debido a lo estipulado en el Plan Maestro de Educación Distrital, que obliga a los colegios a demoler el 50% del total de sus predios, haciendo que la mayoría de instituciones privadas tengan que cerrar sus instalaciones al no poder cumplir los requisitos de edificabilidad impuestos por estas normas.
“En estos años con la expedición de los decretos 090 y 174 de 2013 no se da una solución a este problema que podría dejar a más de medio millón de niños sin educación” afirmó el concejal.
Pese a los 1.342 colegios privados que existen actualmente en la ciudad, los cuales cuentan con licencia de funcionamiento y están cobijados por la ley general de educación, “El Plan Maestro obliga a estas instituciones a cambiar su estructura física radicalmente al tener que implementar un índice de ocupación máximo de 50% sobre el área útil, incumpliendo los acuerdos a los que se llegaron en las mesas de concertación entre el Distrito y los colegios, donde se establecieron porcentajes de construcción entre el 70% y 100% que representaban la realidad de estos equipamientos que en su mayoría son de carácter barrial y tienen más de 20 años de construcción” dijo García.
El cabildante asegura que estos cambios no se reflejan en las modificaciones del POT donde supuestamente se desea diversificar los equipamientos educativos; lo que ocurre en realidad es que con estos decretos se desmonta la oferta privada al imponer cargas urbanísticas incumplibles, a esto se suma el reforzamiento estructural de sismo resistencia que las instituciones por ley nacional deben realizar en la infraestructura de cada colegio, y finalmente el nuevo POT obliga al establecimiento del uso dotacional permanente en los colegios, lo que hace que no se pueda cambiar de actividad económica. Todo esto impone una carga urbanística muy alta al sector privado de la educación en la ciudad.
Para esto García deja algunos interrogantes: ¿El Distrito está en condiciones de garantizar la educación a los niños que no podrán estudiar en estos colegios? ¿Puede la Administración asumir la educación de los 590.000 niños que en promedio recibe el sector privado en la actualidad y el costo que oscila entre 500 y 600 mil millones de pesos al año? ¿Puede garantizar la calidad y el horario extendido de 8 horas que les ofrece la educación privada ordenada por la Ley General de Educación?
“Esto muestra una vez más la improvisación e incoherencia entre lo que se busca en el POT: la diversificación en los equipamientos educativos; y la reglamentación en los planes maestros” puntualizó.
