La semana pasada concluyó un importante debate de control político al interior de la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá, en el cual el concejal Armando Gutiérrez González dejó ver el inconformismo que sienten los vivanderos-comerciantes frente a las inconsistencias en el diseño e implementación de la Resolución IPES 267 de 2020, la cual expide el reglamento administrativo, operativo y de mantenimiento de las plazas de mercado del Distrito Capital.
La génesis de este debate se encuentra plasmada en una serie de denuncias que llegaron al despacho del concejal Gutiérrez, presentadas por parte de los vivanderos-comerciantes de las diferentes plazas distritales de mercado, mediante las cuales ellos expresaron su inconformismo por las medidas adoptadas por la administración distrital al adoptar la Resolución 267 de 2020, dejando claras las siguientes inquietudes y preocupaciones:
- En primer lugar, han manifestado su inconformismo y preocupación por la implementación de la resolución IPES 267 de 2020, al considerar que no hubo un adecuado proceso participativo para su elaboración, vulnerando así sus derechos. Es decir, los vivanderos-comerciantes denuncian que la resolución en cuestión no fue concertada, solo fue socializada.
En este punto, cabe indicar que la Corte Constitucional señala que el concepto de democracia participativa no comprende simplemente la consagración de mecanismos para que los ciudadanos tomen decisiones en referendos, consultas populares, revocación del mandato de quienes han sido elegidos, sino que implica además que el ciudadano puede participar de manera permanente en los procesos decisorios que inciden significativamente en el rumbo de su vida (Corte Constitucional, sentencia C- 180 de 1994).
- Por otro lado, los vivanderos-comerciantes denuncian que, durante la pandemia, la mayoría de estos no recibieron ningún tipo de ayuda, y que, por el contrario, les siguieron cobrando el mismo valor por el arriendo de los locales y bodegas, aun cuando sus ventas se vieron afectadas durante los meses de confinamiento.
- Adicionalmente, presentaron su preocupación por que los administradores de algunas de las plazas distritales de merado los están presionando bajo amenazas de desalojo si no se ponen al día con los arriendos y por no firmar o renovar los contratos.
Adicionalmente, persiste la inquietud en los vivanderos-comerciantes sobre las inversiones en mejoras que han realizado en los locales o bodegas. La resolución no es clara esta materia, lo cual desestimula a los comerciantes para mejorar las instalaciones de sus locales.
Se puede percibir que la resolución desconoce la tradición de los vivanderos-comerciantes, bajo el criterio de priorizar el abastecimiento y la capacidad financiera de estos, poniendo un velo de duda sobre su continuidad en sus locales, lo cual representa un riesgo para las plazas de mercado como patrimonio cultural.
Sumado a lo anterior, también quedan dudas respecto de la asignación de puestos y la terminación de contratos, por cuanto en la actual resolución se indica que la asignación será por cuatro años, pero no deja claridad respecto aquellas personas que ya vienen ejerciendo su actividad por prácticamente toda una vida. Adicionalmente, para la asignación de los nuevos puestos o de puestos desocupados, se establecen una serie de requisitos que no dejan claridad, respecto de cómo será el proceso de evaluación y selección, incluyendo en ellos unos de carácter financiero que ponen en tela de juicio la función principal de la asignación en plazas de mercado que es la de llegar a una población que debe ser beneficiada y acogida por su actividad comercial y grado de vulnerabilidad, no por temas financieros.
Por otro lado, cabe resaltar que las últimas administraciones han tenido un acierto frente a su estrategia de darles un enfoque turístico, cultural y gastronómico a las plazas de mercado, con el objetivo de atraer más visitantes y compradores locales, nacionales y extranjeros. En este sentido, destacamos la labor adelantada por el Instituto Distrital de Turismo –IDT- en el reconocimiento del valor patrimonial que poseen las plazas de mercado de la ciudad. Desde el IDT, se adelantó un primer reconocimiento de las plazas La Concordia, La Perseverancia, 12 de Octubre, 7 de Agosto, Samper Mendoza y 20 de Julio.
Sugerimos fortalecer las alianzas con entidades públicas, privadas y de cooperación internacional en el desarrollo del turismo nacional e internacional dentro de las plazas distritales de mercado, en el marco de beneficiar a los trabajadores, ciudadanos, turistas, proveedores y comerciantes.
Por lo manifestado, hacemos un llamado para que las decisiones tomadas en torno a las plazas de mercado de la ciudad de Bogotá, sean realizadas en un entorno democrático, de puertas abiertas, en el que prevalezca la transparencia y la colaboración, con la participación de todas la entidades y con la búsqueda de convenios de entidades que, como el SENA, pueden brindar asesoría en temas comerciales y financieros, para con ello reconocer y fortalecer el lugar que merecen las plazas de mercado como agentes activos en la economía, la seguridad alimentaria y el turismo, pues es sabido que estos lugares son atractivo para quienes desean conocer nuestra cultura, pero con un buen manejo, una red de transporte hacia las mismas y sin dejar por fuera a los productores.
Finalmente, recomendamos la recuperación integral de todas las plazas distritales de mercado, que permitan contar con una infraestructura propicia para impulsar actividades de abastecimiento, culturales y turísticas, que promuevan las tradiciones y diversidad de los productos autóctonos, y que a su vez contribuyan con la reactivación económica.
