Para el mes de enero de 2021 en Colombia había 1’742.927 venezolanos, de los cuales el 56% se encuentra en condición irregular. En Bogotá se concentran 340.711, que equivale al 19,55% del total de venezolanos en el país (Migración Colombia, 2021a). Su vulnerabilidad se da por factores como la inseguridad alimentaria (25,8% manifiesta que, debido a la falta de dinero, se vio obligado a disminuir raciones o dejó de consumir alguna de las tres comidas diarias); el hacinamiento (48,7% vive con más de 3 personas en una misma habitación, además el 92,4% vive en arriendo o subarriendo); la pobreza multidimensional (que se ubica en 51,7%), los altos niveles de informalidad (cifra que alcanza el 92,5%); y el bajo aseguramiento en salud (66,1% dice no estar afiliado) (Proyecto Migración Venezuela, 2021).
Instrumentalización de la población migrante en actos delictivos
Si bien se ha Se tiene una sobredimensión acerca de la participación de esta población en hechos criminales. Según el Inpec, que custodia 7.077 internos en Bogotá, de la población carcelaria 527 son extranjeros y, de ellos, 382 son venezolanos, en su mayoría por hurto y tráfico de estupefacientes. Para el concejal Gutiérrez, no es pertinente relacionar el aumento de la criminalidad con los migrantes venezolanos[1].
En Bogotá su participación en delitos es del 3 %, dato que valida la Policía al revelar que de 17.000 detenidos este año en la capital, 2.550 eran extranjeros.[2] Si bien esta cifra es baja, el 80% queda en libertad, ya sea porque el delito no es grave o porque estos no presentan documento de identidad, lo que hace que la rama judicial no los puede retener. “Sin la respectiva identificación de las personas que comenten delitos no hay judicialización y tampoco hay cárcel; siguen cometiendo delitos y todo queda en la impunidad” declaró el concejal.
Sin aseguramiento ni atención en salud
A 2018, apenas el 5% de la población regular venezolana se encontraba afiliada al SGSSS en el país. Los costos de atención en salud son inferiores cuando se accede vía aseguramiento que mediante evento. Para el año 2018 el valor anual de gasto per cápita en el régimen subsidiado correspondía a $830.523, mientras que el costo promedio de las atenciones más frecuentes a la población migrante en una sola atención por evento supera el millón de pesos: una cesárea cuesta $1’800.000 y un parto normal $1’500.000 (Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES, 2018).
En ese mismo sentido, la Contraloría advirtió que las Subredes no están cumpliendo con los principios de economía y efectividad, pues no se evidencia la gestión ante el gobierno nacional para que los recursos girados sean proporcionales a los que la entidad está invirtiendo para atender a esta franja de población sin afectar las finanzas propias (Contraloría de Bogotá, 2021).
“Si no somos diligentes en la afiliación, las enfermedades crónicas o de alto costo que requieren atenciones frecuentes le costarán mucho al sistema, que, financieramente, no puede darse el lujo de afrontar”. “Desgraciadamente esta población tampoco está contemplada en el Plan Nacional de Vacunación y tampoco accede otras vacunas, lo que se traduce en enfermedades y posibles muertes por condiciones absolutamente prevenibles mediante la vacunación; un gran retroceso en salud” puntualizó.
Bajo acceso a servicios sociales
Si bien se han adelantado acciones por parte del Distrito, la Personería recomienda mayor claridad y visibilidad de las rutas de atención para acceder a servicios como a la regularización migratoria y el reconocimiento de refugiado, para así dar garantías mínimas de protección de derechos (Personería de Bogotá D.C., 2020).
Existen barreras como la falta de conocimiento de los programas del Distrito, la poca claridad en la exigencia de derechos y el temor de acercarse a las instituciones debido al status irregular (Personería de Bogotá D.C., 2020). “Las instituciones deben hacer presencia en el territorio de manera constante para captar, caracterizar y orientar a esta población conforme a sus necesidades” puntualizó Gutiérrez.
El concejal concluyó afirmando que “si el Estado colombiano no garantiza los derechos básicos a esta población, está incumpliendo no sólo con el mandato constitucional, sino con las convenciones a nivel internacional. Las dificultades en la política migratoria a nivel nacional, y la falta de un documento, no pueden convertirse en un pretexto para no garantizar los derechos y servicios básicos”.
Referencias
Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES (2018). Estrategia para la atención de la migración desde Venezuela. https://www.cancilleria.gov.co/documento-conpes-estrategia-atencion-migracion-venezuela
Contraloría de Bogotá (2021). Respuesta a la proposición 138 de 2021 oficio 202110320 del 19 de abril de 2021.
Migración Colombia (2021a). Distribución de venezolanos en Colombia – corte 31 de enero de 2021 [infografía]. https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/distribucion-de-venezolanos-en-colombia-corte-31-de-enero-de-2021
Personería de Bogotá D.C. (2020). Informe sobre la situación de las personas provenientes de Venezuela en Bogotá D.C. https://www.personeriabogota.gov.co/component/jdownloads/send/658-vigencia-2020/8072-informe-situacion-de-las-personas-provenientes-de-venezuela-en-bogota
Proyecto Migración Venezuela (2021). Encuesta de calidad de vida e integración de los migrantes venezolanos. https://migravenezuela.com/web/articulo/encuesta-de-calidad-de-vida-e-integracion-de-los-migrantes-venezolanos/2694
SDS (2020). Diagnóstico del fenómeno migratorio con énfasis en salud en el Distrito Capital. http://www.saludcapital.gov.co/Fen_migratorio/Diagnostico_FMM_agosto_2020.pdf
Partido Liberal
