En debate de control político, la concejala de Bogotá, Quena Ribadeneira, denunció un presunto sobrecosto cercano a $400 millones de pesos en la adquisición de bicicletas para el programa “Al Colegio en Bici”.
El programa “Al Colegio en Bici” fue anunciado como una estrategia de movilidad escolar sostenible para beneficiar a 41.000 estudiantes. No obstante, tras 26 meses de ejecución, solo cuenta con 18.000 beneficiarios, menos de la mitad de la meta trazada.
Durante su intervención, la cabildante expuso que la Secretaría Distrital de Movilidad suscribió en diciembre de 2024 el Contrato 3631 con la empresa Activa T SAS para la compra de 619 bicicletas, por un valor aproximado de $900 millones de pesos.
Cada bicicleta fue adquirida por $1.450.000 pesos.
No obstante, según las tres cotizaciones independientes realizadas con la misma ficha técnica utilizada por la entidad, el mismo modelo se consigue en el mercado por un valor cercano a $580.000 pesos.
La diferencia es contundente:
“El Distrito habría pagado aproximadamente $950.000 pesos adicionales por cada bicicleta, lo que representaría un presunto sobrecosto cercano al 200 % y un posible detrimento patrimonial de alrededor de $400 millones de pesos, Por el precio que pagó la administración, Bogotá pudo haber comprado casi el triple de bicicletas y ampliar la cobertura del programa. No podemos permitir que la mala gestión termine afectando los recursos públicos destinados a la niñez”, afirmó la concejala Ribadeneira
En el debate también se reveló que las bicicletas debían entregarse en marzo de 2025. Sin embargo, el contratista solicitó prórroga y la entrega se realizó casi cinco meses después.
Además, según testimonios presentados, varias bicicletas registraron fallas desde el primer mes de uso. El contrato establece la obligación de exigir reparación o reposición dentro del año de garantía, lo cual fue cuestionado por la concejala durante su intervención.
La concejala anunció que la información será remitida a los entes de control para que investiguen si estos hechos podrían configurar un posible detrimento patrimonial.
