Es inquietante ver como Bogotá, lejos de avanzar hacia la inclusión, parece estar retrocediendo en el compromiso con las más de 458.000 personas con discapacidad que residen en la capital colombiana. ¿Dónde está la Bogotá sin barreras para las personas con discapacidad? La respuesta a esta pregunta nos lleva a un oscuro panorama de inequidades y desafíos que afectan a quienes luchan diariamente por una calidad de vida mínimamente digna.
Las estadísticas revelan una historia desoladora. Las personas con discapacidad y sus cuidadores encuentran múltiples obstáculos en su búsqueda de calidad de vida. La promulgación de programas y políticas parece ser solo un acto simbólico, ya que la efectividad de estas medidas se pierde en la maraña de adversidades que enfrentan en ámbitos significativos como las dificultades que tienen estas personas en el acceso al transporte público, al sistema de salud, a la educación y a un empleo digno.
Las cifras son alarmantes: 917 personas con discapacidad por cada 100 mil habitantes en Kennedy, la localidad con la tasa más alta de personas en condición de discapacidad. Pero la dificultad no se reduce solo a las limitaciones físicas o mentales; se extiende a la educación, salud, y el acceso al mercado laboral. A pesar de programas y políticas, la efectividad brilla por su ausencia, dejando a las personas con discapacidad y sus cuidadores enfrentando obstáculos infranqueables.
Los datos revelan una triste realidad en la educación, con una disminución en la matrícula de estudiantes con discapacidad en colegios oficiales desde el 2020 hasta el 2023. Según datos de la Secretaría Distrital de Planeación, indican que el 43% de las personas con discapacidad en Bogotá no logran completar su educación primaria debido a la falta de accesibilidad y apoyo. La Bogotá Cuidadora se queda corta en el ámbito educativo, evidenciando la difícil situación para ingresar, acceder a una educación inclusiva o realizar traslados escolares.
El panorama laboral no es menos desolador, con una tasa de participación del 24,5% en comparación con el 66,1% de la población sin discapacidad. La inequidad persiste, exigiendo un compromiso real con políticas públicas que no solo existan en papel, sino que se materialicen para romper las barreras que perpetúan estas desigualdades.
Es preocupante observar que, a pesar de que según datos del DANE el 67% de las personas con discapacidad en Bogotá están en edad laboral, el 22% de ellas se encuentra desempleada. Esta situación no solo afecta directamente a la persona con discapacidad, sino que también impacta en la estabilidad económica de sus familias.
Testimonios como el de Mónica Roa, una valiente madre y cabeza de familia con dos hijos:
“Soy una mujer cabeza de hogar, tengo dos niños. Uno de ellos es Samuel González Roda, tiene cinco años. Con él me encuentro en un proceso de diagnóstico por autismo. En este 2023 salió del colegio Gustavo Rojas Pinilla del curso Jardín. Por la página de la Secretaría de Educación, hice el traslado para el colegio de la Felicidad. Pero me fue imposible, ya que por la página de la secretaría no sale ningún cupo para ese colegio. Quisiera que, por favor, de manera encarecida, que se pongan la mano en el corazón, por favor, me ayuden para un traslado para mi hijo de colegio, pues en el que estaba no está recibiendo la educación necesaria para la condición en la que se encuentra mi hijo. De hecho, mi hijo todo el año lo perdió, porque en el colegio en el que estuvo, pues me entregaban los informes con todas las notas altas. Cuando uno es así, mi hijo no ha aprendido absolutamente nada. Entonces, necesito que por favor, por favor, me ayuden, porque de verdad me encuentro muy desesperada.”
Es fundamental reconocer la importancia de garantizar el acceso equitativo a la educación, especialmente para aquellos que enfrentan desafíos particulares. En este caso, abogamos por la consideración urgente de la situación de Mónica Roa y su hijo, con la esperanza de que se encuentre una solución que permita al niño beneficiarse de las condiciones educativas necesarias para su desarrollo integral.
Otro caso conmovedor es el de Jackeline, madre de dos niños con discapacidades, revela las adversidades que enfrenta diariamente:
“Yeison tiene una discapacidad cognitiva moderada, tiene memoria a corto plazo, porque hay todos los días. Digamos, si uno le enseña una cosa, al otro día ya no se acuerda. Con el otro niño, a los tres años, yo lo llevé al jardín para poder salir a trabajar y en el jardín me dijeron mamá, llevé al niño al médico porque tiene autismo, ¿Qué es eso?, yo ni sabía qué era la palabra autismo ni la conocía. Todo el tiempo me tocó una lucha, una pelea para las citas médicas, para todo, gané la tutela para que me dieran el tratamiento integral de los niños y ni así me lo dijeron. A mí en todas partes me han sacado por mis hijos y no me siento frustrada. Eso es mi gran sueño, o sea, tener mi vivienda, tener como digamos un emprendimiento que yo me pueda quedar con mis hijos, que no me toque dejarlos solos como me ha tocado”
En medio de estas pruebas, Jackeline alberga sueños sencillos, pero significativos: anhela tener una vivienda propia y un empleo que le permita dedicar tiempo a sus hijos sin dejarlos solos. Su historia destaca la importancia de la empatía y el apoyo para superar las barreras que enfrenta, buscando construir un futuro más estable y compasivo para ella y sus seres queridos.
Evidenciamos cómo, a pesar de que la adopción de la Política Pública de Discapacidad en marzo de 2023 debería haber sido un paso adelante, las cifras demuestran lo contrario. Las barreras de acceso a la educación y el trabajo digno persisten, afectando la calidad de vida no solo de las personas con discapacidad sino también de sus cuidadores, quienes, a menudo, comparten su situación de vulnerabilidad.
Es inexcusable que, en una ciudad que envejece proporcionalmente, las discapacidades y enfermedades crónicas no se aborden de manera efectiva dentro del plan de desarrollo. La deuda con la población de personas con discapacidad es profunda, y es hora de acciones concretas, no continúe en medidas superficiales.
Es esencial llamar la atención a la Secretaría de Hábitat, considerando las dificultades que enfrentan las madres cuidadoras, quienes, tienen limitado acceso a empleos estables, a menudo trabajando en empleos temporales sin prestaciones laborales adecuadas. Sus salarios suelen ser inferiores al salario mínimo, en algunos casos ni siquiera alcanzan el salario mínimo, y deben hacer frente a gastos esenciales como alimentación, arriendo y servicios para sus familias. Además, resulta injusto que, al acudir a la Secretaría de Hábitat en busca de subsidios de vivienda, se les exige tener un ahorro programado. Esta situación carece de sentido y es profundamente injusta. Ya que según estudios realizados por la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus Familias, el 78% de las familias con personas con discapacidad no pueden ahorrar debido a los gastos médicos y las necesidades especiales de su familiar.
La población con discapacidad no puede seguir siendo invisible. Es hora de que Bogotá asuma la responsabilidad de proporcionar la atención necesaria para garantizar una verdadera inclusión y una calidad de vida digna para todos, no solo como un acto de justicia social, sino como una inversión en la construcción de una comunidad inclusiva y equitativa para todos. La deuda persiste, pero la acción decidida puede marcar la diferencia.
