Según datos oficiales de la Secretaría Distrital de Ambiente, entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de septiembre de 2025 se registraron 2.464 árboles caídos o volcados en la ciudad, lo que equivale a más de dos casos diarios o, en promedio, un árbol desplomado cada 10 horas en vías, parques, andenes y zonas residenciales. Ante esta realidad, el concejal Fabián Andrés Puentes, de la bancada del Partido MIRA, denunció que esta situación no debe entenderse como un problema de mantenimiento rutinario, sino como “una falla estructural en la gestión del riesgo que ya ha cobrado vidas humanas y que, al ritmo actual, tardaría cerca de 90 años en corregirse”.
Aunque la ciudad cuenta con más de 1,4 millones de árboles en el espacio público, la administración ha evaluado apenas 44.259 ejemplares en casi tres años, es decir, solo el 3,16% del total, dejando el 96% del arbolado sin supervisión técnica. “El problema de fondo radica en que la ciudad actúa de manera reactiva, limitándose a revisar los árboles sólo cuando ya existe una sospecha de peligro”, indicó el concejal Puentes, señalando que esa estrategia resulta ineficaz si se tiene en cuenta que, al realizar dichas evaluaciones, en 8 de cada 10 casos se confirma que el ejemplar requiere intervención prioritaria. A esto se suma que durante 2025 se identificaron 7.634 árboles con riesgo medio a alto, y que cerca del 40% del arbolado urbano pertenece a especies con mayor tendencia al volcamiento o a la caída de ramas.
Los efectos de esta falta de intervención preventiva han sido documentados por medios de comunicación entre noviembre de 2024 y mayo de 2026. El caso más trágico ocurrió en noviembre de 2024, cuando Mariana Quintero Bernal, de 20 años, murió tras la caída de una rama sobre la motocicleta en la que viajaba como pasajera en la Autopista Norte con calle 243. La gravedad del asunto se intensifica al confirmar que dicho árbol estaba censado por la ciudad pero no había recibido el mantenimiento necesario, negligencia denunciada públicamente por el padre de la víctima y reportada por El Tiempo.
Episodios similares se han presentado en distintas localidades. En Mazurén, un árbol cayó sobre tres personas que requirieron rescate de Bomberos Bogotá. En Quiroga, varios árboles se desplomaron sobre vehículos particulares, taxis y motos en zonas donde los vecinos habían alertado previamente sobre el riesgo sin obtener respuesta de las autoridades. En Fontibón, un árbol de grandes dimensiones aplastó un taxi sobre la Avenida La Esperanza, generando el cierre del corredor vial. En Suba y Usaquén, caídas recientes obligaron a intervenciones de emergencia con cierres viales preventivos.
Frente a este panorama, el concejal Puentes cuestionó públicamente el actuar de la administración: “No es la primera vez que pasa en Bogotá. La pregunta es clara: ¿se está haciendo el mantenimiento preventivo? No se puede reaccionar sólo ante la emergencia. Anticiparse a estos riesgos también es proteger a la gente y se eviten tragedias”
Para profundizar en esta crisis, el concejal Puentes adelantará un debate de control político en el que exigirá a la Secretaría Distrital de Ambiente revelar el presupuesto ejecutado y proyectado para el mantenimiento del arbolado, los criterios de priorización de intervenciones y el estado actual de los árboles censados con señales de riesgo que aún no han sido atendidos. Como parte de sus exigencias, el cabildante ha planteado cuatro puntos fundamentales para que la administración corrija el rumbo:
1. Presentar un plan de evaluación con metas anuales verificables para el 100% del arbolado urbano, priorizando zonas de alta circulación peatonal.
2. Revelar el presupuesto ejecutado y proyectado para el mantenimiento del arbolado en el Plan de Desarrollo vigente.
3. Publicar un mapa público y actualizado con el estado del arbolado por localidad, accesible a todos los ciudadanos.
4. Informar el estado de los árboles censados con señales de riesgo que aún no han sido intervenidos, con cronograma claro de atención.
El arbolado urbano no es un asunto estético: es infraestructura de riesgo distribuida en más de 1,4 millones de activos vivos en todas las localidades de la ciudad, cuya falla tiene consecuencias directas sobre la integridad de personas, vehículos y espacio público. “La ciudad no puede seguir actuando cuando el árbol ya se cayó. La tarea de la administración es evitar que eso ocurra, con metas claras, seguimiento público y resultados verificables”, puntualizó el concejal Puentes.
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