Ratificando las denuncias presentadas por el concejal Julio Cesar Acosta de Cambio Radical, la Contraloría Distrital en respuesta a un derecho de petición informa, que abrió juicio de responsabilidad fiscal contra el Fondo de Seguridad y Vigilancia, la Secretaría de Educación y los Fondos de desarrollo Local, por las presuntas irregularidades presentadas en el contrato 620 de 201,0 para la instalación de cámaras de vigilancia en 100 colegios distritales.
Según el ente de control en desarrollo de las investigaciones se detectó, que hubo un sobre costo de $ 1.549.813.590,66 en la compra de las cámaras, porqué se pagó por encima de los precios vigentes en el mercado. Ver página 2 respuesta derecho de petición.
Adicionalmente se investiga un presunto detrimento patrimonial superior a los 50 mil millones de pesos, por cuenta de que 5 años después de compradas e instaladas, las cámaras para colegios, patrullas, torres de vigilancia y sistema fronteras, no sirven para nada, porque nunca contaron con centro de monitoreo ni fueron entregadas a la Policía Metropolitana para su vigilancia y control. Ver informe visita fiscal cámaras páginas 14 a 19 donde se describe todo tipo de hallazgos, que fueron el material probatorio para el juicio de responsabilidad fiscal.
Desde el cabildo distrital hago un llamado a la administración distrital, para que a través de la recientemente creada Secretaría de Seguridad, se tomen los correctivos necesarios para que a la mayor brevedad, se pongan en funcionamiento estas amaras, se conecten a la policía y se instale el centro de monitoreo y control para su vigilancia en tiempo real, para que permitan mejorar los índices de seguridad en la ciudad.
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