Bogotá parece una película de terror en la que cada escena se va volviendo más sangrienta. Desmembramientos, cuerpos en bolsas, masacres, extorsiones, “casas de pique” y desalojos masivos en barrios. Todo parece tener un mismo origen que con mucha alerta he venido denunciando. Tristemente las bandas delincuenciales, locales y extranjeras, han trasladado su guerra a las calles de la ciudad, dejando en el medio a niños, niñas y familias vulnerables.
Claro que hay bandas locales de crimen organizado cuyas estructuras hay que desarticular con inteligencia y un trabajo armónico entre la policía, las demás instituciones, y las denuncias ciudadanas. En esto la ciudad lleva años, y ha habido progresos. Pero es crucial entender que este problema está teniendo unos muy peligrosos matices trasnacionales que lo hacen todo más difícil esta vez.
En días pasados, denuncié en todos los medios que el denominado “Tren de Aragua”, estructura criminal que, según informes de inteligencia, opera desde una cárcel de Tocorón, localidad del Estado de Aragua en Venezuela, está amenazando impunemente a familias en Bogotá. Mi alerta, que en buena hora llamó la atención de la opinión pública, respondía a un llamado de la comunidad, en la localidad de Los Mártires: padres de familia amedrentados por delincuentes que llegaban a los pagadiarios (arrendamiento de habitaciones por dias) con armas de alto alcance a amenazarlos, motivo por el que, hasta la semana pasada, 8 niños tuvieron que ser retirados de las instituciones educativas.
Meterse con la niñez tiene que ser la gota que rebose cualquier vaso. Lo que nos haga reaccionar como sociedad, elevar la voz de rechazo y exigir medidas a la administración para que proteja a nuestra niñez.
Aunque la Alcaldesa anunció un golpe contra Los Maracuchos, estructura cuyos integrantes provienen del estado Zulia, también en Venezuela, son tres grandes bandas delincuenciales las que están detrás de esta nueva ola de crímenes, seguimos sin saber la identidad de una de ellas.
Es cierto que la administración no puede sola. El Gobierno Nacional, en lugar de estar enviando mensajes desarticulados, incompletos, improvisados y equivocados, como el anuncio de esta semana de Petro de regalarle $800 mil mensuales a jóvenes que integren bandas delincuenciales, debe apoyar con determinación la seguridad de la ciudad, y ponerla como una de sus grandes prioridades, siquiera para los primeros cien días.
El Presidente debe reconocer que Bogotá no es el paraíso de tranquilidad que describió con cinismo y desconexión en la rueda de prensa de la gran cumbre de Seguridad, debe también materializar el aumento del pie de fuerza, mejorar la inteligencia, poner a disposición de la ciudad a Migración Colombia, para que trabaje en tareas orientadas a desarticular estas bandas trasnacionales. Debe liderar rápidamente y con mensaje de urgencia una reforma a la justicia que le dé herramientas a los jueces para procesar a estos delincuentes y a sus colaboradores locales, dotar a la Fiscalía para su labor investigativa y, en suma, debe entender que el tema de seguridad en Bogotá es un asunto de la mayor gravedad y prioridad.
Concejal de Bogotá
