Una adecuada comprensión sobre la inseguridad en las ciudades de América Latina debe contar con un marco de análisis amplio, que incluya factores como las desigualdades socioeconómicas, el desempleo y los altos niveles de pobreza y pobreza extrema. La región, conforme a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) cierra una nueva “década pérdida” para el desarrollo, con índices de crecimiento inferiores, en promedio, a los registrados en la década de los ochenta, sin que se vea una salida a la vista. Según este organismo, el 2024 mantendrá una dinámica de bajo crecimiento en América Latina, lo que se traduce en problemas de desempleo y subempleo, así como falta de oportunidades educativas, que afectan particularmente a jóvenes en sectores populares que no estudian ni trabajan y que están más expuestos a ser vinculados a la delincuencia organizada[1].
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha señalado que el crimen y la violencia se convierten en un obstáculo para el desarrollo sostenible y el crecimiento económico en América Latina y el Caribe. El contexto general de la región indica que la tasa de homicidios es tres veces superior al promedio mundial (18 frente a 5,6 por 100.000 habitantes). Además, el 50% de los homicidios están asociados al crimen organizado, en comparación con el 24% a nivel mundial.
En ese entendido, el BID tiene un enfoque integral para trabajar de la mano con los países en el abordaje del crimen y la violencia, centrado en la prevención social y en el fortalecimiento de las capacidades institucionales en seguridad y justicia. La prevención social de la violencia incluye programas para prevenir y proteger a la población más vulnerable de ser víctima de delitos. Involucra también programas de educación y empleo para jóvenes en riesgo de involucrarse en actividades delictivas y organizaciones criminales, así como la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y la reducción del reclutamiento por parte de organizaciones criminales.
Por su parte, las acciones para fortalecer la capacidad de las instituciones de seguridad y justicia buscan una prevención y respuesta más efectivas, transparentes y coordinadas ante el crimen y la violencia. Esto incluye programas para fortalecer la infraestructura física y digital, la capacitación a los operadores de seguridad y justicia, la coordinación interinstitucional y la creación de unidades especializadas para delitos complejos y contra el crimen organizado.
Los esfuerzos para combatir la delincuencia deben partir del hecho de que ésta tiende a concentrarse en ciertos lugares, en vez de distribuirse uniformemente en toda una comunidad. Por ejemplo, el alumbrado puede llegar a ser efectivo, pero sumado a otras estrategias en donde se prevenga el delito situacional con la modificación de entornos, de modo que el delito traiga más riesgo y menos recompensas para los delincuentes[2].
En el año 2016 se llevó a cabo en Bogotá un estudio sobre puntos calientes, en donde se redobló el patrullaje policial y se realizaron intervenciones por parte de la administración en estos mismos puntos como reparación de luminarias y la recolección de basuras. Aunque no hubo un descenso estadísticamente significativo de los delitos en estos puntos, el efecto de la intervención fue mayor en las calles en donde se hicieron las dos intervenciones conjuntamente, y en los puntos de mayor delincuencia. Las encuestas de victimización también mostraron un aumento en la percepción de seguridad en los segmentos en donde se aumentó el patrullaje policial y se realizaron las intervenciones de alumbrado público y de recolección de basuras simultáneamente[3].
Esto se traduce en la necesidad de focalizar las acciones en los puntos donde hay mayor riesgo, en lugar de hacer más de lo mismo de manera uniforme en toda la ciudad.
Precisamente la Defensoría del Pueblo, a principio del 2024, alertó sobre la presencia de grupos armados organizados en nueve localidades de Bogotá, que además tercerizan a bandas delincuenciales menores, que al usar sus nombres se expanden en los territorios que pretenden controlar para llevar a cabo actividades ilegales como el cobro de extorsiones y la venta de estupefacientes (microtráfico). Son 22 UPZ afectadas y un 11,8% de la población de Bogotá, es decir, 953.663 personas[4]. Es allí donde las autoridades deben redoblar todos sus esfuerzos para atacar el fenómeno de la inseguridad desde su estructura.
Partido Liberal Colombiano
[1]Snahuja, J.A. y Mila-Maldonado, A. (2024). La inseguridad ciudadana y los riesgos para la democracia en América Latina. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9566339
