Actividades sexuales pagadas: entre la informalidad y el estigma

1. CARACTERIZACIÓN ASP EN BOGOTÁ Y PROBLEMÁTICAS

De acuerdo con la Secretaría Distrital de la Mujer, se evidencia que desde un punto de vista demográfico se trata de una población bastante joven, pues 73,4% está entre los 18 y los 35 años. Desde el aspecto socioeconómico, la mayoría vive en estratos 1 (18,8%) y 2 (38,4%) y en arriendo (91,5%).^[1]

Las razones para realizar Actividades Sexuales Pagadas (ASP) varían considerablemente según el grupo de edad. Mientras los jóvenes (entre 18 y 26 años) tienen como principal motivación la conveniencia en el uso del tiempo y la retribución económica por su alta rentabilidad; por otro lado, se observa que a medida que la edad de esta población aumenta, las razones principales se relacionan con la imposibilidad de generar ingresos de otra forma, hasta el punto de percibir que son actividades que están forzados a realizar, como es el caso de los mayores de 60 años.

El reconocimiento del trabajo sexual como una forma legítima de actividad económica requiere ser abordado desde una perspectiva que respete la libertad de elección individual, pero que al mismo tiempo tenga en cuenta que esta libertad no es absoluta ni está desvinculada de la realidad social y económica, ya que factores como la pobreza, la desigualdad de género, la falta de acceso a la educación y las limitadas oportunidades económicas condicionan de manera significativa las opciones disponibles.

1. Violencia de género y por prejuicio

La SDM evidencia que más de la mitad (57,1%) de las Personas que realizan Actividades Sexuales Pagadas (PRASP) se sienten inseguras al realizar estas actividades, incluso cuando toman medidas de precaución como informar a amigos sobre su ubicación o asistir a lugares de confianza. El 12,9% de estas personas ha reportado haber recibido amenazas durante el desarrollo de su trabajo como se ilustra en la siguiente gráfica:

En efecto, la violencia de género busca subordinar mientras que la violencia por prejuicio busca excluir a la persona. Esta doble victimización perpetúa su exclusión y violencia sistemática. (Colombia diversa, 2019).^[2]

Según los datos, el 42% de esta población ha reportado haber experimentado estas situaciones de violencia, con una mayor prevalencia de violencia verbal o psicológica por parte de los clientes, seguida por el abuso policial, y la violencia física y sexual tal y como se muestra en la siguiente gráfica:

El abuso policial hacia esta población representa una problemática grave; no solo socava la legitimidad de las fuerzas del orden, sino que también desincentiva a las PRASP a denunciar las distintas violencias. Esta situación limita significativamente las posibilidades de estas personas de acceder a una protección legal y a la justicia.

2. Trabajo sexual y el inminente peligro de la explotación sexual

Este abuso afecta a individuos de todas las edades y se manifiesta en diversas formas, tales como la trata de personas, la coacción en la industria de la pornografía y webcam, así como la presión hacia la prostitución, entre otros.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-594 de 2016, ha dicho que el trabajo sexual es lícito cuando “parte del ejercicio de la voluntad libre y razonada de su titular” e ilícito cuando media el constreñimiento, la explotación de seres humanos o la participación de menores.^[3]

El incremento de menores en situación de explotación sexual se relaciona con la proliferación de "paga diarios", donde los menores conviven en entornos marcados por el microtráfico y la explotación sexual.^[4]

La Defensoría del Pueblo advierte que el riesgo de explotación sexual comercial de esta población vulnerable es latente y se ve exacerbado por las graves deficiencias institucionales de las autoridades locales y de la policía. Estas fallas no solo limitan la capacidad de respuesta frente a este delito, sino que además contribuyen a su perpetuación. Ejemplo de ello, es el atentado ocurrido el pasado 10 de septiembre en la localidad de Kennedy, en el cual una granada fue detonada, cobrando la vida de Emilia Elena Bermúdez, de 61 años, quien falleció tras sufrir heridas graves.

3. Entre la informalidad y el estigma

Aunque en Colombia, el Código Penal tipifica como delitos la trata de personas con fines de explotación sexual, la imposición a la prostitución y el proxenetismo con menores de 18 años, es difícil trazar líneas claras entre el ejercicio consentido de la prostitución por parte de adultos y el constreñimiento por parte de redes de explotación sexual y trata de personas, pues pese a que el trabajo sexual está reconocido legalmente en varias sentencias de la Corte Constitucional, la mayor parte de la normatividad sobre el tema en el país se centra en el ámbito urbanístico y sanitario (que como veremos más adelante tampoco se cumple) sin que exista un marco jurídico que responda a las particularidades de este trabajo y la protección integral de derechos de quienes ejercen dicha actividad económica.

Dicho vacio normativo en donde el trabajo sexual aún es contemplado como una actividad informal, reproduce lógicas de estigmatización hacia esta población, actuando como un potente mecanismo que perpetúa y refuerza las condiciones de clandestinidad, marginalidad y ocultamiento en las que estas actividades suelen llevarse a cabo.

Es indispensable que cualquier acción busque un equilibrio adecuado entre el control de actividades ilegales relacionadas con la explotación sexual y el respeto de los derechos humanos de quienes ejercen estas actividades de manera voluntaria, desarrollando enfoques integrales que incluyan no solo la vigilancia de redes de trata de personas, sino también programas de protección social para quienes eligen realizar trabajo sexual.

2. ¿ESTABLECIMIENTOS DONDE SE OFRECEN SERVICIOS DE ACTIVIDADES SEXUALES PAGADAS SIN CONTROL?

Respecto a los lugares donde se realizan actividades sexuales pagadas, es fundamental reconocer que estas no se circunscriben exclusivamente a la zona del barrio Santa Fe, localidad de Mártires; a pesar de que tradicionalmente se ha centrado en este territorio la problemática. De hecho, en la caracterización realizada por la Secretaría Distrital de la Mujer en el año 2019, se abarcaron las 19 localidades urbanas, donde se reveló que el 61,3% de la población que ejerce ASP se concentra en otras localidades como Los Mártires, Kennedy y Chapinero, tal y como se evidencia a continuación^[5]:

Fuente: Caracterización de personas que realizan actividades sexuales

pagadas en contextos de prostitución – Secretaría Distrital de la Mujer

(2019)

Este dato evidencia la necesidad de adoptar un enfoque territorial más amplio y diversificado en la formulación de acciones que atiendan las dinámicas y necesidades presentes en las localidades donde se realizan este tipo de actividades sexuales, ya que la concentración significativa de esta población en diversas zonas del Distrito demanda intervenciones específicas y contextualizadas para cada una de ellas.

Limitar la atención y los recursos exclusivamente a la localidad de Los Mártires no sólo invisibiliza a las personas que ejercen ASP en otras localidades, sino que también perpetúa la fragmentación y desarticulación de las estrategias de acompañamiento, regulación y protección de derechos.

Ejemplo de que este fenómeno no se concentra solo en Los Mártires y que no ha sido atendido con diligencia es el siguiente caso:

1. La problemática del barrio Modelia

La Policía Nacional y la Policía Metropolitana de Bogotá señaló que desde la eliminación de la licencia de funcionamiento se desencadenó la proliferación desmedida de lugares que, usando la figura de clubes sociales, entidades sin ánimo de lucro, sindicatos o cualquier otra denominación, violan los horarios establecidos para camuflar verdaderas estructuras dedicadas a la venta y consumo de licor adulterado, estupefacientes y explotación sexual infantil, entre otras actividades ilícitas.

Para la zona de Modelia, la Secretaría de Planeación indica que el uso de servicios especiales se permite:

Pero este problema de Modelia que lleva más de 6 años, indica que la labor de la Administración no ha sido diligente para determinar y sancionar a quienes incumplen las normas por uso del suelo.

Se requiere que la Secretaría de Gobierno y la Personería, en el marco de este debate, nos indiquen en qué va este proceso del barrio Modelia. Y en qué otras zonas de Bogotá se estaría presentando el mismo fenómeno o cómo se están realizando controles y operativos para prevenir el uso ilegal de suelo que puede abrir la puerta para muchos otros delitos.

3. FALENCIAS Y RETOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ACTIVIDADES SEXUALES PAGADAS 2019-2029^[6]

La Política viene formulándose desde el 2016, entró en vigencia en el año 2019, luego en el año 2022 se hizo una actualización por dos grandes motivos: para incluir a la población de hombres y para abordar otras nuevas modalidades de trabajo sexual que no implican contacto físico como el fenómeno web cam. Tenemos grandes reparos a esta política:

1. Falencias de participación en la formulación

En la construcción de esta política pública se observa una participación limitada. Por ejemplo, se evidencia que varias actividades fueron reportadas como completas y ejecutadas, a pesar de contar con una participación mínima de los grupos poblacionales y actores clave necesarios para la construcción del documento.

No se especifica si estos espacios lograron una participación equilibrada, inclusiva y amplia de los distintos actores involucrados, lo que plantea dudas sobre la profundidad y calidad del proceso participativo.

Nos llegan denuncias de que en la Mesa ZESAI (Zonas Especiales de Servicios de Alto Impacto) es prácticamente nula la participación de las PRASP, y los funcionarios de estas mesas tienen poco conocimiento y experiencia en el tema.

No se trata únicamente de actualizar los diagnósticos en términos de cifras, sino de garantizar que estos grupos, históricamente marginados, encuentren en estos espacios un lugar de representación y voz y que la política no quede sesgada con la mirada institucional.

2. Dinámicas cambiantes y lugares olvidados

Aunque la actualización de la política incluye un análisis de otras modalidades de ASP, como las líneas telefónicas eróticas, el sexo virtual por webcam y los servicios de acompañantes o agencias de escorts, dicha caracterización no se ha traducido en objetivos, metas ni productos concretos dentro del plan de acción. Se evidencia una falta de alineación entre el diagnóstico y la acción.

Como resultado, la política pública corre el riesgo de ser insuficiente y parcial, al no abordar de forma diferenciada las diversas dinámicas de trabajo sexual, ya que en particular, el trabajo sexual a través de webcams presenta situaciones de violencia significativas, entre ellas la explotación sexual, la suplantación de identidad y la vulneración de la privacidad. Al respecto el mismo documento señala lo siguiente:

4. RETOS POR PARTE DE OTROS SECTORES

1. Sector Salud

En el portal de Salud Data se reporta que para el año la tasa de notificación de VIH/SIDA en 2023, se duplicó en 10 años, pues se ubicó en 51,5 por cada 100.000 habitantes. Llama la atención que los mayores contagios se dieron en Mártires, Santa Fe y Chapinero.

En cuanto a la tasa de mortalidad asociada al SIDA en el año 2023 se ubicó en 4,1 por cada 100.000 habitantes con un total de 323 casos (cifra preliminar). Como se evidencia en el mapa, las localidades con mayor mortalidad fueron Santa Fe, Mártires y Antonio Nariño.

El Instituto Nacional de Salud (INS), en su informe sobre VIH/SIDA del primer semestre de 2023 indica que se necesita implementar más pruebas rápidas fuera del laboratorio para la detección temprana del VIH. Se debe capacitar a los trabajadores de la salud para garantizar que los pacientes sean tratados con respeto y dignidad. El INS recomienda hacer un mayor esfuerzo en actividades de prevención a nivel extramural, especialmente en sitios de socialización de hombres que tienen sexo con hombres^[7].

Hacemos un llamado a fortalecer la atención en los territorios fuera del consultorio por parte de los equipos de salud, así como fortalecer más a estos equipos que hacen un trabajo fundamental y capacitarlos para que den un trato digno.

2. Sector mujer

Una de las principales estrategias implementadas por la SDM es la Casa de Todas, que ofrece atención psicosocial, socio-jurídica y apoyo en trabajo social a las mujeres que ejercen ASP, pero su alcance es insuficiente, dado que solo existe una Casa de Todas en la ciudad. Esto restringe el acceso a los servicios ofrecidos, especialmente en zonas de alto impacto donde el trabajo sexual es más frecuente.

Para lograr una intervención más efectiva, es indispensable que esta estrategia se expanda a otras localidades, donde el trabajo territorial pueda abordar de manera más directa las necesidades de esta población. Además, es crucial que dicha expansión esté acompañada por un equipo multidisciplinario capacitado, que pueda ofrecer un acompañamiento continuo y especializado a las PRASP, algo en lo que la Secretaría Distrital de la Mujer ha mostrado limitaciones “se está quedando corta y floja”.

3. Sector gobierno y seguridad

Aquí me gustaría resaltar un operativo que hizo La Secretaría de Seguridad, con Policía de Turismo, el IDT y la personería Local en la localidad de La Candelaria en establecimientos como hoteles y hostales la semana pasada. Allí las entidades revisaron que la documentación estuviera en regla y realizaron acciones para prevenir la explotación sexual de menores de edad. Es importante que las entidades realicen capacitación a los dueños de estos establecimientos para denunciar de inmediato ante cualquier sospecha de explotación sexual^[8].

En este debate lo que estamos solicitando a las entidades competentes es que se articulen, que se hagan mega tomas donde se revise que los establecimientos con servicios de alto impacto funcionen en regla, que se desarrollen las actividades sexuales pagadas dando cumplimiento a los derechos humanos y que de ninguna forma se tolere la explotación sexual y mucho menos si se trata de menores de edad.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

En teoría lo único que se regula, que es el uso del suelo, ni siquiera a esto se le está dando cumplimiento ni las sanciones respectivas. ¿Cómo van a llegar las entidades a ofrecer los servicios sociales en los sitios a las PRASP si ni siquiera los tenemos reconocidos? ¿Y los que ejercen la actividad en la calle? ¿Y los que lo hacen virtual?

Las actividades sexuales pagadas en Bogotá representan un fenómeno diverso que no solo incluye a mujeres que ejercen este trabajo en la calle o en establecimientos, sino también a hombres, personas con identidades diversas y nuevas modalidades, como el trabajo de modelos web cam. No obstante, las políticas públicas de la ciudad muestran un enfoque limitado, ya que al estar lideradas por la Secretaría Distrital de la Mujer, se concentran exclusivamente en mujeres cisgénero, dejando fuera a otros grupos que también participan en estas actividades, a pesar de que ahora se incluye a los hombres.

Finalmente, es imperativo que se garantice la participación efectiva y significativa de PRASP en los espacios de toma de decisiones, como la Mesa ZESAI - Zonas Especiales de Servicios de Alto Impacto-, que tiene el potencial de abordar los avances en la política pública, y al tiempo permite la identificación de problemas comunes e intercambio de información, saberes y experiencias.

Solo a través de una expansión territorial, un equipo multidisciplinario capacitado que esté permanentemente en los territorios con el conocimiento y aptitudes, y la participación activa de las PRASP será posible traducir las metas propuestas en acciones concretas y transformadoras para esta población.

El objetivo último de la política para nosotros, debe ser que estas mujeres y hombres adultos que ejercen ASP tengan garantizados sus derechos en alimentación, salud, seguridad y servicios sociales; que tomen sus propias decisiones libremente, pero también, encuentres opciones para otras oportunidades laborales si así lo quieren.

Partido Liberal Colombiano