La concejala de Bogotá Quena Ribadeneira anunció que interpondrá una demanda de nulidad contra el Acuerdo recientemente sancionado por el alcalde Carlos Fernando Galán, que busca establecer señalización visible en los perímetros donde está prohibido el consumo de sustancias psicoactivas.
Según la cabildante, el Acuerdo es inconstitucional, ilegal y representa una regresión en materia de política pública con enfoque de derechos. Ribadeneira advirtió que esta medida no solo es populista, sino que desconoce el mandato de la Corte Constitucional y los principios básicos de una política de drogas seria, responsable y basada en evidencia.
Las razones para la demanda son claras:
- Normativa derogada: El Acuerdo se basa en el Decreto Distrital 825 de 2019, el cual remite a un Decreto Nacional derogado en 2023. Es decir, se sustenta en una norma que ya no existe, lo que invalida su fundamento jurídico.
- Inconstitucionalidad: Contraviene lo establecido por la Sentencia C-127 de 2023, que exige al Distrito regular el uso del espacio público de forma razonada, proporcional y sin discriminación. Sin embargo, este Acuerdo podría terminar señalizando más del 95% del territorio de la ciudad, sin que el alcalde haya expedido el decreto que ordena la Corte, dejando a los consumidores en una situación de persecución e indefensión.
- Medida populista y estigmatizante: Llenar la ciudad de letreros no soluciona el problema estructural del consumo, agrava la estigmatización y desplaza el foco del debate. Esta medida excluye la discusión urgente sobre el consumo responsable, la reducción de daños y la prevención con enfoque de salud pública.
“Hay que ofrecerle a la ciudadanía medidas reales que vayan más allá del papel. Llenar la ciudad de letreros no resuelve el problema de fondo. Es urgente cambiar el enfoque: en lugar de centrarse en prohibir, debemos avanzar hacia una regulación que contemple espacios seguros donde el consumo sea posible y controlado. Regular no es ignorar el problema, es enfrentarlo con responsabilidad y respeto por los derechos”, señaló la concejala Ribadeneira.
Finalmente, la concejala hizo un llamado a organizaciones sociales, jurídicas, académicas y a congresistas que estén comprometidos con una política de drogas moderna, humana y constitucional, a sumarse a esta acción jurídica y política.
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