una verdadera política pública alrededor de esta problemática, en tal sentido presentará al Concejo un proyecto de Acuerdo.
