Equidad y Vivienda: Las Deudas Pendientes del POT

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) busca corregir los desequilibrios y desigualdades territoriales de Bogotá en tres ejes principales: protección ambiental, movilidad y vivienda. Sin embargo, enfrenta importantes desafíos en su implementación.

 

En términos de renovación urbana, según José Salazar, existe una brecha significativa entre las expectativas y la realidad, pues en los últimos veinte años la ciudad ha logrado desarrollar solo una pequeña parte de las 238 hectáreas de suelo aprobadas en 17 planes de renovación urbana; de estas, solo 16,44 hectáreas estaban en ejecución (a febrero de 2022). Es decir, la cantidad de terreno destinada a la renovación es mucho mayor de lo que realmente se está ejecutando. Es crítico también frente a la falta de estudios adecuados que respalden la viabilidad y el potencial de renovación propuesto, sugiriendo que estos planes podrían no estar suficientemente fundamentados^[1].

En cuanto a la vivienda, el anterior POT perpetuó la segregación socioespacial, localizando a las clases medias en el occidente, las clases altas en el norte, y las clases bajas hacia el sur. Tendencia que se mantuvo entre 2002 y 2017, donde el 56,2% de la vivienda de interés social se localizó en Kennedy, Bosa, Usme y Ciudad Bolívar, sectores con menores estándares urbanísticos y, en esa medida, menores valores de suelo. La densificación de la ciudad obvió en muchos casos los enfoques de sostenibilidad y equidad, operando bajo la lógica de los intereses inmobiliarios, incidiendo en la configuración de un modelo de ciudad denso (preferible que el modelo expansionista) pero que sigue siendo excluyente.

Es así como la producción de viviendas desde el sector privado en los últimos años se ha centrado en el tipo NO VIS, mientras que la vivienda de interés social (VIS) y la vivienda de interés prioritario (VIP) ha mostrado una baja dinámica, pues el mercado no suele centrarse en este segmento de vivienda barata debido a la baja rentabilidad económica, como a la falta de programas accesibles de vivienda social por parte de la administración, o las limitaciones crediticias de las familias de bajos ingresos para acceder a los mercados financieros. Esta baja producción de viviendas sociales también tiene que ver con el alto costo del suelo de la capital^[2].

Dicha situación aún se evidencia con la implementación del actual POT Reverdece, donde el 82% de las constructoras encuestadas afirmaron que compraron menos de tres predios, y un alto porcentaje (68%) afirmó no haber adquirido ningún predio para la construcción de vivienda. La imposición de cargas urbanísticas elevadas y la limitación en la rentabilidad de los proyectos pueden desincentivar la inversión y la realización de nuevos proyectos de construcción de vivienda en la ciudad, llevando a las constructoras a buscar invertir a las afueras de Bogotá, lo que puede tener consecuencias negativas en términos de crecimiento económico y de generación de empleo en la ciudad. Desde luego también se verían afectados los propietarios del suelo y el recaudo distrital de impuestos[3].

Es así como la informalidad urbana es el pan de cada día de los mercados de suelo de la ciudad, debido a los salarios bajos, un lento crecimiento económico en contraste con un acelerado crecimiento poblacional y una desigualdad en el ingreso, y, desde luego, los altos precios del suelo^[4], haciéndose esencial que las autoridades locales, en el marco del POT enfrenten este desafío de forma holística, no limitándose a reubicar a las personas que viven en zonas de riesgo, sino también desarrollando e implementando políticas de vivienda y urbanización que impidan la emergencia de nuevos asentamientos ilegales, para lo cual es importante contar con niveles de coordinación y una alta capacidad institucional de operacionalización entre las distintas entidades y con la región.

Partido Liberal Colombiano