Queremos la paz, pero una paz realmente estable, basada en que haya justicia social, respetuosa de los derechos, reparadora para las víctimas y sin impunidad.
Una paz en la que los cabecillas victimarios paguen por sus delitos con penas efectivas de privación de la libertad, en la que no se cree una justicia especial para crímenes de lesa humanidad ni se considere el narcotráfico como un delito conexo con el delito político y en la que se premien los criminales con elegibilidad política.
Queremos un acuerdo que comience con la devolución de los niños, niñas y adolescentes que fueron reclutados a la fuerza. Unos acuerdos que reconozcan que la guerrilla de las Farc ha utilizado la violencia sexual como arma de guerra.
No queremos un documento que equipare a los soldados y policías de nuestra nación, que defienden por la vía legítima los derechos, bienes y libertad de los ciudadanos de bien, con los guerrilleros que actuaron siempre por fuera de la ley.
No aceptamos que el nuevo acuerdo sea aprobado únicamente en el Congreso de la República sin pasar por una refrendación popular, toda vez que fue un mandato del pueblo colombiano, que se manifestó en las urnas hace poco más de un mes, exigiéndoles al gobierno y los cabecillas de las Farc que reestructuraran el documento acogiendo los serios reparos que se hicieron en aspectos tan importantes como los anteriormente mencionados, entre muchos otros.
Lamentamos observar cómo el Presidente de la República, en su afán por garantizar la aprobación del documento que solamente recibió cambios de forma pero no de fondo, se apresta a realizar una ceremonia para la firma de lo que ahora se denomina un nuevo Acuerdo Final para la Paz, el día 24 de noviembre en el Teatro Colón de la Ciudad de Bogotá, para pasar en menos de una semana a la refrendación en el Congreso y no con la ciudadanía, como sería lo normal luego de que las urnas hablaran en octubre.
Bogotá, 23 de noviembre de 2016.
