Durante el debate sobre seguridad urbana en el Concejo de Bogotá, la concejala Quena Ribadeneira, denunció la preocupante realidad del sistema de videovigilancia en la ciudad.
Según lo expuesto por la Cabildante, actualmente, la capital cuenta con 5.824 cámaras de videovigilancia propiedad de la Secretaría de Seguridad . Sin embargo, 1.793 están fuera de servicio, 335 presentan novedades y 168 están en caída masiva. En total, cerca del 40% de las cámaras de seguridad no funcionan, dejando a Bogotá expuesta y sin ojos en zonas claves.
La denuncia es aún más grave en las zonas más afectadas por la violencia. En localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Engativá, donde se concentran delitos de alto impacto como homicidios, extorsiones y hurtos, también es donde más cámaras están averiadas o en mantenimiento.
Por ejemplo, en Ciudad Bolívar hay 491 cámaras, de las cuales 361 tienen tickets de mantenimiento correctivo.
Además, la concejala advirtió que el sistema de videovigilancia apenas cubre el 27% del espacio público de la ciudad. Es decir, el 73% de Bogotá está sin monitoreo efectivo, dejando a barrios enteros sin herramientas tecnológicas que permitan prevenir o reaccionar frente al crimen.
A esto se suma el mínimo avance del artículo 25 del Plan Distrital de Desarrollo, que plantea el fortalecimiento del sistema C4, encargado de articular la respuesta ante emergencias. Según Ribadeneira, el avance es de apenas el 3% acercandose a mitad del gobierno de Galán, lo que calificó como “negligencia institucional”.
La concejal también cuestionó las cifras oficiales que celebran reducciones en hurtos a personas (19%), residencias (77%) y comercios (50%) durante 2024.
“¿Cómo puede decirse que la tecnología está funcionando si el sistema está a medias? Si las cámaras no sirven, si se roban la fibra, si no hay mantenimiento, ¿de qué sirve gastar millones? ¿Dónde están los resultados reales?”, preguntó Ribadeneira ante el Concejo.
En algunas zonas como Suba y Usaquén, incluso hay más cámaras privadas que públicas, lo que para la concejala es una muestra de las desigualdades profundas en el acceso a la seguridad. “La vigilancia se ha vuelto un privilegio de quienes pueden pagarla, no un derecho garantizado por el Estado”, denunció
Finalmente, Ribadeneira cuestionó el eslogan del actual gobierno:
“Si el lema fue Bogotá camina segura, hoy podemos decir que Bogotá está ciega, sorda y sin capacidad de respuesta en muchas de sus zonas más vulnerables. La tecnología sin mantenimiento, sin estrategia y sin impacto en la vida cotidiana es solo publicidad cara.”
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