Tras las manifestaciones adelantadas por los vendedores informales en Bogotá, la concejala Quena Ribadeneira advirtió que lo que hoy ocurre en la ciudad es el resultado de una administración que no ha escuchado a esta población y que, por el contrario, ha promovido medidas que los estigmatizan y vulneran su derecho al trabajo. En particular, alertó que el Decreto 117 de 2026 está poniendo en riesgo el sustento de más de 95 mil vendedores y vendedoras informales, al imponer restricciones sin garantías reales, sin alternativas claras y sin un proceso efectivo de concertación.
Según explicó, el decreto expedido por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán no constituye una política integral de organización del espacio público, sino una medida que en la práctica termina afectando directamente a la economía popular. “No se puede hablar de ordenamiento cuando se desconoce la realidad de miles de familias que dependen del rebusque diario para sostenerse”, señaló.
La cabildante cuestionó además que la implementación de las denominadas “Zonas de Manejo Especial” se esté utilizando como herramienta para adelantar desalojos sin ofrecer soluciones estructurales, como procesos de formalización, reubicación digna o garantías de ingresos.
Asimismo, enfatizó que tanto el derecho al trabajo como el derecho al espacio público tienen rango constitucional, por lo que cualquier proceso de regulación debe construirse sobre la base del diálogo, la progresividad y la protección de derechos. “No es aceptable pretender reorganizar el espacio público en un plazo de seis meses sin acuerdos previos ni rutas claras para quienes hoy viven de esta actividad”, agregó.
Finalmente, recordó que desde el inicio del periodo se promovieron espacios de diálogo directo con los vendedores informales y se impulsó una comisión accidental en el Concejo de Bogotá con el objetivo de construir soluciones concertadas, pero la administración distrital no avanzó en estos escenarios ni mostró voluntad de articulación. “Los vendedores informales no son delincuentes, son actores fundamentales de la economía popular y merecen respuestas institucionales que reconozcan su dignidad y su trabajo”, concluyó.
