La concejala de Bogotá, Quena Ribadeneira, se pronunció de forma categórica frente al proyecto de Acuerdo recientemente aprobado por el Concejo de Bogotá, que pretende incorporar señalización visible en los perímetros y zonas donde no está permitido el consumo de sustancias psicoactivas.
La Cabildante, anunció que de ser sancionado por el alcalde Carlos Fernando Galán, este Acuerdo será demandado ante la justicia por ser inconstitucional e ilegal.
Según lo expuesto por Ribadeneira hay 3 razones claves por las que el Acuerdo no debe ser ratificado:
Normativa derogada: El Acuerdo se sustenta en una normativa que ya no se encuentra vigente. En sus artículos 1 y 2, hace referencia al Decreto Distrital 825 de 2019, el cual, en el parágrafo 1 de su artículo 2, remite a un Decreto Nacional que fue derogado en 2023
Resulta inconstitucional: Este proyecto, va en contra de la sentencia de la Corte Constitucional C127 de 2023 Sobre el porte y consumo, Pues esta señalización podría cubrir más del 95% del territorio de la ciudad, dejando pendiente la regulación que debe aplicar la administración distrital y que a hoy, no ha sido expedida por el alcalde.
Impacto Fiscal: Aunque se dice que no tiene impacto presupuestal, el propio texto condiciona su aplicación a la disponibilidad de recursos. Esto quiere decir que se invertirán recursos públicos para poner señalizaciones en lugares que han sido definidos por un decreto inconstitucional.
“Hemos insistido en que la señalización es importante para que las normas sean claras y conocidas por la ciudadanía. Pero medidas aisladas, basadas en decretos ya sin validez, solo agravan la persecución y el abuso de autoridad. Es urgente cambiar el enfoque: en lugar de centrarse en prohibir, debemos avanzar hacia una regulación que contemple espacios seguros donde el consumo sea posible y controlado. Regular no es ignorar el problema, es enfrentarlo con responsabilidad y respeto por los derechos” indicó la concejala.
Así mismo, la Cabildante extendió un llamado al alcalde Galán para no sancionar el acuerdo el cual considera inconsistente y jurídicamente inviable. “Sancionar este texto no solo sería un error político, sino una decisión jurídicamente débil que expone a la Administración a acciones judiciales y a la nulidad del acto”, afirmó.
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