Pero es necesario reconocer que la Constitución no fue el primer proceso organizativo de los Pueblos Indígenas, pues muy temprano, desde la década de los setenta ya el movimiento indígena se encontraba participando en discusiones políticas profundas de la mano de los campesinos, con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, pero además se fueron creando organizaciones de gran importancia como el Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC en 1971, la Organización Nacional Indígena de Colombia-ONIC en 1980, la Confederación Indígena Tayrona, entre otras, todas ellas compartiendo principios como la defensa del territorio, la unidad, la vida y la relación especial con la madre naturaleza, ante un escenario donde se promovía el genocidio de los Pueblos Indígenas, la ocupación de sus territorios y las lógicas coloniales de evangelización y epistemicidios que pretendía acallar los sabes ancestrales de los Pueblos.

¿Dónde estamos?

La Constitución Política de 1991 incorporó alrededor de 18 artículos, fundamentales para el movimiento indígena, reconoció la importancia de la diversidad étnica y cultural; reconoció nuestras lenguas nativas; nuestros territorios indígenas; la educación propia; el acceso a la participación política; nuestra autonomía; la participación en los recursos públicos y las entidades territoriales indígenas.

Todos estos significan importantes avances en la agenda propia que reclamamos los Pueblos Indígenas, sin embargo, a tres décadas de la Constitución persisten retos determinantes en nuestra pervivencia física y cultural y no podemos ser ajenos a ellos desde el Movimiento Alternativo Indígena y Social-MAIS.

En materia de participación a pesar de contar con dos curules en el Senado de la República y una en la cámara de representantes, históricamente han estado ocupados por hombres, no ha habido mujeres que expongan la voz indígena en el Congreso de la República, en los espacios de diálogo de orden nacional, como la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, también se ha contado con mayoría de hombres y fue hasta 2018 que se incorporó por primera vez el componente de mujer, familia y generación y a su vez se abordó la conformación de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, espacio que apenas hasta 2020 y con importantes trabas institucionales se pudo conformar mediante el Decreto 1097.

Si se analiza el avance en el reconocimiento que nos asiste como autoridades indígenas, también persisten los retos, no han sido conformadas las entidades territoriales indígenas, el grado de implementación del Decreto 1953 de 2014 se limita a la administración de los recursos de asignación especial para Resguardos Indígenas del SGP, pero se ha dejado de lado el avance en la culminación de la estructuración y puesta en marcha del SEIP y el SISPI. Ahora bien, la Constitución reconoció la jurisdicción especial indígena pero somos 115 Pueblos Indígenas con sistemas normativos disímiles, de los cuales poco se conoce por parte del Sistema Judicial Nacional; en los territorios indígenas por su dispersión geográfica, en las regiones periféricas y en las cabeceras municipales se desconoce la jurisprudencia en materia de JEI; se entiende nuestro derecho asociado a pequeñas causas, promoviéndose un imaginario de subordinación respecto del derecho occidental. Nuestra justicia se basa en la restauración, contrario al enfoque retributivo nacional, pero tampoco se enseña en las instituciones académicas de derecho sobre nuestros sistemas jurídicos; se carece de traductores e interpretes; no hay presupuesto para garantizar el funcionamiento de la JEI pero además somos folclorizados a partir de nuestras decisiones de administración de justicia.

En el contexto del Acuerdo de Paz insistimos en que se garantizara nuestra participación, siendo que la diversidad étnica fue una de las más afectadas por el conflicto armado y producto de esa incidencia se concertó el Capítulo Étnico donde se incorporó de manera transversal las acciones específicas para la diversidad étnica, pero principalmente se definieron unas salvaguardas que actualmente no han sido cumplidas, en primer lugar el carácter principal y no subsidiario de la consulta previa y la objeción cultural.

Posteriormente participamos en el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, denominada Fast Track en el cual fueron consultadas: el pago por servicios ambientales; el proyecto de decreto ley para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras; el proyecto de ley del Sistema Nacional Catastral Multipropósito; el proyecto de decreto ley que creó los PDET y la Jurisdicción Especial para la Paz.

En ese proceso la diversidad étnica mostró su compromiso con la paz y a través de una ruta excepcional de consulta previa se trabajó sin descanso para garantizar la implementación del Acuerdo de Paz, sin embargo fuimos burlados con los resultados, en el caso del proyecto de ley de catastro sobre el cual se hicieron acuerdos decisivos pero no fue surtido su trámite y ahora el Gobierno ha pretendido llevarlo a una guía metodológica para la implementación de una amplia normatividad en la cual no se respetó el derecho fundamental a la consulta previa. En el caso de los PDET se definieron mecanismos especiales de consulta previa con la diversidad étnica, donde nos sentamos con los campesinos, los excombatientes a definir acciones de política pública que hoy no presentan niveles significativos de cumplimiento ni presupuesto para ello.

En ese momento también concertamos y protocolizamos el Decreto que nos reconocía como autoridades ambientales, competencia que ejercemos en territorio y sobre la cual nos hemos caracterizado por nuestra labor como guardianes de la madre tierra, pero el texto fue engavetado y con engaños no fue expedido aun con la protocolización surtida.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 nuevamente ratificamos nuestro compromiso con la paz y con la implementación de los llamados constitucionales y concertamos y protocolizamos 216 acuerdos divididos así:

• • Mujer, Familia y Generación: 26
• • Territorios Ancestrales Indígenas: 45
• • Integridad Cultural: 29
• • Armonía y Equilibrio para la Defensa de la Vida: 15
• • Pacto por y para las Regiones: 59

Además, concertamos un acuerdo para la marcación de las partidas presupuestales específicas y la presentación de informes anuales, sin embargo, a 2020 la inversión estaba alrededor de 17,58% sobre el monto acordado de 10 billones de pesos en el cuatrienio. En el caso de los acuerdos con las mujeres indígenas tenemos 19 sin avances, es decir el 73% incumplido.

Sumado a lo anterior está claramente demostrado que el Estado colombiano ha privilegiado la conformación de liderazgos individuales, que terminan reproduciendo las dinámicas caudillistas del resto de la sociedad al interior del movimiento indígena y ha agudizado conflictos en las comunidades con ocasión del acceso o manejo de los recursos, dejando reducido nuestro debate a la aprobación de proyectos que en muchos casos terminan no teniendo el impacto esperado en relación con el fortalecimiento de nuestros procesos propios.

Esta situación nos pone en un contexto de reflexión, qué esta pasando con nuestros sistemas de Gobierno propio, cómo está nuestro sistema de salud ancestral y tradicional, cómo estamos formando a las próximas generaciones que retomarán nuestros bastones para garantizar nuestra pervivencia.

Esto nos muestra que continuamos bajo un mandato de desigualdad, donde impera una cultura que no reconoce nuestra diversidad, bajo una mirada patriarcal que no sólo nos quita nuestro territorio sino pretende acabar con nuestra identidad.

¿Para dónde vamos?

En todo ese contexto cabe retomar entonces las conclusiones del Consejo de Fundadores llevado a cabo los pasados 11 y 12 de mayo, no estamos en un momento donde todo se ha garantizado, por el contrario, hay bastante distancia respecto del texto constitucional, entonces qué vamos a plantear al país como Movimiento Alternativo Indígena y Social.

Debemos fortalecer nuestra participación en los ejercicios electorales, particularmente identificando la necesidad de avanzar desde una candidatura propia a la Presidencia de la República y el fortalecimiento de las listas al Congreso, asimismo  en  la  propuesta  del  Pacto  Histórico  debemos  desarrollar  un  papel preponderante, tomando espacio en cada una de las instancias que se creen en la formulación del mismo, teniendo presentes las garantías con las cuales se deberá contar para ser parte del Pacto, SEREMOS PACTANTES y no pactados.

Debemos honrar nuestro programa y nuestros estatutos y avanzar en una Alianza Nacional por el Buen Vivir, una agenda propia, no para responder solo a nuestros derechos y a nuestras necesidades, sino porque necesitamos entender qué está pasando, estamos en el marco de una pandemia mundial, cómo estamos entendiendo los pueblos indígenas esa pandemia. La pandemia cuestiona ese modelo civilizatorio, esos discursos hegemónicos que nos han gobernado, este sistema enfermo, con una vocación suicida, porque como especie humana solo tenemos dos alternativas: o sucumbimos en la autodestrucción o elevamos nuestra conciencia.

Desde los pueblos indígenas nuestro camino, es elevar nuestra conciencia política hacia el buen vivir, en el marco de una reflexión global, que parta del soporte de nuestras propuestas a partir del reconocimiento a nuestros sistemas propios de conocimiento, justamente desde nuestras bases epistemológicas vamos a empezar a desestructurar el sistema mundo colonial.

En primer lugar, aquí debería de haber un sistema de conocimiento propio, nuestro territorios y culturas son aulas vivas de conocimiento, la tierra es un libro abierto, aquí lo que hay es un analfabetismo, no podemos construir un proyecto político solamente desde la perspectiva de las víctimas, nosotros tenemos que construir un proyecto político de país donde incorporemos a los jóvenes y a las mujeres como actores políticos esenciales; desde el saber también que aportan nuestros pueblos, en un diálogo de saberes, de allí qué, lo que debemos sembrar es también cómo se traduce la interculturalidad en un proyecto de país de corto, mediano y largo plazo.

No permitiremos que se continúe con ese modelo de desarrollo obsoleto, necesitamos consolidar bases académicas y sociales sólidas, desde nuestros propios sistemas de conocimiento y nuestras comunidades y esto tiene que ver con la fundamentación programática y el plan de gobierno, es la construcción participativa de nuestros programas mediante el diálogo de saberes. Debemos analizar ¿Dónde están nuestros amigos académicos cercanos a los planes de vida?, ¿cercanos al buen vivir? porque necesitamos hablar de una propuesta económica alternativa, no nos pueden seguir imponiendo un modelo económico, que contamina nuestros ríos, que afecta nuestras economías y ahí hay una reflexión profunda que como movimiento debemos abordar; cómo va a ser la fundamentación programática y el plan de gobierno de cara al próximo plan de desarrollo y cómo construimos ese programa participativamente y mediante un dialogo de saberes, para eso hay que conformar un circulo de personas, proponer una matriz programática, en donde esté cada eje, las ideas y  los componentes, para identificar al interior de nuestro movimiento los líderes y lideresas en cada uno de los sectores.

Tenemos que entender las relaciones de poder global, tener una conciencia política para poder actuar localmente. En ese sentido, el ejercicio que se propone, es de manera concreta frente al próximo plan de desarrollo, nosotros tenemos que tener unos puntos muy claros en la agenda, qué es lo que vamos a incluir, miremos en qué hemos avanzado en cuanto a la defensa del territorio y el hábitat, el único territorio ancestral reconocido hoy en nuestro país es el de la línea negra, ¿qué pasa con los demás territorios ancestrales?, está el decreto 2333 del 2014, pero sus avances son nulos y ya lo han manifestado desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas.

Nuestra agenda y nuestras luchas históricas tienen mucho que aportar a este momento de pandemia, a este momento de crisis social, si miramos de las 125 solicitudes que se han hecho de todos los pueblos en el país ¿cuántas se han tramitado? Hay una cantidad de pendientes, de los 34 millones de hectáreas del territorio indígena, la mitad han sido concesionadas para actividades extractivas, minero energéticas y agrícolas y la otra mitad se ha vuelto parques naturales como una manera disimulada de expropiar a los indígenas de sus territorios.

Se está programando una cumbre de diversidad biológica donde van a declarar el 30% de la tierra áreas protegidas, ¿qué significa eso para los pueblos indígenas? Sí hoy el  22% de este mundo es territorio indígena y alberga el 80% de la biodiversidad, bajo el modelo de Estados Unidos con los indígenas, primero nos asesinarán, nos desplazarán y después legalizarán nuestras tierras convirtiéndolas en parque. ¿Ese es el modelo que queremos para nosotros? Es ahí en donde nosotros tenemos que empezar a construir honduras, por eso nuestra agenda, pero además debemos partir de nuestra visión temporal, los Pueblos Indígenas proyectamos nuestras acciones para los próximos 40 años.

El tema de derechos humanos no ha sido un regalo, muchos de nuestros hermanos han entregado sus vidas para que tengamos acceso a ellos, es que los tratados internacionales no tienen ciudadanos de primera y segunda categoría, los derechos son nuestros y debemos defenderlos.

Así que todo lo anterior nos muestra el gran reto que tenemos en esta Convención, acá están los líderes y lideresas de nuestro movimiento, están los jóvenes, acá esta todo el territorio nacional representando, desde las selvas, los ríos, los mares, las montañas, los valles y los picos nevados, acá está el espíritu de la unidad que siempre hemos proclamado, es el momento de pensarnos un modelo de país a corto, mediano y largo plazo y de articular nuestros esfuerzos en la definición de esa agenda que nos lleve a retornar al origen.

Quiero invitar a los miembros del Consejo de Fundadores, a la Dirección Nacional, a los Jóvenes, a las mujeres, a los líderes y lideresas a ser parte de este proceso de transformación, a encontrarnos para tejer este camino, a convertirnos en semillas de nuestro movimiento y a participar en lo que será el pacto histórico, no nos dejaremos opacar nuevamente, la inclusión no se traduce en agregar un artículo o un capítulo denominados étnicos, todo lo contrario, es garantizar de manera transversal nuestra autonomía, nuestro gobierno, nuestra visión y nuestro camino hacia el Buen Vivir, es desde ya pactar para que nuestros hijos y nuestros nietos tengan una vida digna sin temor a ser asesinados o perseguidos por su pertenencia étnica.