1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años, la ciudad ha experimentado un aumento en los niveles de criminalidad, destacándose el hurto como uno de los delitos que más afecta la vida cotidiana de los ciudadanos. Encuestas de seguridad ciudadana realizadas por entidades como el DANE, la Cámara de Comercio y Bogotá Cómo Vamos revelan que la percepción de inseguridad en espacios públicos es alta: el 53% de los bogotanos se sienten inseguros en la ciudad y el 33% en sus barrios. Además, el 54% de las víctimas de delitos no los denuncian.
El segundo factor que es determinante en la sensación de inseguridad es el sistema de transporte público. Según los encuestados, solo el 6% consideran seguro o muy seguro el Transmilenio, y el otro 94% restante, teme ser víctima de un delito en el sistema, al riesgo que suponen las aglomeraciones de usuarios y a la incapacidad de ser protegidos por las autoridades.
Frente a este panorama, uno de los pilares de la actual administración es la apuesta por el uso de la TECNOLOGÍA para combatir la inseguridad. De acuerdo con el artículo 24 del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”, la propuesta va más allá del tema de las cámaras de videovigilancia, pues se busca aumento de personal y capacidad operativa para el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4), así como integrar nueva tecnología de inteligencia artificial para mejorar el análisis de los datos y generar información para la investigación con el fin de identificar patrones delictivos y poblaciones en riesgo.
2. CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA
La implementación de sistemas de videovigilancia en Bogotá se ha consolidado como un componente central de la política de seguridad ciudadana, sustentado en un modelo tecnológico que integra cámaras fijas, móviles y equipos de análisis de imágenes con inteligencia artificial.
Según datos proporcionados por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la ciudad cuenta actualmente con un parque de 5,824 cámaras, de las cuales el 67.7% se encuentran operativas, sin embargo después de un análisis de datos, se evidencian disparidades significativas en su distribución territorial: mientras localidades como Suba y Usaquén cuentan con una operatividad en cámaras del 76.36% y 74.38% respectivamente, localidades como Los Mártires muestran fallas críticas que ascienden al 49,79%, tal y como se evidencia a continuación:
Tabla 1: Localidades con mayor porcentaje de cámaras funcionando
Tabla 2: Localidades con mayor porcentaje de cámaras fuera de servicio
Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por la SDSCJ en respuesta a proposición 161 de 2025
Resulta preocupante que las localidades con los índices más críticos de inseguridad presenten tan significativas deficiencias en sus sistemas de videovigilancia. Según datos publicados por Probogotá el 16 de agosto de 2024, en el marco del Índice Integral de Seguridad por Localidades, Los Mártires registra el desempeño más bajo y, de manera alarmante, lleva cuatro años consecutivos ocupando el último puesto en esta medición.
Esta situación adquiere mayor gravedad al contrastar con la evidencia operativa: Los Mártires no solo es la localidad con el mayor porcentaje de cámaras inoperantes, sino también es una de las que, entre enero y diciembre de 2024, presenta de las tasas más elevadas en delitos como extorsión, delitos sexuales, hurto a comercios, hurto a personas, lesiones personales y violencia intrafamiliar.
2.1 VIDEOVIGILANCIA EN ZONAS RURALES
Por otro lado, es imperativo señalar que el actual sistema de videovigilancia en Bogotá presenta una grave deficiencia territorial, con una cobertura que apenas alcanza el 23% del área urbana de la ciudad. Esto plantea una pregunta ineludible:
¿Qué sucede con las zonas rurales de Bogotá, históricamente relegadas en las estrategias de vigilancia y prevención del crimen?La situación en estas áreas no es marginal, sino sintomática de una crisis estructural que va desde crímenes emblemáticos como el caso Rosa Elvira Cely hasta la destrucción ambiental sistemática, la ocupación ilegal del suelo y la violencia armada organizada, configurando lo que podríamos denominar como "territorios de nadie".
Los análisis de Probogotá (2024), revelan que estas zonas se han convertido en enclaves estratégicos para el crimen organizado. La localidad de Sumapaz, por ejemplo, actúa como un imán para dinámicas de violencia que migran desde lo rural hacia lo urbano, facilitando la convergencia entre grupos armados y redes criminales, quienes buscan, entre otros objetivos, presionar y ‘urbanizar’ el conflicto armado.
Estas problemáticas definen la cotidianidad del borde rural de Bogotá en todos sus puntos cardinales, evidenciando una alarmante desconexión entre las capacidades institucionales y las necesidades reales de seguridad, lo cual coincide con la absoluta precariedad en infraestructura, tecnología y servicios de vigilancia para estas zonas.
No existe, hasta ahora, un esfuerzo articulado para abordar la seguridad rural con la misma importancia que en el casco urbano. Por ello, hago un llamado urgente a la Administración Distrital a superar el enfoque urbano-centrista en seguridad, donde es necesario que se implementen políticas con perspectiva territorial, inversión tecnológica diferenciada y modelos de prevención adaptados, garantizando así una protección ciudadana equitativa en todo el territorio distrital.
3. PRESUPUESTO Y PERSISTENTES PROBLEMAS DE SEGURIDAD
La Administración Distrital en la aprobación del presupuesto para el 2025, tuvo uno de los incrementos más altos en materia de seguridad, con un crecimiento del 43%, donde uno de los principales componentes de inversión corresponde a la expansión del sistema de videovigilancia, con el objetivo declarado de mejorar la prevención y detección de delitos.
Sin embargo, los datos oficiales revelan una paradoja preocupante: mientras las inversiones en seguridad han aumentado progresivamente, la percepción y los indicadores objetivos de seguridad han empeorado notablemente.Para el año 2024, las cifras del Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional (Siedco) de la Policía Nacional, reflejan el crecimiento en el número de homicidios, especialmente en 11 de las 20 localidades de Bogotá. Puente Aranda lidera el crecimiento porcentual con un 88,9% y 17 homicidios, mientras que Ciudad Bolívar y Kennedy lideran en el número de homicidios con 157 y 130 respectivamente.
Al mismo tiempo, otros delitos de alto impacto que aumentaron sus denuncias en el año inmediatamente anterior en comparación con el año 2023 fueron: la extorsión, que creció en un 73,2%; la violencia intrafamiliar que aumentó en un 79,8% y los delitos sexuales aumentaron en un 58,8%.
Estas cifras ponen en cuestión la eficacia real de las estrategias de seguridad implementadas, situación que se hace evidente al analizar los hallazgos de estudios técnicos independientes sobre el sistema de videovigilancia. Dichas investigaciones han identificado tres problemas estructurales fundamentales:
- Existe una marcada desigualdad en la distribución territorial de las cámaras, con apenas el 28% ubicadas en los estratos 1 y 2, donde se registra mayor incidencia delictiva.
- Persisten fallas técnicas significativas, destacándose un preocupante retraso promedio de 8 segundos en la transmisión de imágenes.
- Existe un limitado impacto en la reducción de la criminalidad, pues las estadísticas muestran una disminución de apenas el 4% en los delitos, ya que estos sistemas parecen simplemente desplazar la actividad criminal hacia zonas sin cobertura, sin lograr una reducción delictiva.
A estas limitaciones se suma la carencia de estudios rigurosos en la ciudad de Bogotá que evalúen la efectividad del sistema de videovigilancia. La única investigación disponible, realizada por la Secretaría de Seguridad en el año 2022, presenta conclusiones parciales al destacar únicamente el efecto disuasorio potencial, sin considerar que este resulta insuficiente cuando no va acompañado de una capacidad de respuesta inmediata por parte de las autoridades.
Esta evidencia empírica indica que el modelo vigente requiere no solo incrementar la inversión, sino principalmente una reestructuración estratégica que articule orgánicamente la videovigilancia con los demás componentes del sistema de seguridad: inteligencia policial, movilidad táctica, y coordinación interinstitucional.Mientras persista esta desconexión operativa, cualquier ampliación presupuestal tendrá un impacto marginal en los preocupantes índices delictivos que continúan afectando a los ciudadanos.
4. FUNCIONAMIENTO DEL C4
El sistema de videovigilancia de Bogotá opera bajo un esquema centralizado en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) de la Policía Metropolitana, con capacidad para monitorear 3.945 cámaras. Esta infraestructura integra herramientas tecnológicas, operativas y humanas con el objetivo de brindar respuestas coordinadas y oportunas. Sin embargo, su principal valor estratégico no radica únicamente en la capacidad de reacción, sino en su potencial para generar inteligencia centralizada que sustente la toma de decisiones y permita evolucionar hacia un modelo preventivo basado en análisis anticipatorio.
No obstante y aunado a lo mencionado anteriormente, resalto la necesidad de articular el sistema de videovigilancia con otros componentes como la inteligencia policial, donde la ampliación del número de efectivos del Comando Unificado C4 se presenta como una medida necesaria para fortalecer la seguridad ciudadana, en concordancia con lo establecido en el Artículo 21 del actual Plan de Desarrollo Distrital.
5. RETOS EN LAS ESTRATEGIAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
El sistema de videovigilancia de la capital enfrenta grandes retos en una transformación crucial para trascender su enfoque tradicional y adoptar un modelo verdaderamente integral. Esta evolución requiere superar el paradigma actual, donde las cámaras funcionan como elementos aislados, para pasar a un sistema interconectado que combine capacidades de visualización en tiempo real, análisis automatizado de datos y capacidad de respuesta inmediata, todo ello articulado desde el C4. En este contexto, la inteligencia artificial emerge como el componente clave que podría potenciar exponencialmente la eficacia del sistema.
Sin embargo, la realidad operativa dista mucho de este potencial. Cuando se interrogó a la Secretaría Distrital de Seguridad sobre los logros concretos obtenidos mediante la utilización de inteligencia artificial, la respuesta se limitó al reconocimiento automatizado de placas vehiculares, demostrando un aprovechamiento marginal de las capacidades analíticas que ofrece esta tecnología, tal y como se evidencia a continuación:
Fuente: SDSCJ en respuesta a proposición 161 de 2025
Esta situación resulta particularmente crítica en una ciudad como Bogotá, donde la escasez de recursos exige maximizar el impacto de cada inversión en seguridad, pues la infraestructura actual tiene algunas limitantes que comprometen la capacidad operativa del sistema y reducen sustancialmente su potencial disuasorio y probatorio.
En contraste, los sistemas implementados en otras ciudades de América, incorporan arquitecturas de inteligencia artificial que superan estas limitaciones, donde no solo se utiliza la herramienta de videovigilancia, sino que se le añade el uso de inteligencia artificial para el análisis de video, reconocimiento y rastreo de objetos y personas en actos delictivos.
CONCLUSIONES
A pesar de que la videovigilancia se ha consolidado como uno de los instrumentos tecnológicos más empleados en materia de seguridad, su implementación presenta contradicciones y desafíos que deben ser analizados con rigor para optimizar su uso.
- En primer lugar, el caso de Bogotá plantea un dilema presupuestal clave: si el sistema no demuestra un impacto tangible en la prevención delictiva, los recursos destinados al mantenimiento y expansión del sistema de videovigilancia, podrían reorientarse hacia el fortalecimiento del pie de fuerza policial, cuyas carencias operativas limitan la capacidad de respuesta ante eventos criminales.
- En segundo lugar, se evidencia una dicotomía entre su eficacia operativa y tecnológica —limitada por fallas en cobertura, retrasos en transmisión y falta de integración con sistemas de IA avanzada— y su potencial como herramienta disuasoria en un contexto marcado por la desconfianza institucional y la percepción de inseguridad ciudadana.
En este sentido, una estrategia integral debería combinar ambos enfoques, priorizando la sinergia entre tecnología y capital humano. Así, un C4 robustecido --con mayor personal entrenado y herramientas de IA predictiva— no solo optimizaría el monitoreo en tiempo real, sino que permitiría anticipar patrones delictivos, agilizar la coordinación interinstitucional (Policía, Fiscalía, emergencias) y transitar de un modelo reactivo a uno preventivo y basado en datos, alineado con estándares internacionales.
Por último, resulta imperativo implementar mecanismos de evaluación periódica que midan la eficiencia del sistema, correlacionando variables como el número de cámaras, operadores y capacidad de procesamiento con indicadores de reducción delictiva.
Solo mediante una valoración objetiva y continua se podrá determinar si la videovigilancia cumple su función o si, por el contrario, exige una reestructuración profunda que priorice la inteligencia estratégica sobre la mera acumulación de dispositivos.
Partido Liberal Colombiano
